Consejeros exponen enmiendas sobre carga tributaria, salud, educación y medio ambiente

La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales inició la presentación de las enmiendas presentadas por las diversas bancadas del Consejo Constitucional.

En primer lugar, le correspondió al consejero Jorge Ossandón (PRep) argumentar los principios tributarios constitucionales que orientan las enmiendas presentadas al Capítulo II sobre derechos económicos del anteproyecto de la Comisión Experta, en particular al numeral 30 del artículo 16.

Ossandón señaló que el anteproyecto recoge el estatuto clásico de las garantías de los contribuyentes, pero en vista al establecimiento de un Estado social y democrático de derecho es necesario avanzar en otras garantías complementarias:

1. Precisar el principio de igualdad de tributos con un criterio de equivalencia que permita determinar si una imposición o beneficio cumple con el deber de dar el mismo trato a los iguales.
2. Los tributos, individual o en su conjunto, no deben tener un alcance confiscatorio. Al respecto, señaló que “el sistema tributario no debe terminar por consumir la capacidad económica de un contribuyente”; y que lo importante no es el número de tributos que gravan a una persona, sino el sacrificio que para su derecho de propiedad implica el cumplimiento de estas obligaciones.
3. Incluir el principio de la capacidad contributiva, en el sentido que las personas deben ser gravadas “de acuerdo a sus medios económicos” (enmienda para modificar el art. 38, número 6). Asimismo, explicó que por ello se propone una enmienda para que el legislador siempre considere los gastos necesarios de vida y cuidado de la persona o familias, en la determinación de la renta de las personas.
4. Por último, el principio de racionalidad y simplicidad del gasto tributario, para orientar la legislación y que los impuestos sean fáciles de entender, apuntando a la certeza jurídica.

Entre las consultas, la consejera Pilar Cuevas (RN) se refirió a la enmienda que busca eliminar el pago de contribuciones por la vivienda principal. En ese sentido, recordó que estas son parte fundamental del Fondo Común Municipal, donde el 60% de este fondo se constituye a partir de este impuesto territorial.

Afirmó que al escuchar los fundamentos que sostienen estas enmiendas, cobra sentido siendo este un derecho social, pero le preocupa si existen datos de cómo afectará los ingresos municipales esta propuesta.

Al respecto, el consejero Ossandón recordó que el anteproyecto eleva a un derecho fundamental el acceso a la vivienda y reconoce a la familia como el núcleo en que se funda la sociedad. Por ende, planteó, cómo se puede materializar la efectividad de este derecho “si el mismo Estado podría vulnerarlo por el no pago de un impuesto”.

Salud, Educación y Medio Ambiente

En segundo término, los consejeros UDI Carlos Recondo y Arturo Phillips explicaron algunas de las enmiendas presentadas al anteproyecto, en materias como los derechos a la salud, educación y medioambiente.

Recondo inició con la enmienda que busca modificar el artículo 16, en su numeral 20, que regula:

“El derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, que permita la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

a) Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza y su biodiversidad.

b) De acuerdo a la ley, se podrán establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.”.

Al respecto, precisó que plantean eliminar las palabras sano y sostenible y remplazarlas por “equilibrado y compatible con el desarrollo”.

Indicó que buscan una armonía entre la explotación de los recursos naturales y la actividad humana evitando la afectación permanente del medio ambiente para las generaciones futuras. Pero que el concepto sano es de múltiples interpretaciones y de constante evolución, por lo cual sería riesgoso “como un derecho sujeto a reclamación ante un tribunal”, si no está perfectamente definido.

Además, precisó que el derecho a un medio ambiente no es sostenible, porque lo sostenible es el desarrollo del país y habría acá un error conceptual en el anteproyecto.

El consejero, además, dijo que también proponen reemplazar en esta misma norma el uso de la palabra preservación y reemplazarla por protección, puesto que, en el resguardo del medioambiente, preservar es mucho más restrictivo e intenso; es la idea de mantener un medio ambiente inamovible o impoluto y “nos parece que puede ser un tanto exagerado”.

En cuanto al derecho a la salud, las enmiendas de los consejeros de la UDI plantean incorporar que “las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos, cuidados paliativos e insumos médicos en los casos y formas que establezca expresamente la ley”.

Carlos Recondo sostuvo que es importante “reconocer constitucionalmente la problemática de los medicamentos y el derecho de las personas a los mismos, que es esencial para la calidad del sistema de salud”.

 

Por último, defendió la enmienda que propone que: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que en ningún caso podrá establecer diferencias arbitrarias en razón de la naturaleza jurídica de estas entidades”.

Esto porque la redacción actual del anteproyecto -que habla de estatales o privadas- podría suponer “que los sistemas mixtos futuros tengan cualquier proporción, “pudiendo incluso eliminar el sistema privado”, y con esta opción aseguramos que estén siempre ambos sistemas.

Sobre esta enmienda, la consejera Paloma Zúñiga (RD) consultó si se refieren a proteger a los privados como prestador o se refieren a una protección a las isapres.

El consejero Recondo respondió que no se refiere a instituciones específicas como las isapres, sino a todas aquellas que prestan servicios de salud a la población, como por ejemplo Teletón o Coaniquem.

Finalmente, el consejero Arturo Phillips abordó las enmiendas referidas al derecho preferente de los padres en materia de enseñanza y la convivencia en el ámbito escolar.

La primera enmienda presentada establece que “Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.

Explicó que esta norma va en concordancia con las bases institucionales establecidas para el proceso constitucional, pero que, si bien fueron recogidas en el anteproyecto a propósito de la libertad de enseñanza, “consideramos que se trata de una consagración insuficiente” y que requiere un mayor desarrollo.

Sobre libertad de enseñanza, señaló que plantean incorporar la siguiente enmienda al anteproyecto:

“Las autoridades de las instituciones educacionales de todo nivel deberán velar por el respeto al interior de la comunidad educativa, adoptando las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia, en conformidad a la ley.

El consejero Phillips enfatizó que esta enmienda sintoniza con graves problemas actuales de nuestra sociedad, ya que “la violencia se está tomando los establecimientos (…), las salas de clases y el respeto a la autoridad”.

Sobre esta propuesta, la consejera Karen Araya (PC) señaló que el contenido de la ley Aula Segura no ha resuelto el problema de violencia en las escuelas. Por ello, consultó si no sería mejor normas que permitan mejor integración de los niños, niñas y adolescentes en lugar de plantear de inmediato las sanciones.

Phillips aclaró que “no venimos a constitucionalizar el cuerpo legal de Aula Segura” y que este concepto de convivencia está presente en diversos cuerpos normativos, como la Ley general de Educación, la de Subvenciones, de inclusión, etc».

El consejero UDI agregó que “la normativa es bien precisa y dice relación con el respeto en las comunidades educativas, con la paz”. Y, concluyó que es bien claro el problema que tenemos hoy día con la violencia y la pregunta es “si queremos también establecer un mandato al legislador para que se haga cargo de esto”.

 

Revisa acá la sesión completa de la comisión: