Académicos, organizaciones y servicios públicos exponen ante subcomisión de Sistema Político
Siete fueron las exposiciones de distintos actores de la sociedad civil, de servicios públicos y funcionarios respecto a las enmiendas presentadas a normas de competencia de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.
Los representantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), servicio público supervisor de las más de 7 mil entidades que participan en este rubro, señalaron que el organismo requiere de mayor autonomía para cumplir con sus funciones. “La calidad de regulación y supervisión financiera depende de la calidad de la institucionalidad de la entidad responsable. Sin adecuados niveles de autonomía, la tarea del regulador financiero se dificulta, y crece el riesgo de que sea objeto de presiones”, señaló Solange Berstein, presidenta de la CMF.
Posteriormente, el académico Heinrich von Baer, representante de la Fundación Chile Descentralizado, expuso argumentos para que las enmiendas logren “acotar las facultades del gobierno central y ampliar las de los gobiernos regionales y locales. Entre los países de la OCDE, Chile es el que tiene la peor ubicación en cuanto a las decisiones subnacionales sobre el gasto regional y local. Solo un 12% del total de las inversiones públicas se deciden en este nivel”. Sin embargo, también ve avances en la propuesta en torno a “consagrar algunos principios de descentralización muy importantes, como la subsidiariedad territorial o radicación preferente”, afirmó.
Norbert Bilbeny, representante de la organización “Vinculante”, propuso mecanismos de democracia directa inspirados en los casos de Suiza y Uruguay, de tal manera que “una soberanía popular efectiva apoye y complemente la parte representativa del sistema y no la antagonice”. Entre las ideas expuestas están “el referendo obligatorio para reformas constitucionales, el referendo opcional de confirmación o veto de proyectos de ley aprobados por el Congreso y el referendo sobre iniciativas ciudadanas, las que competirán en las urnas con una contrapropuesta del Congreso”.
Con relación a la Biblioteca del Congreso Nacional concurrieron tanto su director, Alfonso Pérez, como representantes de los trabajadores y funcionarios. Desde la directiva de la institución manifestaron su desacuerdo en las enmiendas que introducen un gobierno corporativo externo. “Los integrantes del órgano superior no encuentran vinculación directa con el Congreso, sino que provienen de la administración central autónoma del estado, lo que implicaría la coexistencia de distintas visiones ajenas al mundo parlamentario, que son los mandantes y usuarios principales”, señaló Rodrigo Obrador, jefe del Departamento de Servicios Legislativos de la entidad.
A este mismo respecto, Angélica Vera y María Pilar Lampert de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores y de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional afirmaron que “frente a estas nuevas propuestas, para nosotros es importante que exista una clara definición de los roles que van a cumplir los distintos órganos que van a funcionar para el Congreso”.
En materias de política exterior, el presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Guzmán, pidió limitar la posibilidad de que el Presidente de la República pueda nombrar embajadores por razones políticas y no profesionales. “Un embajador que ha sido nombrado por un período igual o menos a cuatro años, que tiene certeza de que será removido al terminar el período presidencial, dispone de pocos incentivos para realizar un trabajo efectivo y eficiente con el interés de Chile como finalidad última de su misión. Es muy diferente la vocación o disposición de un embajador de carrera, o de cualquier diplomático del país”, señaló, agregando que “apoyamos la enmienda que señala que la designación como embajador de funcionarios del servicio diplomático no pondría término a su carrera funcionaria”.
Desde el Comité de Expertos en Derechos Indígenas, uno de sus representantes, Domingo Namuncura, expuso que “Chile es uno de los escasos países de América Latina que ostenta, desde su nacimiento en 1810, una ausencia total de referencia a los pueblos indígenas en nuestras constituciones”. Si bien el borrador actual sí reconoce a los pueblos indígenas -lo cual fue valorado- se pidió avanzar también en participación política y en derechos fundamentales, tales como el “derecho a la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en que esta autodeterminación es en sus propios asuntos internos”, señaló Iván Cheuquelaf.
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