El reconocimiento a los pueblos originarios marca las Audiencias Públicas en Comisión de Principios

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El reconocimiento a los pueblos originarios marca las Audiencias Públicas en Comisión de Principios

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El reconocimiento a los pueblos indígenas y cómo ello se hace efectivo para este sector del país fue uno de los principales temas que marcó las Audiencias Públicas de participación ciudadana en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional.

Iván Paredes, Comunidad Mapuche Kupal Pichinao, expuso sobre el reconocimiento intercultural bajo la mirada de una comunidad mapuche. Sostuvo que el artículo 7 del anteproyecto es “positivo”, no obstante se preguntó qué significa ese reconocimiento y cómo se materializa, especialmente, en materia de emprendimiento y progreso para su sector. Propuso -por ejemplo- que el Banco Central tenga una política de emprendimiento indígena, y que se establezcan mecanismos para que los derechos en materia de salud, educación, vivienda y cultura, entre otros, sean reales y efectivos para dicho pueblo.

Aureliano Cayún, representante del pueblo Huilliche de Coyhaique, solicitó el reconocimiento del Pueblo Huilliche en la nueva Constitución. Demandó de los consejeros y las consejeras una solución a las conocidas demandas del sector, diciendo que este Proceso Constitucional es una gran oportunidad para que esta etnia pueda avanzar con un cambio real en materia de derechos sociales y culturales.

Rudecindo Espíndola, representante de la Asociación Atacameña de Agricultores y Regantes de Soncor, se refirió a la repatriación y recuperación de cuerpos de ancestros Lickanantay y a la protección del agua. Lamentó que hasta el momento no exista en Chile una ley de repatriación y un código de ética, debido a que actualmente países de Europa y de América Latina, por ejemplo, tendrían en su poder colecciones de ancestros y restos humanos de los abuelos atacameños. “Necesitamos reconstruir la historia del coleccionismo y de la patrimonialización en nuestro territorio”, recalcó.

Marjorie Cortez, representante de la Comunidad Afrodescendiente Las Maitas, Valle de Azapa, hizo su presentación por vía telemática con una contextualización histórica del proceso de participación indígena y de pueblo tribal afrodescendiente. En ese sentido, pidió un reconocimiento constitucional para este grupo, señalando que ello “traerá visibilidad en materia de diversidad cultural en Chile y permanencia territorial como base de la construcción de la autonomía ancestral de este pueblo”.

Juan Lagos, representante de la Fundación para el Progreso, expuso sobre la igualdad ante la ley como una solución a la problemática de los pueblos indígenas. A su parecer “si las propuestas ofrecidas por la pasada convención constitucional no convencieron a la mayoría los chilenos, ahora es necesario entender que una solución pasa por el estricto reconocimiento de la igualdad ante la ley de ese sector sumado a una robusta consagración de las libertades individuales, centrando todo en una propuesta universal”.

José Aylwin, abogado de la Fundación Observatorio Ciudadano, al exponer sobre una lectura desde los derechos humanos en el anteproyecto, dijo que es indispensable –por ejemplo- que al proponer que Chile debe organizarse como un Estado social y democrático de derecho, se haga efectivo en el establecimiento de obligaciones concretas para que lleguen a la población y que no queden simplemente en el papel. En cuanto a los derechos en materia de salud y educación, no se mostró de acuerdo en como está plasmado en el texto de la Comisión Experta, pues a su parecer queda más a la libre elección de cada persona, que como un derecho que el Estado debe responsabilizarse a través de vías económicas y técnicas progresivas en el tiempo.

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