Consejeros abordan enmiendas sobre Derecho al trabajo y libertad sindical

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El alcance y precisión en materia de derecho al trabajo y libertad sindical del anteproyecto de la Comisión Experta -y las enmiendas presentadas- fueron parte del debate de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

La consejera Karen Araya (PC) explicó que solo presentaron como bloque oficialista una enmienda en esta materia, porque consideran adecuada la propuesta de la comisión experta, la cual también es valorada, sostuvo, por la mayoría de las organizaciones de trabajadores.

En ese sentido la enmienda añade a la consagración del derecho al trabajo decente, un nuevo literal que señala que “El trabajo es también un deber social, fuente de realización personal y base de la economía.”

Enfatizó que su aprobación «posee consecuencias desde una perspectiva interpretativa, puesto que da cuenta de un especial valor que entregaría el texto constitucional al trabajo, obligando, por ende, que operadores jurídicos y políticos deban considerar dicha relevancia especial al momento de aplicar el texto constitucional y/o elaborar políticas públicas».

El consejero Sebastián Figueroa (PRep) consultó sobre el espíritu de algunos conceptos que le generan dudas por “las implicancias que puedan tener en materia de jurisprudencia”, tales como: condiciones laborales equitativas; remuneración justa -en lugar de justa retribución que es el término contenido en la actual constitución- y realización personal.

Sobre esto, la consejera Araya indicó que las condiciones laborales equitativas están desarrolladas en cuerpos normativos como el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y que el concepto de remuneraciones se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por su parte, el consejero Aldo Valle (Ind PS) abordó el numeral sobre la libertad sindical para reafirmar el apoyo a la propuesta de los expertos.

Al respecto, sostuvo que en esta norma se hace explícito el reconocimiento de tres derechos, considerados como derechos colectivos del trabajo, como son el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Agregó que estos requieren “necesariamente” hallarse articulados porque tienen una relación de interdependencia.

Además, que “contribuyen al equilibrio” en relaciones sociales que son sensibles, porque el poder de negociación de un trabajador por si solo es muy diferente a una base colectiva que puede lograr una mayor equivalencia.

Por ello, manifestó a nombre de su sector, la preocupación por las enmiendas presentadas por la bancada republicana, que podrían dejar sin reconocimiento constitucional estos derechos, contemplados no solo en la legislación internacional sino también en nuestro ordenamiento jurídico interno.

En específico, sostuvo que reducir el derecho a huelga solo a la negociación colectiva disminuye la posibilidad del Estado poner incentivos para que los conflictos no perturben la vida social y política y estabilidad de las instituciones.

Sobre la regulación de estos derechos, la comisión también recibió la exposición del abogado, académico y exdiputado, Zarko Luksic, quien planteó que a su juicio se debe tender a un texto más breve, contundente y general; y que -respetando todas las enmiendas presentadas- “sería conveniente para el éxito del proceso que muchas de las respuestas en materia laboral quedaran pendientes a resolver en la ley habilitante”.

En particular, compartió las propuestas referidas a promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Por el contrario, planteó sus reparos a la norma del anteproyecto que extiende el derecho de libertad sindical a los funcionarios públicos, ya que estos tienen particularidades distintas (estabilidad laboral, sistema de remuneraciones) al resto de los trabajadores. Pero, planteó que tal vez diría que tienen derecho a la asociación, debido a sus “peculiaridades propias” (Presentación).

Seguridad alimentaria

En la sesión, asimismo, el consejero Miguel Littin (PS), acompañado del agricultor Carlos López, explicaron la importancia de que el texto constitucional recoja el derecho a la alimentación adecuada y como un deber del Estado erradicar el hambre y la malnutrición. A su vez, “asegurar una producción agrícola suficiente para abastecer el consumo nacional”.

En particular, relevaron que el 70% de la canasta básica corresponde a productos importados y que hay que lograr que se fomente la producción nacional.

Al respecto, el consejero Carlos Recondo (UDI) recordó que conoce y ha trabajado con la agricultura familiar campesina y en cómo las políticas públicas buscan desarrollar su potencial. Sin embargo, puso en duda si este sector es capaz de hacerse cargo de toda la responsabilidad de la alimentación de los chilenos. “Es un objetivo ambicioso”.

Medio ambiente

La comisión también recibió la exposición del académico de la Universidad Católica y experto en legislación medioambiental, Ricardo Irarrázaval, quien analizó las diversas enmiendas, así como la forma en que están agrupadas en la propuesta constitucional las normas referidas a la protección del medio ambiente.

En un punto principal, señaló que la constitución debe contener principios, pero que no puede ser una mera enumeración de estos -como se plantea-, sino que deben ir acompañados de una redacción de “cómo queremos que ese principio permee la legislación”, ya que es clave la certeza jurídica (ver presentación).