Viviendas dignas y los derechos de chilenos residentes en el extranjero centran el debate en Comisión de Principios

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En una nueva jornada de las Audiencias Públicas del Proceso Constitucional, en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos se expusieron diversos temas de interés nacional, como obtener viviendas dignas, los derechos de los chilenos residentes en el extranjero, la colaboración de las empresas en el ámbito público y el Estado social y democrático de derecho.

Moisés Ulloa, dirigente del comité de viviendas de Rancagua, al hacer una fuerte crítica al actual sistema social donde hay miles de familias que no tienen su casa propia y que no pueden acceder con facilidad a los subsidios habitacionales, demandó que los consejeros y consejeras establezcan en la nueva Constitución la garantía al derecho a tener “viviendas dignas” y a la compra de terrenos. Para esto último, propuso la creación de un ente externo que tenga la labor de revisar y controlar los recursos del Estado para que éstos lleguen de manera oportuna y eficaz a las personas y de esa manera se cumpla su objetivo completamente.

Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), habló sobre la colaboración público-privada, y dijo que el Estado social y democrático de derecho es perfectamente compatible con la participación de los grupos intermedios o sector privado en la provisión de bienes públicos. En ese sentido, planteó consagrar el principio de la provisión mixta de los derechos sociales entendiendo la promoción de la iniciativa privada en diversas áreas de interés público en colaboración con el Estado, como salud, educación, infraestructura y telecomunicaciones. Por ello, precisó que es necesario modificar los artículos 1 y 3 de la propuesta de nueva Constitución y agregar un inciso que exprese explícitamente la contribución de las empresas para ayudar al desarrollo sostenible del país.

Francisca Medel, representante de la organización Amicale Belgo Chilienne, se refirió a los derechos de los chilenos residentes en el extranjero, y recordó que hay más de un millón de compatriotas en otros países y que es de real importancia cambiar la propuesta constitucional elaborada por la Comisión Experta, porque si se aprueba como está perjudicaría a muchos chilenos. Al contar su experiencia en Bélgica, puntualizó que los chilenos en el exterior solo podrán tener la ciudadanía de nuestro país al estar “avecindados en Chile por más de un año”, lo que a su parecer es “injusto”. Agregó: «Podemos votar en plebiscitos, en elecciones presidenciales y en primarias, pero no tenemos quien nos defienda en el Parlamento, por ejemplo, lo que a nuestro parecer son situaciones incorrectas.»

Carlos Salazar y Sergio Pérez, del Consejo Superior del Transporte, indicaron que “ven con preocupación” la propuesta de anteproyecto en varios temas como: que la soberanía recaiga en el pueblo y no en la nación; que no se haya incluido al Fiscal Nacional dentro de quienes pueden ser acusados constitucionalmente; que no hayan medidas de control político efectivo sobre quiénes están a cargo de las investigaciones y la persecución penal pública. Además, que el texto no considere un quórum más altos de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para las leyes que regulan los nombramientos, carreras profesionales y ascensos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque “esto nos afecta directamente al depender del profesionalismo y la despolitización” de los uniformados para transportar con seguridad las cargas de los camiones.

Drazen Markusovic, presidente del movimiento Libertad Ciudadana, propuso modificar el artículo 1 del anteproyecto y que quede establecido de la siguiente manera: “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho bajo el principio de subsidiaridad que reconoce y garantiza principios, derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal de instituciones estatales y privadas”. En su opinión se debe cambiar la definición de Estado social y democrático, pero como está validado en uno de los 12 Bordes Constitucionales, entonces se podría agregar la subsidiaridad al artículo, entendiendo que al Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares.

Carla Carrera y Lysete Henríquez, dirigentas de la agrupación Núcleo José Tohá del Partido Socialista de Providencia, hablaron sobre el Estado social y democrático de derecho, señalando que “este concepto representa un gran avance para Chile y lo valoramos de manera sumamente positiva”, manifestando su preocupación por los problemas que han presentado actualmente en materia de salud, educación, vivienda y pensiones, porque lamentablemente “ha primado una lógica de mercado” en los derechos sociales. En ese contexto, propusieron agregar en el Capítulo II del anteproyecto que el Estado debe responsabilizarse por mejorar estas demandas, a fin de que esas ayudan sean efectivas, oportunas y lleguen a quienes más lo necesitan.

Ver imágenes de la jornada de la Comisión de Principios: