El rol y las atribuciones que podrían tener las regiones analizó la Comisión de Sistema Político
¿Chile puede ser realmente un país descentralizado? Esa fue la pregunta que dio vueltas entre los consejeros constitucionales que integran la Comisión de Sistema Político, forma Constitucional y Forma de Estado.
El primero fue José Ramón Ugarte, arquitecto que advirtió que la nueva Carta Fundamental debe reconocer a las ciudades como entidades territoriales, cuestión que actualmente no sucede y que calificó como “extraño”.
El profesional lamentó que exista una disparidad a la hora de darle cierto nivel de autonomía a unos lugares y a otros no. “En Chile hay pueblos rurales que son comuna y tienen un alcalde, sin embargo, existen otros 20 o 30 poblados y ninguno tiene jefe comunal”, comentó.
Agregó que lo correcto es que la Constitución termine con esta situación. “Que los habitantes elijan a alguien que se encargue de los problemas en su conjunto. Eso impulsaría que se sintieran más identificados y promovería la equidad”, aseguró.
Tradición centralista
La ex subsecretaria de desarrollo regional, María Paz Troncoso, destacó que provenimos de una tradición centralista que ha determinado cómo se ha configura el Estado.
En ese contexto, instó a los consejeros a profundizar su discusión para precisar los términos gobierno y administración; revisar las funciones de los consejeros regionales y analizar la regulación de traspaso de competencias, entre otras materias.
Asimismo, sostuvo que es deseable transferir competencias de manera amplia desde el nivel central a regiones. “Que se cumpla la máxima de la descentralización que es que nadie se quede atrás (…) pero hay que ver los objetivos de eficiencia que están detrás”, reflexionó.
Potencialidades subutilizadas
Los diagnósticos de ambos especialistas fueron compartidos por Heinrich von Baer, ex rector de la Universidad de la Frontera y miembro de la Fundación Chile Descentralizado.
Al respecto, dijo que hay baja convicción descentralizadora en el mundo político y en el académico. “Somos el país más centralizado de América Latina y de la OCDE”, dijo Von Baer, quien agregó que el tema es preocupante, pues los talentos humanos son el principal factor de desarrollo y en Chile se distribuyen en forma normal, pero no las oportunidades para desarrollarlos.
Además, añadió que no se justifica mantener un representante del Presidente de la República a nivel regional, sino que solo en las provincias. “Esto produce confusiones”, subrayó.
Sus dichos tuvieron eco entre los consejeros, quienes compartieron sus palabras y realizaron algunas consultas. Christian Suárez (Ind-PS), por ejemplo, coincidió en que el Mandatario o Mandataria, debe estar en coordinación permanente con los gobernadores, sin embargo, que deben ser ellos la máxima autoridad regional.
Jorge de la Maza (PRep), reparó en que la descentralización no puede llevarse a cabo de manera efectiva sin el otorgamiento claro de potestades y atribuciones fiscales. “Tenemos potencialidades humanas y productivas subutilizadas y Chile será descentralizado o no será desarrollado”, respondió Von Baer.
Y añadió: “Observo con preocupación que no se defina el horizonte al cual queremos llegar y le corresponde a la Constitución definir la hoja de ruta”.
El experto también fue requerido por el consejero Alihuen Antileo (Ind), respecto a escaños reservados en instancias regionales y comunales. “No se puede excluir este tema y recomendamos que en órganos colegiados hubiera, por un periodo determinado, la posibilidad de escaños reservados”, respondió Von Baer.
La Antártica en la Constitución
En la misma línea el presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz, comentó que lo que hasta ahora se ha entendido como descentralización en Chile, es en realidad desconcentración.
Consultado por la consejera Jessica Bengoa (CS), sobre la posibilidad de crear empresas regionales, el expositor explicó que si se ordenaran los territorios se podrían establecer áreas de inversión.
“Eso permitiría realizar urbanizaciones y atraer a los inversionistas, de manera de establecer convenios de participación público privada”, señaló Díaz, quien lamentó que “el nivel central, muchas veces no entienda las especificidad de los territorios”.
En tanto, el abogado Esteban Szmulewicz, apuntó a la necesidad de robustecer la autonomía de los territorios en la nueva Constitución con el fin de reducir las desigualdades regionales.
“Este es un problema sumamente complejo, pero los procesos exitosos son los que abordan dimensiones sociales, políticas y económicas en conjunto”, dijo el jurista, quien planteó la posibilidad de mantener representación presidencial a nivel provincial, pero no regionalmente.
Otro de los temas vinculados a descentralización fue el de la Antártica. Al respecto expuso el abogado Luis Valentín Ferrada, quien recalcó que no existe ninguna norma internacional que señale que no se puede incluir a parte del Polo Sur en la Constitución.
“Lo que se haga en la Antártica tiene que ser para potenciar la actividad en Punta Arenas y Puerto Williams”, advirtió, antes de añadir que debiera existir un capítulo especial para el territorio antártico.
El Parlamento y la presidencial
Otro de los invitados a la comisión fue el ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, quien desde Washington D.C. celebró el trabajo realizado por la Comisión Experta.
Sin embargo, advirtió que terminar con el hiperpresidencialismo en la Carta Magna sigue siendo una tarea pendiente. Para ello, recomendó entregar más atribuciones al Poder Legislativo.
“El ideal sería que tras la primera vuelta hubiera un mecanismo para que dos o tres semanas después la primera mayoría formara, en el Parlamento, un gobierno y un gabinete”, explicó.
En tanto el ex ministro de la Corte Suprema, y especialista en derecho administrativo, Pedro Pierry, entregó un documento con 60 observaciones técnicas al anteproyecto.
Según indicó, algunas de ellas corresponden a imprecisiones cuando se habla de la participación del Estado en instituciones. “¿Pero cuál es la participación?”, preguntó el ex supremo.
Asimismo, lamentó que al igual como ocurre en la actualidad, el recurso de protección no tenga bordes. “Puede proceder contra cualquier cosa y los hay contra sumarios, contratas desde el punto de vista de administración, etcétera. Hay que poner ciertos límites”, aseguró.
Otra de sus observaciones apuntó a la potestad reglamentaria autónoma, que significa que en materias que no son de ley, el Presidente de la República puede dictar reglamentos autónomos.
“Pero es muy acotado, porque las materias de ley son muchas. Es decir, la potestad reglamentaria es subordinada a la ley, pero a cuál”, sostuvo.
Finalmente expuso el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, quien, entre otras materias, se refirió a la división competencial entre el Ejecutivo y el Congreso; la división entre Ejecutivo, los tribunales y la Contraloría General de la República y el principio de disciplina fiscal.
Sin embargo, uno de los puntos donde más puso énfasis fue en que en el actual anteproyecto se han multiplicado los deberes del Estado en materia social.
“Esto es importante, porque va a haber una presión normativa sobre él”, advirtió el profesional, quien agregó que los deberes están repartidos de forma bastante amplia.
A modo de ejemplo, citó la protección sobre los consumidores. “Estos deberes quién los debe emprender, quien está a cargo”, preguntó.
El trabajo de la comisión continuará este miércoles 12 de julio, a las 15:00 horas, con las exposiciones de Julio Leiva, Enrique Bassaletti, Ignacio Briones, Jorge Guzmán y Jorge Correa Sutil.
Presentaciones
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