Consejeros de Unidad para Chile piden extender fiscalización a privados en materia de corrupción

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Consejeros de Unidad para Chile piden extender fiscalización a privados en materia de corrupción

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Medidas contra la corrupción son parte de las enmiendas presentadas por las y los consejeros del bloque Unidad para Chile, las que incluyen ampliar la fiscalización al mundo privado, cuando se gestionan recursos públicos. Tales propuestas iniciaron su debate en particular, este miércoles, en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos al discutir las indicaciones al Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional que comprende los artículos del 1 al 15 del anteproyecto.

La sesión comenzó con el debate sobre la Integridad Pública para modificar el artículo 10 del texto propuesto por la Comisión Experta. Entre el conjunto de indicaciones, los consejeros del oficialismo propusieron intercalar un nuevo inciso (N°2) en el siguiente tenor: “Es deber del Estado y de todas las personas promover y contribuir a erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado, debiendo los órganos del Estado adoptar medidas eficaces para su prevención, persecución y sanción efectiva, actuando coordinadamente”.

La consejera Kenturay Melin (RD) y el consejero Yerko Ljubetic (CS) defendieron esta indicación porque «es indispensable controlar y fiscalizar toda materia relacionada con la probidad», no sólo para el sector público, sino también para el sector privados.

En desacuerdo, el consejero republicano Luis Silva dijo que “todos los delitos de corrupción tienen como sujeto activo a un empleado público, exceptuando el soborno porque es el único que comete un particular”. Propuso mejorar la redacción de la indicación “porque hablar de corrupción en el sector privado, empatándolo con el público, creo que sería un error conceptual”.

A su turno, el consejero Ljubetic respondió que están dispuestos a mejorar la redacción, pero lo primordial es “incorporar a los privados cuando les toca gestionar, administrar o ejecutar recursos de todos los chilenos”. Enfatizó que la idea es avanzar mucho más y ampliar los estándares de transparencia y probidad.

Agencia Nacional contra la Corrupción

Por su parte, la consejera Ivonne Mangelsdorff, en la misma materia, defendió las enmiendas presentadas por su bancada RN-Evópoli que señala que “existirá un órgano colegiado, autónomo de derecho público y con patrimonio propio, denominado Agencia Nacional contra la Corrupción, que tendrá por función la prevención de esta. Para tales efectos, la Agencia colaborará con los órganos encargados de la prevención, investigación y sanción del delito, mediante la elaboración de informes técnicos y el análisis de políticas públicas. Una ley institucional determinará sus competencias, organización y demás funciones”.

Sobre este órgano, el consejero Fernando Viveros (PC) consultó cómo operaría esta entidad y cuáles serían sus principales funciones. La consejera Mangelsdorff contestó que “el año 2022 la Contraloría anunció la estrategia contra la corrupción, y después de un año, nos damos cuenta que ha sido insuficiente porque es simplemente un plan. Entonces, no es lo mismo tener una agencia independiente y transversal destinada a investigar, prevenir y frenar casos como los que estamos viviendo hoy en día”.

Republicanos y UDI

El consejero Miguel Rojas, a nombre de la bancada del Partido Republicano, explicó las enmiendas que presentaron al art. 10 e indicó que “esta es una propuesta integral, pues Chile ha hecho esfuerzos importantes como la creación del Consejo para la Transparencia, pero no han sido suficientes. Hay mucho que hacer porque estamos en un momento clave para el país, y no lo podemos desperdiciar».

Y agregó que «la corrupción es la cuestión más complicada de nuestros tiempos que implica gastos de recursos públicos, aumento de la desigualdad económica y genera desconfianza institucional». Rojas subrayó que «este flagelo afecta el bienestar, la distribución y prestaciones sociales de que quienes más lo necesitan”.

A su vez, la consejera Carolina Navarrete (UDI) -al defender las enmiendas de su bancada en materia de probidad en los cargos estatales- sostuvo que “no cabe duda que al momento de ejercer cualquier función debe obrar la buena fe, y eso es lo que se espera en una sociedad democrática como en la que vivimos, pero aún más importante en el servicio público; por lo mismo queremos elevar esto a un nivel constitucional”.

Medio ambiente, emblemas nacionales y deberes del Estado

Los consejeros (as) de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos también defendieron sus indicaciones en temas de medio ambiente, deberes del Estado y sistema de gobierno, y emblemas nacionales. Respecto a este último punto, se debatió la enmienda al artículo 13 del anteproyecto que pretende sumar un inciso, presentada por las y los consejeros Mariela Fincheira, María Gatica, Beatriz Hevia, María de los Ángeles López, Carmen Montoya y Miguel Rojas que dice: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El incumplimiento de estos deberes será sancionado por la ley”.

El consejero Rojas explicó que la intención de esta indicación es establecer la importancia de los emblemas nacionales y los efectos jurídicos de no respetarlos, considerando los “graves atentados” ocurridos contra los símbolos patrios «como lo que sucedió en el estallido social del 2019».

Las comisionadas Verónica Undurraga (presidenta de la Comisión Experta), Magaly Fuenzalida y Catalina Lagos, así como las y los consejeros Kenturay Melin y Fernando Viveros pidieron a los republicanos que explicaran más a fondo esta enmienda, porque -ente otros aspectos-  «puede poner en peligro la libertad de expresión de las personas”. La consejera María Gatica respondió: “¿qué lectura se da al acto de quemar una bandera?, yo creo que simplemente atacar los emblemas patrios y destruir todo lo que significa el patriotismo chileno. Ahí hay una intensión o de lo contrario se harían otro tipo de manifestaciones; entonces es muy importante tener en cuenta qué está pasando detrás de esto”.

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