Fiscal Nacional propone establecer Consejo Consultivo Regional del Ministerio Público

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Con la audiencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se desarrolló una nueva sesión de la Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, ocasión donde el titular del Ministerio Público expuso el alcance de las enmiendas referidas al capítulo IX del anteproyecto de la Comisión Experta.

Autonomía Constitucional

En la instancia, el Fiscal Nacional destacó los aspectos existentes que se mantienen en la propuesta, rescatando lo que está vigente y funciona, junto con “tratar de mejorar aquello que requiere cambio”, expresó.

El artículo 161 establece que el Ministerio Público “es un organismo autónomo, jerarquizado, que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible, los que permitan agravar o atenuar la responsabilidad penal y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley”. Asimismo, se le mantuvo la atribución de “la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos”.

El Fiscal Nacional, enfatizó que “esta autonomía es la esencia y un elemento indispensable para que pueda cumplir sus objetivos centrales. Se debe proteger la vigencia del principio de autonomía constitucional, que no se aun principio simplemente formal declarado en la Constitución, sino que mediante diversas reglas proteja esa autonomía”.

Valencia expuso que se busca fortalecer la institucionalidad -por ejemplo-, “para perseguir de forma independiente la corrupción pública. Al no ser lo suficientemente autónomo el Ministerio Público del gobierno de turno o de la administración central de turno, la tentación de no ser lo suficientemente eficaz para la persecución de la corrupción pública sea mayor”.

A su juicio, se teme que “si la Fiscalía depende del gobierno, persiga la corrupción pública con menos ahínco, ya que se podría tratar de materias que podría afectar -desde el punto de vista político-, al gobierno de turno”.

“Si el Ministerio Público dependiera del ejecutivo, existiría el riesgo, la amenaza, que pudiera ser utilizado -por ejemplo-, como herramienta de persecución a los adversarios políticos”, enfatizó el Fiscal Nacional.

Fiscalía Alta Complejidad

Mientras que el texto inicial planteaba la existencia de una Fiscalía de Asuntos Internos, el texto aprobado por el pleno de la Comisión Experta, determinó, la existencia de “una Fiscalía de Alta Complejidad y una Fiscalía de Asuntos Internos dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público”.

Respeto a la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad -con carácter supraterritorial-, Valencia manifestó que resulta de gran importancia poder determinar su accionar y las materias que serán definidas como de “alta complejidad, más allá de la forma que sea definida, teniendo en consideración su estructura y límites geográficos”.

“Estimamos que, junto a la mención a la alta complejidad, debiera agregarse la mención expresa al crimen organizado, ya que esto daría una amplitud mayor al sentido de competencia de esta fiscalía, además de relevar una cuestión hoy valora la ciudadanía”.

A lo anterior, “estimamos imprescindibles -a fin de mantener los equilibrios institucionales-, que el Fiscal Nacional pueda impartir instrucciones particulares en los delitos que investigue”.

Fiscalía de Asuntos Internos

Frente a la iniciativa que propone la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos, Valencia aseguró que “nos parece inadecuada, y resulta inorgánica a la institucionalidad vigente, ya que provoca una personalización en la persecución penal que puede generar incentivos perversos».

En su opinión, dicha propuesta «permitiría utilizar estratégicamente las denuncias y querellas para incidir en alguna investigación compleja en curso, por que el nombramiento -por la Corte Suprema-, del Fiscal de Asuntos Internos -sin ninguna intervención del Fiscal Nacional-, implicará que en materias relevantes de la institución, un funcionario concentrará un poder excesivo en un órgano que es jerárquico, como el Ministerio Público”.

Consejo Consultivo

El anteproyecto establece que el Consejo Consultivo, será presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será asesorarlo. Además, estará integrado por: “el Ministro a cargo de la seguridad pública o quien éste designe; el General Director de Carabineros de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile; el Director Nacional de Gendarmería de Chile; dos académicos universitarios con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional, escogidos mediante un sistema de concurso público establecido en la ley institucional; y dos ex fiscales regionales sorteados al efecto”.

Para Valencia, la iniciativa “atenta contra la autonomía constitucional del Ministerio Público (debido), a la injerencia que puede tener el Poder Ejecutivo -a través de los más altos cargos, como la Policía, Gendarmería y el propio Ministerio de Seguridad Pública-, dada las funciones que se le otorgan, y la obligación de ser convocado para ser oído en ciertas materias”.

Algunas de las instancias en las que el Fiscal Nacional debería escuchar al Consejo Consultivo son “la aprobación del Plan Estratégico Institucional y de su política de persecución, el establecimiento de modalidades para la participación ciudadana; la determinación del plan de metas y evaluación externa, junto a la definición de la organización y materias que formen parte de su competencia”.

“Las materias de este consejo, están inexplicablemente acotadas al Ministerio Público, sin que exista la debida reciprocidad, donde -siguiendo esta lógica-, se debería poder también asesorar -el Ministerio Público-, al resto de las instituciones, en cuanto a sus planes, políticas y desarrollo de metas”.

Según Valencia, las funciones que se le asignan, “refuerzan el carácter atentatorio a la autonomía de la institución. El Ministerio Público, propuso en su momento, un Consejo Consultivo (nacional), con una réplica regional, de carácter ciudadano y participativo que permitirá mejorar la “rendición de cuenta”, transparencia y la valoración institucional, junto con ser una instancia para las políticas criminales escuchando a la ciudadanía”.

El Fiscal Nacional aseguró que, de mantenerse la idea en la materia, “se sugiere que su función e integración (del Consejo) se establezcan en la ley institucional”.

Al concluir la presentación, los integrantes de la instancia expusieran diversos puntos de vista referidos al accionar del Ministerio Público, ocasión donde el consejero Alejandro Kóhler (Indep. PS), valoró la exposición de Valencia, ya que, a su juicio, busca “fortalecer la autonomía y rol del Fiscal Nacional, la eficiencia en el proceso de impartir justicia -de investigar-, y la eficacia del proceso”.

“Si hay algo, que hoy aparece tan lejano a la ciudadanía, es precisamente el proceso de impartir justicia, donde se producen situaciones que afectan a la política y que van generando un mando de dudas, sobre todo en la capacidad de enfrentar la corrupción”, enfatizó Köhler.

A su turno, el consejero Héctor Urban (PRep), expuso la importancia de “combatir esa sensación de inseguridad que hoy existe en la ciudadanía, cuando vemos que los delitos se siguen produciendo a diario, donde hay una impunidad total, donde las personas siguen actuando. La ciudadanía queda con una impresión, que más debe pasar para que la justicia actúe”.

“La sensación que tiene la ciudadanía -en general-, es que hay impunidad total, no hay justicia, que la Fiscalía no está operando y que las policías están siendo sobrepasadas absolutamente”, concluyó Urban.