Audiencias IPN: Exponen propuestas en materias de Salud, Educación y Derechos de los Trabajadores

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La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, inició el ciclo de audiencias para conocer el alcance de las Iniciativas Populares de Norma (IPN), las que buscan reemplazar, modificar o sumar artículos al anteproyecto constitucional. Un total de 31 iniciativas superaron los 10 mil apoyos requeridos, las que fueron entregadas al Consejo Constitucional para ser debatidas y votadas como indicaciones en la discusión constitucional.

La Iniciativa Popular de Norma N°167: “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos”, fue presentada en la instancia por el representante del “Cabildo Nacional por el Derecho a la Salud en la Nueva Constitución”, Lautaro Fernández Milla, quien abordó los desafíos que presenta la atención de salud pública en el país.

Fernández, expuso que el derecho a la salud es un derecho humano, fundamental y social, garantizado por el Estado. «La protección de la salud física, mental y social de las personas y comunidades, sin distinción de raza, religión, género, ideología política o condición económica o social.

Se proponen como un deber prioritario del Estado respetar, promover y garantizar las condiciones de vida, así como el acceso universal e igualitario a un sistema de salud gratuito y con servicios de calidad para el goce efectivo del derecho a la salud.

En su contenido, la IPN N°176 plantea que “el Estado creará un sistema universal, público, solidario, intercultural, garantista, descentralizado, desconcentrado y participativo, basado en la Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) y en un Sistema de Cuidados, para lo cual el Estado deberá crear, preservar y coordinar el funcionamiento de una red de establecimientos de salud”.

En el mismo tema, la especialista en salud pública y representante del “Movimiento Ciudadano Salud Libre”, Victoria Beaumont, abordó la IPN N°6707: “Salud protegida y libre para todos los chilenos”, propuesta que alcanzó 12.947 apoyos.

La iniciativa presenta cambios en el sistema de salud, poniendo en el centro a las personas, con solidaridad, respeto a la autonomía y libertad de elección. “Poner en el centro a las personas es mucho más que sólo dar acceso a las prestaciones de salud, sino que también es permitir a las personas ser sujetos activos de su atención de salud a través de la libertad de elegir”, expuso Beaumont.

“Creemos que un nuevo modelo debe consagrar una regulación amplia que ponga a las personas y su libertad en el centro, como un mecanismo de ejercicio del derecho a recibir acciones de salud y tener alternativas para ello públicas y privadas, tanto en aseguramiento como en prestación”, enfatizó.

La IPN N°6707, en su articulado (capítulo II, artículo 16.21), propone que “la ejecución de acciones de salud será regulada por ley, la que garantizará el acceso, la oportunidad, la protección financiera y calidad de éstas, sean provistas por el sector público o privado de salud, así como también las obligaciones que puedan establecerse para cubrirlas. A través de la ley, se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población”.

En el ámbito de los derechos de los trabajadores y el desarrollo sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajados (CUT) David Acuña, presentó los alcaldes de la IPN N°9271: “Una Constitución para las y los trabajadores de Chile”.

Teniendo como fundamento el “trabajo decente y libertad sindical”, la iniciativa busca establecer que “los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad en las condiciones del empleo. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra y contará con amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo”.

El titular de la CUT expuso, entre otros aspectos, que el derecho al trabajo decente “garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La ley fijará los mecanismos para su retribución económica en el ámbito del Derecho a la Seguridad Social».

Al respecto, la consejera Karen Araya (PC), destacó que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es la única organización que logró levantar dos Iniciativas Populares de Norma (IPN), exponiendo que la propuesta de la entidad va «en la línea de establecer el Estado social y democrático de derecho, como un anhelo de muchas chilenas y chilenos, frente al problema que radica en el Estado Subsidiario que tiene la actual constitución».

Respecto al salario mínimo, la IPN N°9271 plantea que “todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna y que le permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo”.

En la instancia, además, se abordaron Iniciativas Populares de Norma referidas al ámbito educacional, ocasión donde Álvaro Ferrer en representación de la ONG Comunidad y Justicia, presentó los alcances de la IPN N°1115: “Por el derecho preferente de los padres”, que alcanzó 19.941 apoyos.

La iniciativa propone, entre otras materias, que “los padres son los primeros y fundamentales educadores. Ellos, o en su caso los tutores, tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos o pupilos, así como a los medios y condiciones necesarios para lograrlo, dentro del marco general de las exigencias del bien común social”.

Se expone en la IPN N°1115, que “es deber del Estado reconocer la existencia de los diversos proyectos educativos a cargo de entidades públicas y privadas, promover la calidad de los establecimientos educacionales y respetar su autonomía y la integridad de sus respectivos idearios. En ningún caso podrá el Estado ejercer el monopolio de la educación y de los proyectos educativos”

A su turno, Sandra López, en representación del Colegio de Educadoras de Párvulos -entre otras organizaciones patrocinantes-, presentó la IPN N°10163: “Educación y cuidado desde la cuna”, propuesta que busca el establecimiento de la sala cuna atendida por especialistas junto con la familia, como un espacio protegido, idóneo para que niños y niñas potencien su desarrollo.

Como parte de su articulado, se expone que “es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica”.