Aprueban modernización del Estado y creación de Consejo de Evaluación de Leyes

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La modernización de la Administración del Estado y la creación de un Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas fueron los principales temas que se aprobaron en el Pleno del Consejo Constitucional que sesionó durante este miércoles.

Las y los consejeros sometieron a debate y votación los artículos 110 al 122 y las disposiciones transitorias del Capítulo V sobre Gobierno y Administración del Estado. Respecto a la modernización del Estado, la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado tomó varios aspectos de la Iniciativa Popular de Norma (N°7927) denominada “Por un Estado sin Pitutos” y que alcanzó el apoyo de 18.706 firmas en el país, según explicó el presidente del órgano, Edmundo Eluchans (UDI).

En ese sentido, se aprobó que se distingue constitucionalmente entre el Gobierno y la Administración del Estado, consagrando que al primero le corresponderá la definición y aprobación de las políticas públicas, los planes y programas y, al segundo, ejecutar y controlar tales acciones para promover y garantizar la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente, actuando imparcial y objetivamente para desarrollar de manera eficiente el uso de los recursos públicos.

Lo anterior tiene directa relación con la postulación a cargos públicos, por lo que se afirmó que la ley establecerá un régimen general único de designación, contratación, promoción y cese de funciones de los funcionarios del Estado, sobre la base de «un sistema de selección, de libre e igualitario acceso, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, ágil, que privilegie el mérito de los postulantes», garantizando la carrera funcionaria. Al referirse a estas materias, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) señaló que el Proceso Constitucional es “una buena oportunidad para corregir ámbitos de la vida nacional que no están dando respuestas a las demandas ciudadanas”.

Por su parte, el comisionado Domingo Lovera aseguró entender que la norma tenga “una visión que busca despolitizar la Administración del Estado”, pero señaló que su redacción deja a las personas sin herramientas de control y con pocas posibilidades al legislador.

Además, en este mismo tema, el pleno del Consejo Constitucional determinó crear “un organismo de carácter técnico y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Civil”, el que estará a cargo de la dirección del Sistema de Alta Dirección Pública, y de la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del personal administrativo, así como de los nombramientos pertinentes a través de concursos públicos.

Consejo de Evaluación de Leyes

Los consejeros (as) aprobaron un nuevo artículo 115 que establece la creación de un “Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, el cual será legalmente autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, y cuya organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional”. Tal órgano tendrá por objeto la evaluación de las leyes y las políticas públicas sobre la base de los objetivos perseguidos por éstas.

Asimismo, deberá elaborar un plan de evaluación legislativa y de políticas públicas con la colaboración del Presidente de la República y del Congreso Nacional para garantizar la calidad y eficacia de las leyes y políticas públicas. Además, la dirección y administración superior del Consejo estará a cargo de una Comisión Directiva, la que estará constituida por cinco integrantes, designados por el Mandatario previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio.

Financiamiento para Bomberos

Además, durante la sesión se debatió, pero su votación se fijó para esta tarde, un nuevo artículo, que parte de su contenido se basó en la Iniciativa Popular de Norma N°6199 sobre «Por el Respecto y la Dignidad a los Bomberos (as) de Chile» (con 11.173 apoyos) que señala que “los cuerpos de bomberos de Chile constituyen una institución nacional, cuya finalidad es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, de forma coordinada con otros organismos públicos competentes. La afiliación de sus miembros será voluntaria y se sujetarán en todas sus actuaciones a los principios de probidad y transparencia”.

La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) valoró el trabajo de bomberos en todo el país y, al mismo tiempo, se mostró partidaria de la entrega de recursos para dicha institución.

El consejero Alihuen Antileo (PP.OO.) también criticó que el texto aprobado no incluyera el financiamiento de las funciones operativas de la entidad, tal como fuera solicitado tanto por una audiencia pública como por la mencionada IPN.

A petición de las bancadas de Chile Vamos y republicanos la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Hevia, solicitó la unanimidad para reponer la otra parte de la IPN mencionada que tiene relación con fijar “mecanismos para garantizar cobertura financiera para sus gastos operacionales” y un “sistema de seguridad social para su personal por accidentes o enfermedades por actos de servicios”. Luego de un receso, el bloque Unidad para Chile apoyó que se discutiera esta tarde ese aspecto de la iniciativa.