Acceso a la información pública, libre desarrollo de la persona y libertad de expresión centran jornada en Comisión de Principios

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La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos recibió las presentaciones de expertos en materia de derechos y libertades, quienes se refirieron al anteproyecto propuesto por la Comisión Experta para la nueva Constitución.

El foco estuvo en el artículo 16 sobre Derechos y Libertades Fundamentales del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.

Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, se refirió al derecho a la información pública y la transparencia, y destacó como positivo lo que señala sobre este tema el anteproyecto que dice: “el derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado, sin otra limitación que las causales de secreto o reserva que establece esta Constitución”.

No obstante, Jaraquemada hizo dos sugerencias: primero, que el acceso a la información pública se establezca como “un derecho autónomo de otras garantías constitucionales”, lo que -a su juicio- es “innovador y pertinente” porque le da una entidad similar a la protección de datos personales que incluye la Constitución del ’80”. Y, segundo, que la entrega de información de parte de los órganos del Estado se presente de “manera accesible” (por ejemplo, en los sitios web) para la ciudadanía, y de forma “oportuna y comprensible” (en volumen y contenido), avanzando “en una lógica de datos abiertos”.

Por último, el expositor propuso que se considere un mecanismo de amparo para el caso que se deniegue el derecho al acceso de la información ante el órgano garante y administrativo, y que sea independiente de las acciones de protección que considera el artículo 26 del anteproyecto.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales Tomás Vial, en tanto, planteó que se incluya en el anteproyecto el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la persona. Afirmó que esto está ligado a la dignidad de los seres humanos, base del ordenamiento constitucional, ya que sin ella “no hay un reconocimiento del individuo como autor de sus propios actos y de su independencia”.

Comentó que el anteproyecto y la Constitución vigente reconocen las libertades específicas, como la de expresión, de creencias, de desplazamiento, etc, pero “no es un derecho general de libertad”.

En esta materia, Vial señaló que este principio nació en Alemania y dio muy buenos resultados, y que también está constitucionalizado en Italia y en España.

Gustavo Baehr, abogado e investigador de la Corporación Comunidad y Justicia, hizo su presentación sobre la libertad de expresión y mostró su desacuerdo con el inciso 14 de la propuesta de los comisionados y comisionadas, que señala: “el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a una ley de quorum calificado”.

Al respecto, dijo: “no es una crítica al concepto en sí mismo, sino que, a la literalidad de éste, porque no es propio de nuestra tradición constitucional”.

Baehr argumentó: “Nos preocupa que se pretenda proteger de esta manera actos de naturaleza física que vayan más allá del discurso, de informar y opinar”. Ejemplificó con la quema de una bandera o la destrucción de un símbolo religioso. «Esto es peligroso”, recalcó.