Comisión de Derechos revisó enmiendas sobre desarrollo de actividades económicas

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Con el debate en materias como el derecho de propiedad, la participación del Estado en actividades económicas y los derechos de autor, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales concluyó la revisión de las enmiendas presentadas por los diversos consejeros al Capítulo II del Anteproyecto, respecto de derechos y libertades fundamentales.

La instancia destinará la próxima sesión a debatir las iniciativas populares de norma presentadas al capítulo, y el capítulo XIII, sobre medio ambiente, antes de dar inicio en las próximas jornadas a la votación del texto.

En la primera parte de la jornada, la comisión se abocó a debatir las indicaciones que proponen fijar restricciones a las empresas públicas para regular, fiscalizar o supervigilar las actividades comprendidas en su giro o el uso de facultades para administrar infraestructura pública.

Sobre el punto, la consejera Karen Araya (PC) criticó, lo que llamó el miedo al Estado, y la poca disposición para desarrollar empresas estatales. Añadió que las enmiendas impiden los mínimos avances logrados con el anteproyecto.

El consejero Germán Becker (RN) respondió que no es miedo al Estado empresario, pero este “ha demostrado ser muy ineficiente”, con costos más altos que la empresa privada, con ineficiencia en el uso de los recursos o con mucho personal para el trabajo que se desarrolla.

A su vez, el consejero Carlos Recondo (UDI) precisó que les preocupa que el Estado ejerza acciones “en favor de las empresas públicas en desmedro de la actividad privada”. Agregó que plantean que el Estado promueva la libre competencia y la libre participación del sector público y privado, pero bajo las mismas condiciones.

En la misma línea, el comisionado Jaime Arancibia indicó que, si estamos aceptando que las empresas públicas compitan en iguales condiciones con las privadas del rubro, cualquier potestad que implique regular o fiscalizar a su propio competidor podría atentar contra esa neutralidad competitiva.

El comisionado Flavio Quezada, en tanto, dijo entender que existan ciertas visiones políticas o ideológicas sobre este tema, “donde algunos podrán creer per se indeseable que exista actividad empresarial del Estado, otros podrán creer lo contrario”.

Pero, aseguró, estas enmiendan restringen o impiden -constitucionalmente- y atan al legislador de usar un instrumento legítimo en democracia para satisfacer las necesidades colectivas.

El consejero Aldo Valle (Ind-PS), compartiendo que la actividad empresarial del Estado no puede tener un carácter monopólico o impedir -finalmente- la actividad privada, planteó que es un error incluir en esta norma a los organismos administrativos que se relacionan con las empresas sobre la base de una legislación. Dijo que debería modificarse la redacción para lograr el efecto más preciso que se busca, para que no tenga como efecto el invalidar buena parte de la legislación o que se termine declarando en interdicción a la administración del Estado.

Jorge Ossandón (PRep) reiteró que la idea es que los actores estatales, dentro del mundo empresarial, no puedan ejercer potestades que los sitúe en una posición privilegiada frente al resto de los actores. En ese sentido, se allanó a buscar una redacción más acorde.

Derecho de propiedad

En materia de la regulación del derecho de propiedad, el texto del Anteproyecto consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas o que deban pertenecer a la Nación toda.

Asimismo, que nadie podrá ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.

En este aspecto se criticó -por parte de la bancada Unidad para Chile- la excesiva regulación que se busca dar a las expropiaciones, mediante las enmiendas; y que el detalle debiese quedar en manos de la ley.

Por el contrario, el consejero Ossandón remarcó que no están en contra de la posibilidad que el Estado pueda expropiar, pero quieren garantizar que exista la debida indemnización.

En otro punto, el texto también regula la entrega de concesiones por parte del Estado en materia de exploración o explotación de minerales.

La consejera Pilar Cuevas (RN) explicó, en este acápite, la indicación que incluye a los hidrocarburos líquidos o gaseosos de la posibilidad de concesión. Aseguró que con esto se pondría fin a un tratamiento diferenciado que no tiene justificación ni razón objetiva de mantenerse.

Karen Araya (PC) manifestó que, si bien el país no es productor de petróleo o gas en forma importante, dada su relevancia estratégica no vale la pena innovar en su regulación y abogó por mantener la prevalencia del Estado en su explotación.

Por otra parte, la consejera Nancy Márquez (CS) cuestionó que se plantee agregar que las concesiones tendrán una duración indefinida porque -a su juicio- se deben poder revisar dependiendo de las condiciones de mediano y largo plazo, como puede ser en el caso del agua.

Desde las bancadas de derecha se justificó en la necesidad de otorgar seguridad y certeza respecto a las concesiones de los bienes de uso público, especialmente en el sector minero, dado los altos costos que suponen dichas inversiones y contar con condiciones un poco más favorables en el país para promover la inversión e incentivar el crecimiento económico, fundamentó el consejero Recondo.

Finalmente, la comisión también debatió en esta jornada las enmiendas presentadas a las normas sobre el derecho de autor sobre sus obras, el derecho de los consumidores, así como de la enmienda que propone añadir el derecho a la alimentación adecuada para sí y su familia.