Debaten sobre derechos de pueblos indígenas, descentralización, democracia directa y modernización del Estado

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La Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, recibió en audiencia a un conjunto de académicos y especialistas, quienes expusieron los alcances de las normas constitucionales del anteproyecto de la Comisión Experta, referidas a las materias de su competencia en las tareas del Proceso Constitucional.

Pueblos indígenas

La jornada se inició con la presentación del abogado y diplomático guatemalteco, José Francisco Cali. Relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde 2021, quien abordó la importancia de “garantizar los derechos de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo social, económico, social y cultural”.

“En el ejercicio de las funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la compresión de dicha diversidad étnica y cultural del país. Tales derechos no solo incluyen derechos culturales, sino también derechos políticos, como la autonomía, el autogobierno y el derecho a la participación; derechos territoriales que implican el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos, junto a derechos económicos”, indicó Cali.

En referencia al anteproyecto constitucional, precisó que “el artículo 139, prescribe que Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, son los dos únicos territorios especiales del país, pero no crea territorios administrativos especiales para los pueblos indígenas”.

Cali, además, expuso que “esta ausencia de autogobierno, sería contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, de acuerdo con la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas como el convenio 169”.

Al respecto, el consejero Carlos Solar (PRep), precisó que “yo me cuestiono en que va a terminar (este tema), con los miles de derechos que tienen los pueblos indígenas, en cuanto a que se transforman en verdaderas castas y especialmente en lo económico, donde grupos de personas ya no son considerados nuestros iguales, sino que castas privilegiadas”.

La consejera Antonia Rivas, abordó las expresiones “castas y privilegios”, oportunidad donde aclaró que “los derechos de los pueblos indígenas no son distintos, no son privilegios, son derechos que se ejercen de manera diferenciada. Todos tenemos derecho a participar, donde -generalmente-, los pueblos indígenas lo hacen de manera colectiva”.

Descentralización y autonomía municipal

El abogado, doctor en derecho y académico de la Universidad Autónoma de Chile, Marcelo Villagrán, expuso sobre las normas constitucionales relativas a gobierno, administración local y regional.

“El problema del centralismo en un país tan extenso como Chile es relevante, porque definitivamente vulnera el desarrollo de nuestros derechos fundamentales. Limita la legítima aspiración de la ciudadanía a tener una mayor participación en las decisiones de su territorio”, señaló Villagrán.

En Chile, a juicio de Villagrán, “nos acostumbramos a la centralización. Nuestro país se centra en un sistema bastante centralizado, donde el centralismo se ve como un gran garante del orden y estabilidad de la república. Los actores locales son meros ejecutores de una decisión política pública que está centrada en el gobierno central”.

“Tenemos comunas muy pequeñas -con 300 habitante y 25 funcionarios municipales-, con las mismas regulaciones y los mismos procedimientos, que comunas tan pobladas como Puente Alto o con tantos recursos como Santiago, Las Condes o Vitacura, con una desigualdad y una heterogeneidad del territorio y las municipalidades, lo que no ha sido reconocido ni plasmado a nivel constitucional”, enfatizó el especialista.

Villagrán aseguró que “el centralismo es un factor negativo que frustra a la ciudadanía y eso se ha visto plasmado en las protestas ciudadanas y en diversos procesos de participación que se han desarrollado”.

Democracia directa, partidos políticos y distritos electorales

Eugenio Guzmán, académico de la Universidad del Desarrollo, sociólogo e investigador, abordó aspectos relativos a participación ciudadana, partidos políticos y distritos electorales.

Respecto al tamaño de los distritos electorales, Guzmán indicó que “normalmente la propuesta que se hace es referida al establecimiento de umbrales, lo que resulta complejo debido a las listas electorales” (donde podría resultar ganador un candidato y quedar fuera por el umbral establecido).

Guzmán, expuso que otra solución -y a su juicio “más transparente”-, es discutir el tamaño de los distritos electorales en el país, “con distritos más pequeños y un mayor número, como ocurre al ver la experiencia internacional en esta materia”.

Frente al tema, enfatizó que “estamos entrampados con la idea de regiones, frente a lo cual (no ayudaría) a construir más distritos con mucha más flexibilidad y estar revisándolos todo el tiempo”.

Modernización del Estado y libertad sindical

A su turno, José Pérez, presidente Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), presentó los alcances del anteproyecto constitucional en materias sindicales y laborales, oportunidad donde expuso un conjunto de propuestas en la materia.

“Rechazamos categóricamente, con mucha fuerza, cuando se presentan iniciativas que tengan por objeto prohibir o limitar el derecho a la libertad sindical, a la organización colectiva, a la huelga del sector público. Es mantener un cerrojo que perjudica la democracia y que perjudica a una gestión pública moderna”, aseguró el dirigente.

Pérez, expuso la importancia de un “trabajo decente” (en el sector público), como parte de la “defensa del empleo público” en la constitución, que -a su juicio-, llevaría a ejecutar de buena forma las políticas públicas, que sería “el desafío de los gobiernos de turno”.

“Un empleo decente, significa un empleo con estabilidad, con carrera funcionaria, el cual propicie el desarrollo de las personas”, recalcó el titular de la ANEF.