Debido proceso, derecho a la educación sexual y violaciones a los DD.HH se debatieron en la Comisión de Principios

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El debido proceso, el derecho a la educación sexual en niños y jóvenes, y las violaciones a los derechos humanos, entre otros, fueron los principales temas que se abordaron en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, en relación al anteproyecto.

El académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile José Pedro Silva basó su presentación en el derecho al debido proceso, pues a su juicio es necesario mejorar el texto porque hay “imprecisiones” y “confusiones”.

Planteó que el inciso 6 del artículo 16, menciona “el acceso a la justicia” para todos los chilenos, pues -en su opinión- en ese punto hay que preguntarse acceso a quién o ante quién, para qué y de qué manera, cuyas respuestas deben estar plasmadas en el escrito como un aspecto muy central.

Además, Silva subrayó que “tanto el acceso a la justicia como al debido proceso son normas procesales protectoras de las personas, que dotan de eficacia –a los procedimientos judiciales y administrativos– los derechos que la Constitución otorga, y que se proyectan en la mantención de la convivencia y de la paz social”. Y recalcó: “No cabe duda que la existencia de normas que establezcan con claridad los órganos jurisdiccionales a los cuales recurrir son la auténtica garantía para que el debido proceso pueda servir a los valores de la verdad y la justicia”.

También estuvo en la Comisión de Principios la ginecóloga infanto-juvenil, Magister de la Universidad de California Andrea Huneeus, quien se mostró partidaria de incluir de manera específica en la Constitución los derechos sexuales y reproductivos. Sostuvo que esta regulación “significa que bajarán los abusos sexuales a menores; menos embarazos no deseados; disminuirá el aborto e irán en descenso los contagios de enfermedades de transmisión sexual”.

Precisó que múltiples estudios compararon a jóvenes que recibieron educación sexual con los que no la recibieron. Los primeros decidieron retrasar el inicio de su vida sexual y cuando la comenzaron lo hicieron de manera más responsables; mientras que los segundos manifestaron estar en una situación compleja y vulnerable.

Huneeus alertó que “una niña madre significa más pobreza, menos educación, menos acceso al trabajo digno, brecha salarial, menos movilidad social y violencia intrafamiliar”, reforzando que “la forma de proteger a nuestros hijos del abuso sexual, por ejemplo, es haciendo una educación sexual apropiada a su nivel de desarrollo”.

José Manuel Díaz de Valdés, académico de la Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo, analizó dos materias: El derecho a la igualdad y a la no discriminación, y la paridad. Sobre esto último, se refirió al artículo 4.2 que señala: “la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.

En su opinión, si bien la propuesta constitucional de la Comisión Experta “no habla de paridad, sin embargo, este artículo pareciera que se refiere a una paridad de entrada más que de salida”. Enfatizó que “los asientos reservados son una opción bastante radical que no son propias de las democracias occidentales, sino que de países de África, Asia y Pakistán, por ejemplo”.

Añadió que, “por lo mismo, sería mejor mantenerlo como una cuota electoral y nada más”. El profesor sugirió que si el texto final propone una cuota definitiva “que ésta se haga de manera neutra (para todos), efectiva (que funcione de manera transparente) y transitoria (por un tiempo)”.

Rodrigo Bustos, director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, se refirió en términos generales a la pena de muerte, a la libertad de expresión, a la regulación de la TV abierta y de otros medios de comunicación, al derecho a reunión y a las violaciones a los derechos humanos, valorando los planteamientos que hizo la Comisión Experta porque constitucionalizarlos, “es un avance de importancia”.

No obstante, centró sus opiniones especialmente en materia de derechos humanos, recordando que, con el estallido social del año 2019, en Chile se denunciaron 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos y que en ese marco –considerando los años de dictadura en el país- el Estado “tiene deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a las personas en este tipo de situaciones”.

Apuntó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha desarrollado varios estándares respecto a la seriedad de la investigación, que debe realizarse por oficio, con rapidez, con imparcialidad e independencia”, proponiendo que tales medidas se deben considerar e “constitucionalizar” en Chile.