Iniciativas Populares de Norma: tolerancia cero a la violencia y consagrar derecho a los cuidados

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Una nueva jornada para escuchar a los autores de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) tuvo la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, donde varias organizaciones expusieron distintas materias: derechos sexuales y reproductivos; tolerancia cero a la violencia; legitima defensa garantizada y constitucionalizar el derecho a los cuidados.

La representante de la Asociación Chilena del Rifle, Josefa Rodríguez, se refirió sobre la legítima defensa garantizada. Con cifras de aumento de la delincuencia en la mano, expresó que se “debe contemplar este derecho que tenemos todos los chilenos de poder defender nuestra vida, nuestra propiedad y a nuestras propias familias en la propuesta constitucional. Consideramos, dijo, que el artículo 16.4 del texto de la Comisión Experta debe decir que la Constitución garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad personal en una realidad violenta y preocupante en las calles del país”.

En ese orden planteó ingresar en el texto “el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una Ley de quorum calificado indique”. Los consejeros Yerko Ljubetic y Kinturay Melin hicieron el punto sobre la posibilidad que con dicha propuesta aumente el mercado negro de armas, a lo que Rodríguez contestó: “el mercado negro ya está y es el acceso directo que tienen los delincuentes. Eso se debe solucionar, de alguna manera, no por parte de nosotros, sino por una regularización mejor de nuestras fronteras y dar más herramientas a nuestras policías, por ejemplo”.

A su turno, el vocero de la Fundación Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Claudio Salinas, habló sobre la necesidad de que exista tolerancia cero a la violencia. Expresó: “el actual anteproyecto solo reconoce de manera dispersa y desprovista el derecho de las personas a vivir en un medio social y pacífico, libre de toda amenaza, agresión o forma de coacción criminal grave”. Además, criticó que el texto “no innova mayormente en la materia, perpetuando de esta manera la indefensión de las personas y la sociedad frente a estas manifestaciones criminales”.

Al entregar cifras sobre el crimen organizado, asaltos en las calles, robos con violencia, portonazos en los barrios y la situación que sufre la Macrozona Sur en la Novena Región, propuso un articulado que señale que “el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de toda forma de violencia organizada o terrorista. El deber del Estado de garantizar una protección efectiva en esta materia”. Y agregó: “La ley arbitrará los medios a disposición del Estado para garantizar la realización de este derecho, y el incumplimiento de esto generará las responsabilidades, sanciones y obligación de reparación a las víctimas que una ley de quórum calificado determine por falta grave de servicio”.

Respecto del derecho a los cuidados, las representantes de las organizaciones Comunidad Mujer, Núcleo Constitucional Universidad Alberto Hurtado y el movimiento Yo Cuido, Alejandra Sepúlveda, Miriam Henríquez y Romina Fuentealba, respectivamente, plantearon la necesidad de que se eleve a rango constitucional. Expusieron que “desde un punto de vista global, el trabajo de cuidados no remunerado es realizado al interior de los hogares y, principalmente, por mujeres, quienes -a su vez- dedican en promedio 3 horas más que los hombres al día en realizar trabajo no pagado, incluyendo labores de cuidado”.

Indicaron que «si bien muchas personas realizan estas labores por los vínculos familiares y emocionales con quiénes cuidan, los costos y sacrificios asociados al cuidado no debieran ser soportados individualmente”. Por estas y otras razones, precisaron que esta Iniciativa Popular de Norma propone “incorporar un nuevo derecho en el artículo 16, para reconocer objetivamente la función social de los cuidados y también para que el Estado promueva la corresponsabilidad sobre los mismos”.

Martín De la Sotta, de la entidad “Chile Necesita ESI”: Derechos Sexuales y Reproductivos, expresó que “la Constitución vigente en Chile no reconoce los derechos sexuales y reproductivos, pese a que se trata de derechos humanos y libertades protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país. Los principios de igualdad y no discriminación resultan cruciales para el reconocimiento y protección de estos derechos en las personas”.

Por los argumentos señalados, De la Sotta dijo que la propuesta debe consagrar en la Carta Fundamental el reconocimiento “que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos”. Además, asegurar “el derecho a la identidad y la autodeterminación del proyecto de vida, incluyendo el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, acceder a las prestaciones de salud correspondientes y recibir educación en torno a la sexualidad y afectividad conforme al principio de autonomía progresiva».