CNTV valora propuesta de rango constitucional y pide ampliar su fiscalización a medios digitales

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El presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Mauricio Muñoz, valoró que el anteproyecto de la Comisión Experta proponga que dicho órgano tenga rango constitucional a fin de fortalecer la libertad de expresión y la pluralidad, y –a su vez- planteó ampliar su fiscalización a las plataformas digitales.

Tales declaraciones las hizo en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, ocasión en que se refirió puntualmente al artículo 16 inciso 14 del Capítulo II que plantea que “habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley institucional señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo”.

Acompañado de las consejeras, Beatriz Ávalos y Bernardita del Solar, el representante del CNTV fundamentó sus argumentos al señalar que al lograr autonomía esta entidad “permitirá mantener independencia y neutralidad respecto del ciclo político” y así sacarla de “presiones partidistas”. Muñoz agregó que: “Es nuestra obligación preservar que se escuchen todas las voces y opiniones, independiente de su afinidad política. Esto le otorgará una credibilidad y confianza en su funcionamiento respecto a su fiscalización y a la opinión de la ciudadanía, ya que es un cuerpo colegiado y no un organismo unipersonal”.

Respecto a las transformaciones tecnológicas, el CNTV propuso “una ampliación de la competencia fiscalizadora de este órgano hacia medios similares a la TV por internet (streaming), debido a que actualmente no lo puede hacer”. A su parecer si la Constitución hace tal cambio permitiría una mayor “protección de las personas en la promoción de la diversidad cultural (todas las edades), en el fomento de la producción local y regional, en la regulación de la publicidad y en la defensa de los consumidores en la garantía de competencia leal”.

Exponen UNICEF Chile y MOVILH

Otros temas que se expusieron en la comisión fueron: la regulación del derecho a la igualdad y no discriminación; y el reconocimiento y protección de niños, niñas y adolescentes en la nueva Carta Magna. Sobre este último punto se refirió Glayson Do Santos, representante de UNICEF en Chile, quien manifestó la necesidad de que este rango constitucional considere aspectos políticos, jurídicos, sociales y culturales.

En su opinión “la Constitución debería ser la primera garantía para todos los menores que viven en el país, quienes por ser personas de especial protección debido al proceso de desarrollo en que están, deben tener prioridad en las políticas públicas”. Sostuvo que en ese sentido es importante considerar cuatro principios fundamentales en el texto: “el interés superior del niños, niñas y adolescentes, sobrevivencia y desarrollo, su participación en los asuntos que les afectan y la no discriminación en el acceso a sus derechos”.

El personero destacó que reconocer a estos menores como sujetos de derecho «supone incluirlos dentro de los procesos de toma de decisión y escucharlos, tanto en el ámbito público como privado, lo cual sería un gran progreso para Chile”. Además, pidió a los consejeros y consejeras que ahora es el momento de avanzar en esta materia y ayudar a muchos niños que viven con sus derechos vulnerados.

En tanto, Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez, representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), propusieron varios cambios para la futura Constitución. Por ejemplo, dijeron que es prioridad hablar en el texto de “las familias” y no de “la familia” como núcleo fundamental en la sociedad, ya que ésta tiene una identidad diversa.

Plantearon, al mismo tiempo, que en el acceso a los cargos electivos y populares no solamente tengan posibilidades de postular mujeres y hombres, sino que también “personas binarias”, porque hoy en día son reconocidas como tales en los tribunales de justicia de nuestro país y consideradas en 19 naciones integrantes de la ONU.

Y en cuanto al derecho a la libertad de pensamiento, consciencia y religión, el MOVILH propuso que “no debe ser considerada como excusa, para abrir la puerta a las discriminaciones arbitrarias o para violentar el bien superior de los niños, niñas y jóvenes, cuando éstos se oponen a hacer clases de religión en sus colegios, pues sus derechos de esa manera son perjudicados”.