Debaten sobre libertad de conciencia, seguridad ciudadana y protección a la maternidad

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Libertad de conciencia, protección a la maternidad, seguridad ciudadana, la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho a reunión fueron algunos de los temas que se debatieron en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos en el marco de las enmiendas presentadas a los incisos 1 a 19 del artículo 16 del Capítulo II del anteproyecto.

El obispo de la diócesis de San Bernardo, Juan Ignacio González, invitado por la bancada del Partido Republicano, se refirió a un conjunto de enmiendas presentas al inciso 13 del articulado sobre la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Valoró las indicaciones número 54/2, 55/2, 56/2, 58/2, 57, 59/2, 61/1, 62/2 y 63/2, señalando que tanto lo propuesto por la Comisión Experta como por el Consejo Constitucional “es un avance muy sustancial en materia de derecho” para Chile. Y agregó: “Creemos que es necesario establecer en la misma Carta Fundamental que todas las confesiones y creencias deben tener igual trato por parte del Estado, la ley y las autoridades de turno, y su regulación es un progreso para nuestra sociedad”.

Seguridad ciudadana

Al entregar una visión sobre la seguridad ciudadana y cómo Chile puede avanzar en esta materia, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, invitado por la bancada Unidad para Chile, manifestó que “la delincuencia es un problema estructural amplio y generalizado en todo el país”. En ese sentido, entregó algunos principios que pueden “servir” para el debate constitucional, por ejemplo, reforzar la seguridad como un derecho de las personas, de las familias y de los barrios. Asimismo, fomentar el derecho a la igualdad ante la ley, independiente del lugar donde vivan las personas.

Orrego, además, propuso mejorar la labor intersectorial (público, privado y la sociedad en su conjunto) para combatir el narcotráfico y lo que ello implica. Robustecer la prevención del delito y que el Estado tenga una preocupación mucho más fuerte con respecto a las víctimas.

Derecho a la vida del que esta por nacer

Rosario Vidal, presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica, convocada por la bancada del Partido Republicano, basó su exposición sobre las enmiendas al derecho a la vida del que está por nacer y la maternidad. A su juicio, la Constitución -a través de políticas públicas- debe fortalecer el rol de las madres en temas relacionados con el trabajo, la salud y la educación, por ejemplo. Además, se mostró contraria al aborto, y pidió «avanzar en resguardar a las madres de temprana edad y al niño que está en gestación, especialmente, a aquellas abandonadas por sus familias».

Reparación integral

El consejero de Unidad para Chile Alejandro Köhler, defendió introducir un nuevo artículo que propone: “Las personas que sean o hayan sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad respecto de tales acontecimientos, a una reparación integral y a garantías de no repetición. El Estado debe prevenir, investigar con la debida diligencia y sancionar proporcionalmente tales conductas. 2. Las graves violaciones a los derechos humanos y las acciones que deriven de su perpetración son imprescriptibles y no podrán ser objeto de amnistía”.

Köhler dijo que “defender esta indicación toca los nervios centrales de la identidad de nuestro país y se hace cargo de uno de los aspectos más dolorosos de nuestra historia. La presentamos no para perpetuar la discordia o el dolor, sino que para dar una señal clara y marcar un camino de superación para Chile”.

Derecho a reunión

Por su parte, la consejera Carolina Navarrete defendió las enmiendas presentadas por la bancada de la UDI, destacando las relacionadas a la probidad, la regulación de la inmigración, la protección de los datos, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el derecho a reunión. En este punto destacó: “Quienes participen en éstas (reuniones), deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de las mismas y la propiedad pública y privada”.

Recordó la complicada situación que vivieron muchas comunas con el estallido social del 18 de octubre del 2019, ya que “los habitantes de donde se concentraron las manifestaciones, vieron su calidad de vida destruida producto de los desmanes y la violencia, y con un costo público enorme”.