Entregan propuestas para una vida libre de violencia de género y fortalecer los derechos de los niños

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(Actualizada)

Un conjunto de propuestas y opiniones entregaron ciudadanos y agrupaciones para garantizar una vida libre de violencia de género y fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos en el marco de las Audiencias Públicas organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana.

María Fernanda Soto, profesora de inglés de la ciudad de Coyhaique, expresó que en la propuesta de la Comisión Experta se deben modificar los artículos 3, 14 y 38 con fin de considerar que “las familias son diversas en su composición”, permitir que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, libre de violencia y discriminación en la sociedad, y fortalecer la necesidad de resguardarlos de posibles abusos de sus propios padres.

Luna Grado y Luz Reidel, representantes de la organización Nada Sin Nosotras, propusieron un reconocimiento expreso -en el texto de nueva Constitución- sobre el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia, y reforzar el rol del Estado para terminar con “una práctica” que está en todos los sectores sociales. Asimismo, plantearon agregar en el Capítulo VII sobre Poder Judicial “un mandato transversal de incorporación de perspectiva de género con enfoque interseccional y de derechos humanos en todo órgano que ejerza juridicción”.

Carmen Espinoza, representante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboristas, subrayó que “no es suficiente en la propuesta constitucional hacer referencia tácita a la equidad de género, sino que es indispensable incorporar este aspecto en cada una de las políticas públicas, y así para que los órganos de la administración actúen en todos sus estamentos y sus funciones con perspectiva de género y bajo un enfoque interseccional”. También, y en otro tema, sugirió que “el Estado debe promover la corresponsabilidad social y de género, e implementar mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados», procurando respeto para quienes lo ejercen.

Javier Núñez, representante de la entidad TRANSED, lamentó que en el anteproyecto “no incluya los derechos sexuales y reproductivos de manera específica o como parte de otros derechos, pese a que están protegidos en los tratados internacionales”. Propuso que en el artículo 22 del escrito se agregue que “todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el desarrollo pleno y libre de la sexualidad”, y que al implementar este principio se abarquen diversos aspectos, como mayor conocimiento sobre la anatonomía y fisiología sexual, la prevención de las infecciones de transmisión sexual y del embarazo no deseado, el consentimiento, respeto y reconocimiento de las diversidades sexuales y de género”.

Daniela Medel, comunicadora audiovisual de la ciudad de La Serena, propuso establecer que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derecho, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva y su derecho a ser escuchados y a participar. Para ello planteó fortalecer y cambiar el artículo 14 del anteproyecto con “el reconocimiento explícito que este grupo sea sujeto de derecho” y que es “fundamental que la Constitución garantice entornos diversos que permitan su desarrollo integral, brindando espacios para que puedan cultivar sus intereses, aspiraciones y necesidades”, entre otros aspectos.

Audiencias Públicas PM

Raquel Hurtado, vocera de la Corporación Humanas, al referirse sobre la igualdad sustantiva y no discriminación, hizo una propuesta en varios puntos: Agregar en el anteproyecto la expresión “sustantiva” en los artículos 1,2 y 3; fortalecer una cláusula sobre la igualdad ante la ley y la autoridad en el sentido que “ninguna organización o persona podrá establecer diferencias arbitrarias”; y prohibir la discriminación en sus modalidades directas e indirectas, ya sea en los órganos del Estado y en los poderes públicos o privados.

Alen Alegría, representante de la Fundación Somos Ñuble, dio su opinión sobre el principio de no discriminación para las personas con orientación sexual, identidad y expresión de géneros diversas. A su parecer, si bien la propuesta constitucional considera la no discriminación, no obstante en algunas disposiciones no la aborda «en profundidad, lo que a la larga implicaría interpretaciones para su aplicabilidad”. Además, dijo que no indica a grupos especialmente vulnerables que puedan ser objetos de discriminación, siendo esta la posibilidad -incluyendo un conjunto de artículos- para reparar los daños de quienes históricamente han sufrido transgresiones en sus derechos.

Alonso Jiménez, dirigente de la Agrupación Pro Coquimbo, enfocó su presentación sobre las garantías para la movilidad social (conjunto de desplazamientos que hacen las personas dentro de un sistema para mejorar su calidad de vida socioeconómica) y la no exclusión social de los derechos civiles. En su opinión en el anteproyecto deben agregarse los conceptos de movilidad social e igualdad de oportunidades, porque nuestro país necesita cambios importantes en esta materia, en especial, para los sectores más pobres y vulnerables que lamentablemente no progresan. También propuso que debería existir un Registro de Movilidad Social de Hogares que permita conocer a las generaciones que no han experimentado este concepto de tal forma que el Estado haga una intervención especial ante tal exclusión social.

Fernando Urzúa, se refirió a la importancia de los derechos naturales para un país libre, y cómo es necesario incluirlos en la nueva Constitución. Su postura la basó en términos filosóficos, y cuyos argumentos dicen relación con la necesidad de que en una sociedad moderna no se hable de derechos humanos, sino que de derechos naturales del hombre, el cual encabeza un conjunto de otros derechos relacionados con la libertad de expresión y de pensamiento, a la vida y a la agrupación.

Ver imágenes de la jornada de la Comisión de Principios: