Aprobadas normas generales de Descentralización, Corte Constitucional y nombramiento de Fiscal Nacional

Escuchar esta noticia

Poniendo de manifiesto sus puntos de vista y discrepancias en el articulado de los diferentes capítulos, las comisionadas y comisionados continuaron durante la jornada vespertina del pleno de la Comisión Experta el debate y votación de las propuestas de normas constitucionales surgidas de las subcomisiones del órgano constitucional.

Con la aprobación de las normativas generales correspondientes a los capítulos: VI Gobierno y administración regional y local; VII Poder Judicial; VIII Corte Constitucional; y IX Ministerio Público, se avanzó en la tramitación que establece el reglamento del Proceso Constitucional.

Gobierno y administración regional y local

Uno de los aspectos abordados en la discusión del capítulo VI, fue la descentralización. La comisionada Natalia González señaló que “se trata de un tema clave muy anhelado por nuestras comunidades locales y regionales. En las propuestas de este capítulo, buscamos la descentralización con competencias efectivas y que esas competencias tengan que ir acompañadas de los recursos financieros y humanos necesarios”.

En el mismo tema, la comisionada Antonia Rivas destacó que “la descentralización responde a un anhelo fundamental de este país, lo cual tiene que ver con las razones de muchas crisis sociales. El lugar donde uno nace no debe determinar las posibilidades que uno tiene en la vida».

Vea aquí las declaraciones de comisionadas y comisionados relativas al capítulo Gobierno y Administración Regional y Local

Poder Judicial

Independencia, imparcialidad, inexcusabilidad, imperio, responsabilidad e inamovilidad. Con estos postulados, las comisionadas y comisionados buscan consagrar la propuesta para las bases fundamentales de la estructura del Poder Judicial.

Un aspecto que reunió apoyos transversales, fue la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales. “El ciudadano se vería beneficiado fundamentalmente, por el hecho de que tendrá jueces exclusivamente para resolver cuestiones de relevancia jurídica y no jueces que se llevan a la casa tareas de orden administrativo, de sanción o de evaluación o de nombramiento», señaló el comisionado Gabriel Osorio.

«Lo que se quiere a futuro con esta norma, es que sólo ejerza labores jurisdiccionales y las otras dos funciones las ejerzan otros órganos, donde también participen algunos miembros del Poder Judicial para que pueda buscarse una mayor especialización en estas distintas tareas”, indicó el comisionado Teodoro Ribera.

En la propuesta de normas, se busca establecer la creación de Consejos de la Magistratura. Además, se propone crear un sistema de gobierno judicial, compuesto por cuatro órganos que funcionarán de manera autónoma, pero coordinada entre sí y con la Corte Suprema, a través de una Comisión Coordinadora de Justicia.

Vea aquí las declaraciones de comisionadas y comisionados relativas al capítulo Poder Judicial

Respecto a la Corte Constitucional, actual Tribunal Constitucional (TC), en el debate se representaron los alcances de su acción y atribuciones, como un órgano jurisdiccional independiente y técnico, reforzando su autonomía externa y su carácter resolutor de controversias de relevancia jurídico-constitucionales que sean de su competencia.

Respecto a su composición, se aprobó que la nueva Corte Constitucional este conformada por nueve miembros bajo un mecanismo de designación de carácter único y por el cual intervienen, de forma sucesiva, el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Senado. Este procedimiento permite balancear la necesidad de resguardar la legitimidad democrática y técnico-jurídica de los jueces constitucionales, lo que se complementa con exigencias de acceso al cargo, como son contar con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica.

A lo anterior, se agrega la prohibición de proponer candidatos que se desempeñen como funcionarios de confianza política del Presidente de la República durante el período en que se proponga su nominación.

En el capítulo IX, Ministerio Público, destaca la propuesta relativa al nombramiento del Fiscal Nacional y fiscales regionales, donde se incorpora la iniciativa de un sistema de concurso público determinado por ley, donde se busca, una mayor participación y transparencia en el proceso.

Ocurrido el concurso público, la Corte Suprema elabora la quina sobre la cual el Presidente de la República designa al candidato que propondrá para su aprobación al Senado. Dicho nombramiento deberá contar con un quorum de las tres quintas partes de sus miembros en ejercicio.

De igual forma, se aprobó la iniciativa de norma constitucional que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esto, con miras a poder dar efectiva protección a las personas víctimas de delitos para que accedan a defensa y representación jurídica especializada, y asistencia en el ámbito psicológico y social.