Libertad de elección en salud marcó sesión de la Comisión Experta sobre Capítulo II
Un amplio catálogo de derechos fue aprobado luego de que la Comisión Experta debatiera y votara las normas del Capítulo II: “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, y que corresponden al trabajo de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
En particular, durante la jornada de la tarde de este miércoles se aprobó el texto correspondiente al artículo 17 (a partir de su inciso 15), que asegura constitucionalmente derechos como la salud, la vivienda adecuada, educación, seguridad social, agua, trabajo decente, libertad sindical, medio ambiente libre de contaminación, entre otros.
Respecto al derecho a la protección de la salud, la norma establece el deber preferente del Estado de garantizarlo, a través de instituciones estatales o privadas. Con esto, se mantiene la libertad de elección de prestadores. Sin embargo, los comisionados acordaron eliminar del texto las referencias a las cotizaciones obligatorias y a los regímenes de salud, lo que quedará abierto al legislador.
La decisión, generó un intercambio de opiniones entre algunos miembros de la instancia. Según Bettina Horst, nadie puede sostener “en forma seria que esto no será abordado en la siguiente etapa por el Consejo Constitucional”. Añadió: “espero que el destino de ese debate también esté protegido por la libertad de elección, porque en ningún caso ello significa que se constitucionalizan las actuales instituciones de salud previsional, ya que estas no están en la Constitución, no se crean en el texto vigente, sino que mediante leyes de rango inferior”, subrayó la comisionada.
Horst sostuvo “por qué no, en vez de eliminar la libertad de elección en la Constitución en materia de salud, consagrarla y, además, mandatar al estado para que la fortalezca y la haga efectiva. Acá, a mí modo de ver, primó una mirada estatista y estoy segura de que esta discusión no termina acá”.
Desde la otra vereda, Flavio Quezada advirtió que la decisión no se traducirá en una hoja en blanco. “Ha quedado en manos del legislador la determinación de la forma de financiamiento de las acciones de salud, tal como en todas las constituciones que conozco”, recalcó. Quezada, además, agregó que “lo que se ha rechazado es constitucionalizar un determinado modelo basado en criterios individualistas, pues no alcanzó el consenso necesario para ser incorporado en el texto. Quizás, más adelante, se incorpore el modelo de isapres en el texto a plebiscitar, pero dudo que sea la síntesis entre las distintas visiones que se unieron para conformar los 3/5 que están detrás de las normas que aquí se proponen”.
Educación y derecho al agua
Respecto a educación, no se consagró la gratuidad universitaria. Sin embargo, la comisionada Alejandra Krauss destacó que se reemplazó la referencia del “deber preferente al fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, por deber ineludible, para evitar la jerarquización de deberes por parte del Estado”. Precisó que “respecto de la educación parvularia, básica y media fue incorporado el verbo coordinar, además de financiar, con el objeto de dejar en evidencia que el Estado debe aunar los esfuerzos educativos y no sólo financiarlos”, aseguró.
En la misma línea, Juan José Ossa celebró que se haya vuelto a constitucionalizar el kínder obligatorio. No obstante, hizo un llamado a no tener tantas esperanzas “porque ya ha estado constitucionalizado -hace mucho tiempo-, pero el legislador no lo ha constitucionalizado por la misma razón que no ha implementado la sala cuna universal, que es la discusión sobre si puede ser entregada de forma mixta o no”.
Respecto al derecho al agua y al saneamiento, se establece el deber del Estado de garantizarlo a las generaciones actuales y futuras, además de la prevalencia de su uso para consumo humano y doméstico.
Líneas que quedaron a firme en el anteproyecto y que fueron refrendadas de manera transversal. Alexis Cortés, resaltó que “este anteproyecto le habla a las futuras generaciones, a quienes les debemos un mundo habitable”. Mientras que Teodoro Ribera apuntó que “el principio fue: el que tiene mantiene. Eso fue lo que nos impulsó. No estamos modificando en nada el Código de Aguas y nos interesa mucho que eso quede consignado así”.
La revisión del tercer capítulo de la propuesta elaborada por los comisionados y comisionadas, es la tarea que sigue ahora.
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