Comisión de Principios aprueba que es deber del Estado la protección del medioambiente

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Por unanimidad, consejeros y consejeras de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos aprobaron una enmienda de unidad de propósito que plantea que es “deber del Estado la protección del medioambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo”.

La propuesta fue hecha por las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano para sustituir el artículo 12 del anteproyecto de la Comisión Experta. Antes de su votación, el consejero Yerko Ljubetic (CS) puso en alerta que la redacción original del escrito no estaba acorde con uno de los 12 bordes del Proceso Constitucional, ya que no incluía la palabra “conservación”.

Precisamente el fundamento número 12 señala: “Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad”. Luego de la advertencia, los integrantes de la instancia hicieron la corrección y el texto fue aprobado por todos.

La consejera Kinturay Melin (RD) celebró que en la Constitución se proponga proteger el medioambiente, pero lamentó que enmiendas de su sector político hayan sido rechazadas, ya que iban –dijo- en dirección a establecer la justicia ambiental y la solidaridad con las generaciones presentes y futuras a raíz del cambio climático.

En tanto, la presidenta de la comisión, María de los Ángeles López (PRep) reconoció que hubo “un error” de redacción en la enmienda, asegurando que “nunca ha estado en nuestro espíritu pasar a llevar ninguna de las bases establecidas”. La consejera Carolina Navarrete (UDI), por su parte, valoró que se haya aprobado por unanimidad una temática de este tipo.

Derecho a la cultura

Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales aprobaron la propuesta de unidad de propósitos de las bancadas de RN-Evópoli, UDI y Republicano para establecer el derecho a la cultura.

La norma -que contó con el respaldo también de los consejeros Miguel Littin (PS) y Aldo Valle (Ind-PS)- señala que el “Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica”, protege la libertad creativa, y promueve el desarrollo y la divulgación del conocimiento, de las artes, las ciencias, la tecnología y el patrimonio cultural.

La propuesta -consignada en el numeral 24 del artículo 16 sobre derechos y deberes fundamentales- indica que el Estado promoverá “la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país” y fomentará el financiamiento de la actividad cultural.

Miguel Littin dijo que no se deben detener por “un pequeño obstáculo” -en referencia al uso del término buenas costumbres que habría generado el voto en contra de la unidad de propósitos por parte del resto de las consejeras de Unidad para Chile de la comisión-.

“Saltemos esa valla (…) es intrascendente frente a la grandeza del artículo. Es intrascendente frente a la grandeza que implica para el país y para la creación” contar con apoyo y recursos para el fomento de la cultura, enfatizó.

En esta jornada, la comisión también votó normas referidas a la igual y equivalente repartición de los tributos. En este punto, se aprobó que para la determinación de estos, se considerarán los gastos que “objetivamente son necesarios y habituales para la vida y cuidado de la persona o familias”.

El consejero Jorge Ossandón (PRep) explicó que esta norma responde al principio de capacidad contributiva, donde las personas contribuyen al Estado social y democrático de derechos, a partir de los impuestos, sobre la base de su capacidad económica, que se mide no solo a partir de los ingresos, sino también de los gastos.

Ejemplificó que, a su juicio, no es similar la carga que enfrenta una persona que gana un millón de pesos y es soltera con la de una que tiene el mismo ingreso, pero con 3 hijos.

La consejera Karen Araya (PC), en tanto, fundamentó su voto en contra, porque nuevamente se trataría de una medida que favorece a las personas de mayores recursos, porque la mayoría de los chilenos -75% de las personas naturales- no paga impuesto a la renta.