Comisionados e invitados debaten sobre educación, libertad de enseñanza y seguridad social

Escuchar esta noticia

“Si bien hemos avanzado, no ha sido suficiente. Si seguimos dando las mismas respuestas, encontraremos los mismos resultados”, señaló el comisionado Alexis Cortés al presentar las enmiendas sobre educación ante la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Durante la instancia, también se abordaron las indicaciones sobre libertad de enseñanza y seguridad social relativas al capítulo II del texto, “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”.

En materia de educación, Alexis Cortés señaló que “es un derecho que está en la base del Estado social y democrático de derecho. Es uno de los derechos indispensables para su concreción, para establecer condiciones de igualdad dentro de una sociedad y disminuir las brechas que terminan por reproducir lógicas que, desde el punto de vista de la justicia social, son inaceptables”.

Respecto a la participación de privados en educación, Cortés afirmó que “si se reconoce la provisión mixta, es importante establecer las condiciones para el financiamiento. No me opongo a que el Estado pueda financiar distintos proyectos educativos, pero esto no puede ser laxo. Creo que en el caso de los establecimientos, esto debería realizarse cuando la educación es gratuita y no persiga fines de lucro”.

Respecto a la selección por parte de los establecimientos, el comisionado Teodoro Ribera señaló que “yo entiendo y comparto que la educación pública está al debe, y que tenemos que fortalecerla a través de procesos de calidad. Los colegios Bicentenario son un tema discutible, pero para la gente de regiones vienen a ser lo que eran los liceos emblemáticos de Santiago. Y son sorprendentes sus resultados. Dirán que es porque seleccionan, puede ser. Pero también los sistemas democráticos requieren élites de orígenes diversos, y creo que los colegios Bicentenario introducen un sistema de formación de élite”.

Respecto a la libertad de enseñanza, el comisionado Flavio Quezada sostuvo que “tiene un gran aporte y un gran valor democrático, ya que permite una diversidad de proyectos educacionales entre los que luego la familia, los padres y los niños pueden escoger”. Por su parte, el comisionado Jaime Arancibia resaltó la labor de los docentes al señalar que “históricamente, solemos caer en abstracciones. Ha llegado la hora de contribuir realizando un reconocimiento a la figura central de esfuerzo educativo: el profesor”.

Seguridad Social

Dos invitados participaron del debate de la subcomisión respecto a seguridad social: la economista Cecilia Cifuentes, directora del ESE Business School de la Universidad de los Andes, y el abogado Hugo Cifuentes, doctor en Derecho de Seguridad Social y académico de la Universidad Católica.

Para Cecilia Cifuentes, “en Chile está instalado que las pensiones son bajas debido a que las administradoras no cumplieron lo que se les había encomendado, y eso sabemos que no es así. Aquí lo que falló fue el Estado, que no fue capaz de adaptar la regulacion de la política de seguridad social al entorno cambiante”.

La economista aseguró que el sistema de capitalización es mejor que el de reparto. “Al destinarse este ahorro obligatorio al mercado de capitales, siempre que se administren con criterios que logren el mejor mix de riesgo-retorno, se genera un impulso a la inversión, al empleo, a los salarios y contribuye a que las pensiones sean mejores. Los sistemas de reparto se hacen insostenibles desde la mirada de la responsabilidad fiscal, la que es muy importante incorporar como una de las bases constitucionales”, afirmó.

“También debería establecerse constitucionalmente que las cotizaciones que se destinan a un sistema de ahorro obligatorio son inexpropiables por el Estado. En un sistema de ahorro obligatorio, el hecho de que las cotizaciones sean inexpropiables genera los incentivos correctos en términos de cotizar, que es uno de los problemas que tenemos, y también deberían ser heredables, por generar los mismos incentivos”, profundizó.

En contrapartida a lo expuesto por la economista, el comisionado Flavio Quezada señaló su oposición a constitucionalizar el sistema actual de las AFP, “porque es dejar fuera otras opciones que en democracia son completamente legítimas. Nosotros no estamos dando una discusión constitucional desde cero -y no lo digo por la Convención-, sino que viene desde mucho antes. Cómo no vamos a llegar a un punto en el cual quien crea que las AFP y las isapres son superiores conviva en democracia con quienes no creemos eso. Más que constitucionalizar una redacción o un modelo, hay que abrir la democracia, no cerrarla”.

La comisionada Bettina Horst contestó que “tanto en el texto vigente como en la propuesta acordada por unanimidad, en ninguna parte se constitucionalizan ni las AFP ni las isapres. No están, por mucho que se quiera repetir. Las isapres son una consecuencia de la regulación de política pública que se adoptó. Están a nivel legal, y una ley las puede cambiar. Respecto a las AFP, es simplemente la participación de un privado en un rol que le entregó el Estado a través de la ley. No se está constitucionalizando”.

Respecto a los casos internacionales, el comisionado Teodoro Ribera sostuvo que “en Alemania están haciendo cambios para prolongar la edad, en Francia vimos lo que pasó, en España hubo muchos beneficios que tuvieron que ser recortados por el envejecimiento de la población. La responsabilidad intergeneracional se ha ido perdiendo, y tenemos un problema de falta de recursos. Cuando uno mira lo que está sucediendo en el extranjero, la voluntad de los Estados es fortalecer el ahorro individual, y nosotros estamos buscando un sistema inverso”.

Durante su presentación, el académico Hugo Cifuentes enfatizó en que la seguridad social es un derecho humano. “De qué nos sirve contar con un conjunto de libertades, si ellas no las podemos ejercer por carecer de las prestaciones mínimas”.

Respecto a la enmienda número 174 presentada por un grupo de comisionados (“El Estado garantiza el acceso a prestaciones suficientes y uniformes establecidas por la ley, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad…”), donde suficientes reemplaza a básicas, Hugo Cifuentes señaló que “tenemos un problema, porque si dice suficientes, cuál es el corte. Yo tendería a pensar que son básicas: la discusión está en si la prestación que otorga el Estado con cargo a recursos públicos debe llegar al nivel de superación de la pobreza o el nivel mínimo de subsistencia de las personas definida por algún parámetro que las políticas públicas consideren”.