Comisión de Principios debate catálogo de derechos y libertades fundamentales

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Consejeros y consejeras de las distintas bancadas debatieron un conjunto de enmiendas sobre el catálogo de derechos y libertades fundamentales durante una nueva sesión de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, donde revisaron el contenido de parte del Capítulo II que comprende el artículo 16.

Derecho a reunión y asociarse

El inciso 16 de ese articulado del anteproyecto propone lo siguiente: “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por lo dispuesto en esta Constitución y la ley”. Las bancadas de Unidad para Chile agregaron intercalar a continuación de la expresión “reunirse” por “o manifestarse”.

Contraria a esa propuesta se mostró la comisionada Marcela Peredo, quien indicó que es indispensable diferenciar los derechos que se están revisando, ya que el «a reunión» “es con un fin determinado y privado”, mientras que el «a manifestar» debe regirse por la ley “para no generar daños a terceros”. Tal planteamiento va en sintonía con la enmienda de la bancada de la UDI, la cual señala que “quienes participen en éstas, deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada”.

A su turno, la consejera Marcela Araya (PS) respondió que en un país democrático la ciudadanía tiene el «derecho a manifestarse» y eso debe estar regido por la nueva Constitución.

Derecho a la libertad de expresión

Respecto al derecho a la libertad de expresión, información y opinión, considerado en el inciso 14 del articulo 16 del anteproyecto, el bloque Unidad para Chile propuso un nuevo literal que comprende lo siguiente: “el Estado mantendrá un canal público de televisión que refleje las distintas visiones de la realidad nacional, en base al interés público, pluralismo, diversidad cultural y criterios de calidad. Este canal deberá promover y financiar en modalidad de coproducción la creación de obras fílmicas y audiovisuales nacionales e internacionales”. El consejero Miguel Littin (PS) defendió la propuesta: “necesitamos una televisión diversa, pluralista, democrática y que sirva al país para su desarrollo social, cultural y artístico, lo que actualmente no existe”.

Subrayó que “hoy la televisión nacional no cumple con la labor de informar de manera imparcial y equilibrada de norte a sur de Chile, y todo lo que comunica es lo mismo que informan los demás canales, creando un clima de casi terror a vivir en este país. La TV hoy día, a mi juicio, es una verdadera escuela del crimen, de la delincuencia y no lleva a desarrollar una identidad nacional como está establecida en la ley del año 1968; y por eso presentamos esta indicación para que la TV pueda garantizar la libertad de expresión y el equilibrio de la información”.

La que manifestó su inquietud respecto a este tema fue la consejera republicana María Gatica, quien preguntó por qué darle un estatus especial a TVN en la Constitución y un financiamiento público en una situación de privilegio respecto a sus demás competidores. De manera inmediata, la consejera Kinturay Melin (RD) respondió que “es importante que nuestra constitución establezca claramente la forma de la libertad de expresión».

Reforzó que por ejemplo en las regiones, como la Araucanía, «donde hay muy poca inversión privada y los canales de televisión de las universidades y TVN son fundamentales para el acceso de información local y descentralizada, es primordial rescatar un cambio en esto, ya que la idea es tener pluralidad y diversidad en este tema”.

Derecho al respeto a la privacidad

La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos también revisó los derechos a la honra, a la privacidad y a la protección de los datos personales, que comprenden los incisos 10, 11 y 12 del articulado mencionado. En su tiempo de exponer las indicaciones de la bancada del Partido Republicano, el consejero Miguel Rojas propuso unificar estos puntos debido a que -argumentó- no hay diferencias de fondo en esta materia. No obstante, el oficialismo, a través de la comisionada Catalina Lagos, se mostró contrario.

Lagos sostuvo que “el tratamiento de tales derechos tiene objetivos muy distintos para que sea un avance y un aporte sustantivo a la jurisprudencia de nuestro país. Por eso, la Comisión Experta los redactó de manera separada como nueva propuesta a la Constitución”.

Derecho a un trato digno

Durante el debate se habló sobre “el derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo, por parte de los órganos de la Administración (…)” como señala el anteproyecto, los consejeros (as) de Chile Vamos, Unidad para Chile y Partido Republicano valoraron la propuesta de la Comisión Experta, enfatizando -a través de sus indicaciones- que las personas necesitan tener un servicio de calidad y respeto por parte de los órganos del Estado.

En cuanto al “derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado, sin otra limitación que las causales de secreto o reserva que establece esta Constitución” como proponen el texto de los comisionados, el bloque Unidad para Chile presentó una indicación para que también sean reguladas las entidades privadas que administren “recursos públicos”.

La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) preguntó si no sería mejor establecer este aspecto en la ley que en la Constitución, en ese contexto, el consejero Yerko Ljubetic (CS) respondió que es de gran importancia subir los estándares de probidad, ya que lamentablemente hay una desconfianza de la ciudadanía sobre todo tipo de empresa, ya sea estatal o particular.