Comisión de Principios debate enmiendas sobre el derecho a la vida del que está por nacer

Escuchar esta noticia

La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos inició el debate de las enmiendas presentadas a los incisos 1 a 19 del artículo 16 del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución.

La primera en exponer fue Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos y profesora de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, quien fue invitada por la bancada Unidad para Chile, y se refirió a las indicaciones sobre la protección a la vida del que está por nacer y la maternidad presentadas consejeros (as) del Partido Republicano y Chile Vamos.

Para Casas estas propuestas “sólo coartan” la posibilidad de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus vidas. Además, criticó puntualmente la enmienda de la bancada de Renovación Nacional-Evópolis, que incorpora en el inciso 1, el siguiente párrafo: “Se protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”.

Salió al paso, la consejera Ivonne Mangelsdorff, quien defendió la enmienda de su bancada y aseguró que no se busca restringir o perjudicar lo que las mujeres han ganado durante estos años.

Igualdad y probidad

Sobre el inciso 3 del mencionado articulado del anteproyecto, relativo al derecho a la igualdad y la protección ante la ley de hombres y mujeres, la no discriminación y que no hay persona ni grupo privilegiado, la comisionada Catalina Lagos defendió una enmienda de la bancada Unidad para Chile, que agrega a esa norma: “en especial cuando se funde en motivos tales como raza, etnia, color, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género (…)”.

Lagos argumentó que estas categorías «siguen de cerca las establecidas en la Convención Interamericana de DD.HH y en la Ley Zamudio. No es un catálogo cerrado, sino que abierto a fin de proteger la libertad y la no discriminación de las personas”.

En materia de seguridad, anticorrupción y libertad de las personas, la consejera Ivonne Mangelsdorff defendió las enmiendas de la bancada de Renovación Nacional-Evópolis sobre probidad. Al respecto, incorporan dos nuevos párrafos al inciso 19: Uno que establece inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a funcionarios del Estado condenados a pena aflictiva por delitos que atentan contra la probidad pública.

Otro: la obligación de adjudicar contratos o recursos públicos con licitación de por medio bajo estrictos requisitos. La consejera añadió que la crisis actual amerita una respuesta «contundente» del Consejo Constitucional para restablecer la confianza de la ciudadanía.

Derechos y garantías

Gabriel Bocksang, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, invitado por la bancada del Partido Republicano, se refirió, entre otras enmiendas a una de consejeros (a) republicanos que señala: “(…) el ejercicio de los poderes sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. Las garantías penales mínimas y el derecho a un debido proceso se aplican al ejercicio de las potestades sancionadoras administrativas”.

El profesor opinó que “esta es una enmienda limpia, aunque es más compleja porque reformula el numeral completo (artículo 16 numeral 9) del anteproyecto, y apunta a recoger una visión más amplia, histórica y dogmática que debe regir en el derecho sancionatorio administrativo chileno; es decir, los principios constitucionales imperan sobre todo el derecho, tanto el penal como el administrativo, garantizando la protección de las personas”, subrayó.

Gonzalo García, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes, invitado por la bancada de Renovación Nacional-Evópolis, expuso sobre las garantías penales mínimas, referidas al artículo 16 numerales 8 y 9. Si bien valoró el anteproyecto de la Comisión Experta en esta materia, así como las enmiendas que se presentaron, sugirió hacer cambios en algunas de ellas para que no afecten la garantía de los derechos de los ciudadanos.