Comisión de Principios despacha Capítulos I y II del anteproyecto de Constitución

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Un conjunto de materias centradas en los Capítulos I y parte del II que contiene el anteproyecto de la Comisión Experta despachó la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos durante una extensa jornada de votaciones que terminó pasadas las cinco de la mañana de este sábado 9 de septiembre.

Estado Social y Democrático de Derecho:

El artículo 1 (inciso 1) del texto propuesto por los comisionados (as) establece que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia”. Y en su inciso 2, del mismo articulado, expresa que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho (..)”. Este escrito fue modificado por una unidad de propósito, presentada por las bancadas de la derecha, que sustituye lo anteriormente mencionado por lo siguiente: “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Todo ser humano es persona. Las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad».

Y añade que «es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. Las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento”.

Con molestia reaccionó el consejero Yerko Ljubetic (CS), señalando que “ésta, como otras enmiendas de la oposición, confirma que se está desmontando la arquitectura constitucional, en la cual descansa el anteproyecto”. Recordó que este proceso constitucional nació del estallido social y de la “grave crisis política y social del país, la cual demandaba una solución urgente a los problemas de la ciudadanía. Entonces, estas indicaciones mantienen un estado subsidiario, y todo el esfuerzo que hubo de los (comisionados) expertos es alterado y distorsionado, y que más bien se impone una visión de la vida y de las personas, que si bien es legítima, es unilateral”.

A su turno, el consejero Luis Silva (PRep) contestó que “esta enmienda de unidad de propósito responde a esa secuencia sicológica experimentada de que lo obvio, por ser obvio, se calla y se olvida. El primer artículo de esta Constitución se refiere a la persona y a la forma que se desarrolla a través de la familia y las agrupaciones (…) La razón porque estamos aquí es para hacer una Carta Fundamental para las personas, la cual es un fin y nunca un medio”.

También las bancadas de RN-Evópoli, UDI y republicanos presentaron otra enmienda de unidad de propósito para sustituir el artículo 2, con el siguiente contenido: “El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. El Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece (…)». De acuerdo a su mayoría, se aprobó esta indicación por 8 votos a favor y cuatro en contra.

Tratados Internacionales:

En esta materia, se aprobó una unidad de propósito de las y los consejeros Mariela Fincheira, María Gatica, María de los Ángeles López, Ivonne Mangelsdorff, Carmen Montoya, Carolina Navarrete, Miguel Rojas y Luis Silva para sustituir el artículo 5 por el siguiente: “La Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, consagra como límite al ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar, proteger y garantizar tales derechos”.

Y agrega: “Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, atendiendo a las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. Se distinguirán las disposiciones de dichos tratados, de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los Estados en la comprensión y su aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. La ley determinará la forma y el procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción Chile ha reconocido”.

La comisionada Verónica Undurraga dijo que “la norma de tratados contenida en el anteproyecto fue el resultado de un acuerdo amplio que representaba una solución compartida entre nuestras diferencias. Las enmiendas presentadas por la derecha en este tema eran realmente peligrosas, porque desconocían obligaciones internacionales, y ésta unida de propósito, que nos hacen llegar, toma algunas de las ideas propuestas por Unidad para Chile y representan una mejora”.

Por su parte, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) defendió la propuesta, argumentando que “esta enmienda viene a robustecer lo que mayoritariamente las bancadas de la derecha no tenían acuerdo, y se logró que los tratados tuvieran rango constitucional, y a su vez mantener la participación de nuestro país en la comunidad internacional. Hubo un trabajo muy profundo, incluso respetando el anteproyecto”. Esta unidad de propósito fue apoyada por 8 a favor y cuatro abstenciones.

Salud, educación, vivienda:

Los consejeros de las distintas bancadas aprobaron el artículo 24 que asegura que “el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a: a) El desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos. b) El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho. c) La no discriminación o diferenciación arbitraria. d) La remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad. e) El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal. f) La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda”.

Al mismo tiempo, se presentó una unidad de propósito de los republicanos y la bancada RN-Evópoli, el cual se aprobó por ocho votos a favor y cuatro en contra, para sustituir las letras a), c) y d) del artículo 24 por las siguientes: a). El desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos” c). La no discriminación arbitraria. d). “Al deber de apartar las dificultades que impidan la satisfacción de estos derechos”.

Antes de la votación, la consejera Kinturay Melin (RD) justificó su rechazo al señalar que “aquí seguimos y continuamos lentamente con acciones que aniquilan y mutilan el Estado social y democrático de derecho. Estamos dificultando futuras políticas públicas en ayuda de nuestros propios compatriotas y como bancada rechazamos esta unidad de propósito, porque no se sostiene jurídicamente, y me parece poco serio e improvisado tener redacciones de este estilo y a esta hora”.

Por su parte, el comisionado Máximo Pavez respondió que se ofrece una redacción alternativa (…) yo entiendo que no satisface a un grupo de integrantes de esta comisión, pero nos parece que al menos busca recoger el espíritu de entender que cuando el Estado tenga que satisfacer las necesidades sociales va a tener que tener un rol activo para superar las dificultades”.

Personas con discapacidad:

Una polémica se generó por una unidad de propósito que presentó la bancada republicana y Chile Vamos para agregar un nuevo artículo después del 38, en el Capítulo II, el cual señala: “El Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, y en particular velará por las formas de comunicación apropiadas, así como las medidas de acceso a la información que correspondan”. La consejera Melin consideró “mala, peligrosa y poco sincera” esta iniciativa, mostrando su malestar, porque, según dijo, está en el acápite de los deberes y no de los derechos.

La presidenta de la comisión, María de los Ángeles López, propuso que esta materia se incluyera en el lugar de los principios de la propuesta constitucional e incluso -expresó- mejorar la redacción durante el Pleno del Consejo, lo cual fue rechazado por el oficialismo y votó en contra. No obstante, la propuesta fue aprobada por 8 votos a favor y cuatro en contra.

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