Debaten sobre el derecho a la igualdad ante la ley

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Un nuevo debate se desarrolló en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, donde los consejeros y consejeras de los distintos bloques expresaron sus puntos de vistas respecto al derecho a la igualdad ante la ley, al revisar las enmiendas de una parte del Capítulo II del anteproyecto de la Comisión Experta.

Igualdad ante la ley:

La redacción del anteproyecto en el artículo 16 (inciso 3 párrafo dos) que dice que “se prohíbe toda forma de discriminación, directa o indirecta. Los poderes públicos, en sus actuaciones, deberán tener especialmente en consideración la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria”, provocó el debate entre los integrantes de esta instancia del Consejo Constitucional.

En concreto se discutió sobre la interseccionalidad, la cual es la interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona, como por ejemplo el género, la raza, la edad, la condición social, la ubicación geográfica, entre otros.

Los consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano cuestionaron esta parte. La primera en argumentar fue la consejera de RN, Ivonne Mangelsdorff, quien dijo: “es esencial eliminar el concepto de interseccionalidad que se encuentra en este derecho, ya que vulnera la igualdad ante la ley y excluye a las personas que se encontrarían en una situación de vulneración. Nosotros eliminamos esta clausura, porque solo provoca mayor desigualdad en el trato y, a nuestro juicio, no deben existir privilegios”.

En el mismo contexto, la consejera republicana, María de los Ángeles López, cuestionó esta norma del anteproyecto y dijo que esta “lleva a discriminar aún más y puede generar motivos identitarios, creando diferencias entre distintas categorías de personas. Por lo mismo, eliminamos la interseccionalidad, dado que es un instrumento que se ha utilizado para usar el activismo judicial. La justicia es y debe seguir siendo ciega, y en sus manos levanta siempre la balanza en perfecto equilibrio que por siglos ha simbolizado la igualdad ante la ley, porque esa es la base de un estado de derecho”.

A su turno, la consejera UDI, Carolina Navarrete señaló que la propuesta de su bancada dice relación con que “las políticas que prevengan o sancionen la discriminación arbitraria considerarán la situación de las personas, pero sin que existan privilegios», agregando que la idea es «impartir justicia ciega y actuar sobre la base de que todos los hombres son iguales ante la ley”.

La que respondió a estos comentarios fue la comisionada Catalina Lagos, quien expresó que “todos los argumentos de la derecha no se sustentan, sino que por el contrario sus enmiendas niegan las diferencias que existen entre las personas. La ley lo que busca es proteger esas diferencias y evitar que haya desigualdad”.

Mientras que por el bloque Unidad para Chile, la consejera María Pardo replicó que “acá no se trata de proteger identidades, pues la intersecionalidad no habla de eso, sino que se refiere a un contexto social que hay que tener en consideración a la hora de fallar por parte de los jueces y de ejercer el poder público. Esto no es un capricho».

En el mismo articulo 16, el oficialismo también presentó una enmienda para sustituir en el inciso 3°, párrafo 2°, el punto seguido por una coma, e intercalar entre la palabra “indirecta” y “los”, lo siguiente: “en especial cuando se funde en motivos tales como raza, etnia, color, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, idioma, enfermedad, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, nacionalidad, situación socioeconómica o cualquier otra condición social”. La consejera Kinturay Melin (RD) dijo que esta indicación busca incorporar el concepto de “categorías sospechosas” conforme a lo que ha desarrollado el derecho comparado internacional y los derechos humanos, porque muchas veces se cae en discriminación con ciertos grupos de la sociedad.

Junto con hacer un llamado a los consejeros a entender que «no es un debate sobre quien tiene la verdad, sino que es un espacio para buscar entendimientos y acuerdos», el comisionado Máximo Pavez dio su opinión sobre esta última enmienda y expresó que “las categorías sospechosas son razonables, y para cumplir el propósito de la no discriminación, éstas no son esenciales, por eso no fueron incorporadas en el anteproyecto”.

Garantías a los derechos:

También el debate se centró en los artículos 23,24 y 25, y en las Iniciativas Populares de Norma 7.999, 10.687 y 10.887. Respecto al artículo 24 sobre deberes constitucionales, que se refiere a que “el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación (…), se generó otra discusión.

Los consejeros republicanos presentaron una propuesta distinta que dice lo siguiente: “El legislador, al armonizar los derechos fundamentales entre sí con las justas exigencias del bien común, deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a: a) El desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos. b) El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho. c) La no discriminación arbitraria. d) La promoción de condiciones justas para el ejercicio de estos derechos. e) El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal y priorización en la población más vulnerable. f) La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda”.

El comisionado Domingo Lovera expresó sus reparos a dicha indicación, señalando que “las bases que regulan este Proceso Constitucional se refieren a la inclusión de un Estado social y democrático de derecho, y la idea fue garantizar ciertos derechos sociales que redactó la Comisión Experta, aunque éstos están acotados en el anteproyecto».

Además, subrayó: «Yo tengo el temor de que las enmiendas que se han sugerido apunten en un sentido opuesto y que terminen dejando al Estado social como una clausura de papel sin posibilidad de realización efectiva. El Estado no solo armoniza los derechos sociales, sino que también hace otras cosas con las justas exigencias del bien común, como son la coordinación, la supervigilancia, la regulación, etcétera. Creo que esta enmienda no es técnicamente adecuada».

Quien contestó al comisionado Lovera fue el consejero de la bancada republicana Luis Silva, quien sostuvo que “con estas enmiendas no estamos desconociendo el común sentir de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. No está en nuestro espíritu desconocer esta materia y la necesidad de nuestro país”.