Comisión de Principios aprueba artículos sobre libertad de expresión y estados de excepción

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La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos aprobó diversas enmiendas de unidad de propósito y artículos correspondientes a los Capítulos I y II sobre Fundamentos del Orden Constitucional y, Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, respectivamente, del anteproyecto propuesto por la Comisión Experta.

Durante la jornada de este jueves 7 de septiembre se avanzó en discutir y votar los artículos 16 (incisos 2, 6, 7, 8 y 14), 30, 31, artículos nuevos, 35, 36, y 37 del escrito con sus respectivas indicaciones. En concreto, se aprobaron 6 artículos, 6 enmiendas, 4 unidades de propósitos y una disposición transitoria. Antes de terminar la sesión, la presidenta de la instancia, María de los Ángeles López (PRep), dijo que para este viernes quedan cerca de 20 artículos para cerrar el proceso de votación. Entre las principales materias que se revisaron durante este día estuvieron:

Libertad de Expresión:

Los consejeros (as) de Chile Vamos y republicanos presentaron una enmienda de unidad de propósito para sustituir la propuesta del texto original, cuyo contenido es que “el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a una ley de quorum calificado”.

Además, plantea que “el Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios (…)”. Antes de la votación los consejeros de Unidad para Chile, Yerko Ljubetic y Marcela Araya, así como las comisionadas Catalina Lagos y Verónica Undurraga, consultaron cuáles son los alcances de esta norma, en específico la frase “en caso alguno el Estado podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

Incluso, la presidenta de la Comisión Experta dijo que tal iniciativa podía “poner en peligro” instancias como las comisiones Valech y Rettig. El consejero Luis Silva (PRep) respondió: “quiero aclarar que no está en nuestra motivación cuestionar nada de los documentos a los que usted (comisionada Undurraga) alude. Ignoro cuáles son los estatutos de esos textos, pero, que yo sepa, no son escritos donde se establezcan ideas u opiniones como únicas u oficiales. Es imposible para nosotros y para nadie en realidad, esclarecer cuál es el impacto de la norma”.

Acceso a la justicia y debido proceso

Durante la Comisión de Principios también se aprobó –por unanimidad- el artículo 16.6 del anteproyecto que se refiere a que las personas tendrán “acceso a la justicia, con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos; la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale (…)».

En este punto, también se apoyó una enmienda de la bancada republicana (7 a favor, 4 en contra y una abstención) para agregar, en el inciso final del numeral 6 del artículo 16, lo siguiente: “especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una Defensoría de las Víctimas”.

A su vez el bloque Unidad para Chile presentó una enmienda en relación a que “es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, y el resguardo de sus derechos”. El consejero Fernando Viveros (PC) defendió la propuesta, indicando que “es de real importancia apoyar esta iniciativa en favor de los niños de nuestro país». La propuesta fue rechazada por 4 a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

También, las y los consejeras aprobaron por unanimidad la norma del anteproyecto que propone el derecho a un debido proceso, la cual comprende, entre otros puntos, que “el derecho a ser oído y juzgado por un tribunal competente, independiente, imparcial, predeterminado por ley y establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Un proceso dotado de garantías que posibiliten actuaciones, procedimientos y decisiones racionales y justas. La ley establecerá las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos (…)”.

En esta materia, las y los consejeros de la bancada RN/Evópoli incorporaron un nuevo párrafo final que dice: “es deber del Estado establecer métodos de solución consensuada de los conflictos jurídicos, como la mediación y otras formas autocompositivas, conforme lo determine el legislador atendiendo la naturaleza de los derechos e intereses de que se trate”. La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) defendió la propuesta y dijo: “la idea es que el Estado establezca métodos de solución consensuadas entre las partes y refrendamos lo que tenemos hoy día vigente en nuestra Constitución”.

Por su parte, la comisionada Catalina Lagos expresó su satisfacción por esta enmienda, señalando que “quiero valorar” que se haya considerado esta materia, pues “una norma similar se discutió en la Comisión Experta y finalmente no prosperó”. No obstante, la iniciativa fue rechazada por cinco votos a favor, seis en contra y una abstención.

Estados de Excepción:

En cuanto a los estados de excepción, se aprobaron los artículos 30, 31, 35, 36 y 37. Además, con los votos de la derecha se respaldó un nuevo artículo en esta materia -a partir de una unidad de propósito- que indica, entre otros aspectos, que «el Presidente de la República podrá mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que deba ser protegida».

Y agrega la propuesta: «La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país, así como el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país. Esta medida se extenderá por un plazo máximo de noventa días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales períodos con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio. Por la declaración de infraestructura critica el Presidente de la República solo podrá restringir la libertad de locomoción”.

Esta enmienda fue cuestionada por consejeros oficialistas. Uno de ellos fue Yerko Ljubetic, quien advirtió que la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado ya había aprobado una norma muy similar a la mencionada, por lo que «sería inconveniente redundar en la misma materia». A esta posición, el consejero Silva respondió que «no existe incompatibilidad alguna», agregando que será el Pleno del Consejo Constitucional el que defina al respecto.