Comisión de Principios: Cruce de opiniones por recurso de protección a las prestaciones sociales

Un cruce de posiciones se produjo en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos durante el debate que se desarrolló por la acción de protección a las prestaciones sociales contempladas en el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales del anteproyecto.

La sesión inició su debate con el artículo 26 inciso 2 de la propuesta de la Comisión Experta, el cual contempla que al tratarse de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, los que por «causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de prestaciones legales o discriminación en el acceso a las mismas, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho”.

Contrarios a esta propuesta se mostraron  los consejeros de Chile Vamos y del Partido Republicano, quienes a su vez hicieron defensa de sus enmiendas, las que dicen relación con que serán los tribunales de justicia los encargados de ordenar a la autoridad competente el cumplimiento de la ley y que los mismos “no podrán definir o incidir en el diseño o implementación de políticas públicas que puedan afectar la responsabilidad fiscal, ni establecer prestaciones no señaladas expresamente en la ley, ni adoptar medidas que tengan por objeto afectar a personas que no han sido parte en el procedimiento”.

Sobre las indicaciones de las bancadas de la oposición, el consejero Fernando Viveros (PC), señaló que “la lógica del recurso de protección es de crear una acción cautelar formulada en términos amplios que incluya todos los derechos sin distinción alguna, ya que la posibilidad de acción a favor de ellos permite que sean eficaces, y por lo tanto si no es así tienen el riesgo de ser letra muerta. Las enmiendas de la derecha restringen sobre manera ésto en los términos formulados en el anteproyecto”.

La consejera Marcela Araya (PS), por su parte, indicó que “valoramos como un avance sustantivo» la propuesta del anteproyecto en esta materia, sin embargo sobre «todas las enmiendas que alteren el fondo de esto y vayan en dirección de excluir, restringir y relativizar la vigencia práctica de los derechos sociales, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto”.

Al apoyar las indicaciones de la bancada RN-Evopolis, el comisionado Jaime Arancibia, señaló que estas “apuntan a establecer un elemento de mayor precisión en cuanto a la obligación de satisfacer los derechos sociales, es decir, que se le entregue más poder a la administración versus el juez para efectos de ejecutar y determinar una política pública y social. Otorgarle a los tribunales la potestad de distribuir o satisfacer derechos sociales solo con el instrumento de la ley, pasando por encima de criterios administrativos, me parece riesgoso porque se reproduce el activismo judicial”.

Para el consejero republicano Luis Silva, las enmiendas de su bancada, ante el temor de que los tribunales se excedan en sus competencias ampliando la protección a expectativas que están fuera de la ley,  le ponen «el atajo a esta tendencia expansiva de los jueces de inmiscuirse en el rol de la política, y quizás el caso más ilustrativo y actual son las sentencias a las Isapres. Los jueces no pueden hacer el papel de legislador».

Estados de Excepción:

Además, los consejeros y consejeras se refirieron a los artículos 30, 31, 32, 33, 43, 35, 36 y 37 sobre los estados de excepción. La derecha recalcó –a través de sus enmiendas- que el Estado «no ha tenido la capacidad de restablecer el orden público y la paz en las zonas que actualmente están afectadas con actos de violencia», asegurando que esta medida se transformó «en una norma y que -en definitiva- no resguarda del todo los derechos de las personas».

Sobre los estados de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, la bancada de la UDI agregó la frase –en el anteproyecto- “o grave amenaza terrorista”. La consejera Carolina Navarrete sostuvo que “este es un tema muy sensible y estoy convencida de que todos podemos llegar a un consenso por una materia que es muy sentida por la ciudadanía. Nosotros lo que buscamos con esta enmienda es incluir la amenaza del terrorismo, tal como ocurre, lamentablemente, en varias regiones del país, y que quede plasmado en la nueva Constitución”.

Por los republicanos defendió sus propuestas la consejera Mariela Fincheira, quien dijo que su bancada plantea un nuevo artículo, el cual enfatiza –entre otros puntos- en que “el Presidente de la República podrá mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que deba ser protegida».

Fincheira sostuvo que la “violencia, narcotráfico, robo de de distintas maneras, incendio de templos religiosos y escuelas, terrorismo y ataque con armas de fuego y muertes, son algunas de las situaciones que enfrentamos a diario en la Macrozona Sur. En mi región (La Araucanía) llevamos un año y medio con esta medida, pero no se otorga seguridad, orden y paz».

Al proponer suprimir el articulo 37 del anteproyecto que dice que “para la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional, el Presidente de la República y el Congreso Nacional considerarán la proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional”, la consejera de Renovación Nacional, Ivonne Mangelsdorff, dijo que esta norma es “inocua, por no decir, inútil, porque su incumplimiento no se puede reclamar ante los tribunales de justicia. Por lo tanto son palabras carentes de exigibilidad; y el Estado es débil y no resguarda a la ciudadanía”.

La comisionada Catalina Lagos se mostró contraria a estas enmiendas y a las opiniones de la oposición, diciendo que “desnaturalizan el carácter excepcional de esta medida, porque es una causal preventiva y no opera sobre hechos concretos”.  Agregó que el terrorismo no se combate con los  estados de excepción sino con otro tipo de políticas”.

Para la comisionada Verónica Undurraga es un “error confundir lo grave con lo excepcional”, añadiendo que las enmiendas de la oposición “no tienen mucho sentido que prosperen”.  El consejero Yerko Ljubetic (CS), por su parte, hizo un llamado a hacer “un esfuerzo de separar lo contingente con el debate por una nueva Constitución”, manifestando que «estamos de acuerdo de que cada vez lo excepcional se va volviendo una norma y, por lo mismo, hay que ser cuidadosos en esta materia”.

Ljubetic agregó: “para nosotros es muy preocupante que se insista en soluciones que, tal como todos reconocemos, no han tenido los resultados esperados. Es la hora de tomarse en serio este problema y no insistir en modalidades que no arrojan soluciones concretas y que ponen en riesgo los derechos de las personas”.

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