Última IPN: busca que Constitución garantice que no se repitan violaciones a los derechos humanos

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Este miércoles se presentó la última Iniciativa Popular de Norma (IPN), de las 31 que consiguieron las 10 mil firmas para ser consideradas como enmiendas en el debate del Consejo Constitucional. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) pidió que la nueva Constitución garantice que nunca más en Chile se repetirán las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar.

En su exposición ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, expresó que nuestro país ha tenido una “justicia en la medida de lo posible” por los hechos ocurridos durante 17 años de “terrorismo de Estado”. Recordó que todavía hay más de 1.400 causas pendiente en los tribunales.

En ese sentido, explicó que la IPN presentada está respaldada “por los hechos históricos, dado que durante los años noventa y comienzos del dos mil, la justicia fue reticente para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura». Afirmó que si bien muchas de dichas dificultades han sido enmendadas, “esto solo fue posible gracias a la lucha inclaudicable y permanente que dieron y dan los familiares de las víctimas desaparecidas, asesinadas y sobrevivientes, junto a diversas organizaciones y activistas de DD.HH”.

Agregó que es indispensable e imperativo que “la Constitución asegure a todas las personas el derecho a no ser sometidas a desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, exilio, o relegación. Asimismo, debe garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran”.

También señaló que en este derecho tiene que existir “un deber de perseguir las violaciones referidas cuando ocurran, asegurando investigaciones oportunas, eficaces y rigurosas. Debe haber proporcionalidad de las sanciones que se impongan a los responsables de aquellas, sin ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad”.

La presidenta de la AFEP añadió: “Tales acciones penales y civiles tendrán el carácter de imprescriptibles y la responsabilidad no podrá ser objeto de amnistía, prohibiéndose el uso de la justicia militar para su investigación y sanción, debiendo ser conocida por un juez natural y establecido previamente por ley”.

Además precisó que “las víctimas directas e indirectas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos tendrán el derecho de participar en todas las instancias que se generen. El Estado de Chile estará obligado a tipificar conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos como delitos en el ordenamiento jurídico interno y a proveer activamente información, y establecer y respetar el derecho al habeas data”.

Durante la ronda de preguntas que hicieron los consejeros Fernando Viveros, Karen Araya y Kinturay Melin, y la comisionada Magaly Fuenzalida, respecto a la IPN sobre “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años”, el debate por incluir un capítulo especial para las Fuerzas Armadas dentro de la nueva Carta Magna y que se proponga que los tratados internacionales sobre DD.HH no tienen un rango superior a la Constitución, la dirigente rechazó rotundamente cada una de estas materias, pues a su parecer son “un atentado gravísimo” a poder avanzar en la justicia y en la verdad en nuestro país.

En tanto, la comisionada Ivonne Mangelsdorff le consultó su opinión sobre el terrorismo organizado (enmienda que presentó la Bancada de Renovación Nacional-Evopolis) y la situación que se vive en la actualidad en la macrozona Sur en la Novena Región, respondió: “Es éticamente inmoral comparar acciones violentas con el terrorismo de Estado que hubo en la dictadura”.

Balance de Secretaría de Participación Ciudadana

En tanto, durante esta jornada los secretarios ejecutivos de la Secretaría de Participación Ciudadana, Ignacio Irarrázaval (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Carlos Rilling (Universidad de Chile) entregaron un balance detallado de la participación que hubo a través de los cuatro mecanismos en relación a los temas que analiza la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Así se termina la ronda de información que proporcionó la entidad en las cuatro comisiones del Consejo Constitucional.