A firme artículos sobre nacionalidad y mecanismos para ejecutar derechos sociales

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Un conjunto de materias relacionadas con la nacionalidad, la ciudadanía y medidas que deben adoptarse para llevar a cabo los derechos sociales de las personas fueron tratadas durante el Pleno del Consejo Constitucional que se desarrolló la mañana de este viernes, en el marco de la discusión del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.

La sesión sometió a votación los artículos del 17 al 29 bis y, entre los temas aprobados, se cuenta la indicación que establece que son chilenos los nacidos en nuestro país “con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en territorio nacional en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena”.

En el texto aprobado, además, se reforzó que la nacionalidad chilena se pierde, entre otros puntos, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente y por decreto supremo, en caso de “prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados y por cancelación de la carta de nacionalización”.

Asimismo, se afirmó que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Éstos podrán, también, tener “derecho a sufragio y optar a cargos de elección popular y a los que la Constitución o la ley confieran”.

Por 36 votos a favor, 13 en contra y una abstención, se aprobó que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras cosas, por “condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas”. Además, se pierde por “los delitos que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”.

Esto último fue calificado por la consejera Carmen Montoya (PRep) como «un avance y una innovación», ya que –dijo- “elevar los estándares, inhabilidades y sanciones a rango constitucional para combatir la corrupción, es algo fundamental para preservar el vigor y la salud de nuestras instituciones”.

Por su parte, el consejero Alihuen Antileo (Indep.-Pueblos Originarios) recordó que fue «apátrida» y que por ocho años tuvo esa condición junto a su familia. «La nacionalidad es el vínculo con el Estado, que otorga derechos políticos y sociales, y en ese sentido, quiero decir que eso es lo que está y quedará, pero también es bueno reflexionar respecto a lo que no va a quedar escrito”, acotó.

Medidas para los derechos sociales

Otro de los puntos abordados y votados en el Pleno Consejo Constitucional fue que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Esta norma fue aprobada por unanimidad. Además, las y los consejeros de las bancadas de Chile Vamos y republicanos, al hacer valer su mayoría, aprobaron varios literales en relación a que para aplicar tales prestaciones se debe considerar “el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de los mismos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación arbitraria, y la responsabilidad fiscal y la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas”.

Por unanimidad se determinó -a través de una norma del anteproyecto de la Comisión Experta- que las medidas adecuadas para la realización de estas prestaciones serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella, y que para llevarlas a cabo “los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas». También se consagró que las personas que por “causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio” sobre tales derechos sociales podrán recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.

Uno de los que intervino en este punto fue el consejero Miguel Rojas (PRep), quien indicó que “en un Estado de derecho, con separación de poderes, son los tribunales los encargados, en último término, de resguardar los derechos de las personas que recurren a ellos en búsqueda de justicia».

Mientras que la consejera Kinturay Melin (RD) dijo que los tribunales siempre deben revisar cada caso en detalle, más todavía si se trata de asegurar los derechos sociales de los chilenos, en especial, los más vulnerables.