Salud y pensiones marcan debate de comisionadas y comisionados

Escuchar esta noticia

Luego que se ingresaran 923 enmiendas a la propuesta constitucional, las distintas subcomisiones de la Comisión Experta comenzaron la fase final de su trabajo con miras al 6 de junio, fecha en la que tendrán que presentar su anteproyecto. El contenido de estas indicaciones generó diferencias en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, donde algunos de sus integrantes cuestionaron que los cambios ingresados (190 en la materia de esta subcomisión) desdibujarían lo que se había acordado previamente.

“Cuando leo las indicaciones o las proposiciones que se hacen por parte de los comisionados, en general me refiero, encuentro algunas propuestas de enmiendas que efectivamente socavan -en mi opinión- los acuerdos compensatorios logrados y el acuerdo del pleno por unanimidad”, expuso el comisionado Teodoro Ribera.

“Es bueno que digamos, si vamos a poder o no construir acuerdos y si esos nos vinculan, o si eso no va a ser posible o no será posible temporalmente, mientras tengan la elección (de Consejeros (as) Constitucionales), porque ese también es un factor que incide o puede incidir en el comportamiento de los comisionados”, aseguró Ribera.

“Creo que si hay algo en que debemos coincidir los seis (comisionados (as), es que el texto que se proponga a la ciudadanía debe ser de una calidad jurídica, ética, moral y constitucional, que cualesquiera sean las visiones, más allá que nos veamos representados todos, podamos efectivamente entender que es un buen texto. Sabemos a ciencia cierta que teníamos algunas falencias, partiendo por el capítulo de medio ambiente”, enfatizó la presidenta de la instancia, Alejandra Krauss.

La comisionada presentó la interrogante acerca de los acuerdos, y planteó que las más de 900 enmiendas de ambos sectores, indican algo. “Eso da cuenta que efectivamente duda, la búsqueda del perfeccionamiento, para concluir -si es posible- en la consagración debida del Estado Social y Democrático de Derechos. Si estuviéramos tan de acuerdo con el texto, no tendríamos 190 enmiendas en esta subcomisión. Eso da cuenta que no había acabado el debate”, agregó Krauss.

Acuerdos para evitar texto en blanco

Bettina Horst, a su turno, expresó a los comisionados que “las enmiendas son para presentar matices o posiciones divergentes y se asume que con la votación se sostiene, al menos, lo acordado, a no ser que haya una mayoría construida para redactar un nuevo texto”. En esa línea, manifestó su preocupación y señaló: “Cuando uno invoca el reglamento para decir que se puede desconocer o votar contrario a lo que aprobó en general, eso de alguna forma refleja, o hace entrever, que esa es una estrategia que -quizás- se pudiera instalar”.

Horst alertó que “acá, quizás, algunos plantean que lo que se aprobó esa noche (5 de abril) fue en un contexto de presión para poder mostrar avances. Pero si lo aprobado no se sostiene en el tiempo, perfectamente podemos llegar con un texto en blanco al 6 de junio”.

Sobre las divergencias surgidas durante esta jornada, el comisionado Jaime Arancibia planteó que “todos tuvimos la posibilidad, previo al 5 de abril en las distintas sesiones que tuvimos, de conocer los aspectos principales de las posturas de cada uno en las materias relativas a los derechos sociales. Conocimos nuestras diferencias”.

Añadió que “hubo varias materias que por no lograr consenso preferimos no incluirlas dentro del texto, incluso, en algunas de ellas lo hicimos con la idea de poder presentarlas como enmiendas después, en algunos aspectos”. Entonces se preguntó: ¿qué es lo que firmamos? Arancibia planteó que -en su interpretación- “se firmó un acuerdo general, efectivamente, y que no es definitivo. Estoy de acuerdo. En las sesiones que nos siguen tenemos que revisar, pero me parece que el espíritu que debe primar es aquel que es propio de un acuerdo general, que es precisar, especificar, corregir, enmendar, pero ojalá lo hagamos con el espíritu de no desvirtuar aspectos esenciales, sustantivos de ese acuerdo general. Enfatizó que eso “de ningún modo debe significar retroceder”.

El comisionado Cortés, a su turno, expresó la disposición para que el anteproyecto en el que se trabaja tenga mayores posibilidades de ser aprobado. En esa línea explicó que “mi disposición es evitar que se llegue a una hoja en blanco, pero junto con eso, creo que es también una amenaza para ese resultado la elaboración de una propuesta de anteproyecto que termine siendo maximalista. Digo maximalista, pensando en una redacción que termine por consagrar un modelo en algún determinado derecho y excluyendo otros y convirtiéndolos, por tanto, en inconstitucionales”.

Cortés enfatizó que “tenemos que avanzar hacia una redacción que sea lo más abierta posible para que las distintas visiones que están aquí presentes puedan, mayorías democráticas mediante, implementar sus modelos posibles de acuerdo a las propias convicciones y necesidades de la sociedad. Para eso, más que cerrar debates, tenemos que abrirlos. Esta tiene que ser una constitución habilitante. Creo también que una constitución maximalista puede ser también una constitución vigente reformada y creo, también que, eso, hay que evitarlo”.

Las principales diferencias que se expusieron en el contexto del debate se centraron en el destino de las cotizaciones de salud y pensiones.

Para efectos de no dejar duda de su postura, el comisionado Flavio Quezada, explicó el alcance de sus dichos, en cuanto a que “no votaré a favor de constitucionalizar los modelos de AFP y el modelo de Isapre”. Sobre el punto precisó: “basta leer la constitución y no está ni lo uno ni lo otro, están en la ley”. Puntualizó que el texto vigente establece reglas que no existen en otras constituciones del mundo, “no tienen antecedentes en la historia constitucional chilena, sino que tiene su origen directo en un oficio de la Junta de Gobierno de aquella época, en consecuencia, no se puede saber cuáles son los fundamentos constitucionales o técnicos”.

Quezada dijo que “las normas vigentes son las que han impedido muchas políticas públicas en tiempos de democracia, porque se han constituido en un cerrojo constitucional para políticas sociales solidarias en esta materia y, en consecuencia, dado que no tienen antecedentes en la historia constitucional chilena, no existen en el derecho comparado, dado que su origen es desconocido, porque llegan de la Junta por oficio, dado que no hay acuerdo social transversal, ni fundamento técnico alguno, yo no votaré a favor de una norma que constitucionalice estos modelos en el anteproyecto sobre el cual deba trabajar el Consejo Constitucional”.