Sectores se diferencian con claridad ante aborto y arresto domiciliario para reos mayores de 75 años
Escuchar esta noticia“El aborto no aumenta la natalidad en Chile”, aseguró el abogado, Álvaro Ferrer, quien expuso ante la Comisión de Principios del Consejo Constitucional para respaldar la iniciativa popular de norma “Toda vida cuenta”.
La propuesta, que obtuvo más de 10 mil apoyos, busca defender el derecho a la vida «de los niños no nacidos», así como también los de la madre.
Al no consignarlo en la nueva Constitución, señaló el jurista, «se condiciona y rebaja su dignidad humana (la de los «niños»), siendo así incoherente con el reconocimiento incondicionado de la dignidad inconmensurable e inviolable de cada individuo de nuestra especie».
El abogado cuestionó la actual legislación que permite el aborto en tres causales. Señaló que la primera razón «es innecesaria» en Chile, dijo, porque «nunca una mujer ha sido dejada sola para morir porque por su embarazo peligra su vida”.
Añadió que las demás causales «son ejemplos perfectos» de la dignidad humana condicionada. A su juicio, ante una violación o enfermedades que se hacen inviable la vida, “hay alternativas más humanas para atender esos casos dramáticos”.
En tanto, Constanza Schneider explicó las razones que justifican proteger la maternidad a nivel constitucional. «Es una innovación positiva porque el derecho a la vida y el drama del aborto se relaciona demasiado con la maternidad vulnerable. Es importante que desde el Estado y la sociedad se las proteja», aseguró.
Agregó que muchas madres adolescentes creen que no podrán hacer cuestiones tan básicas como estudiar. “Un hijo no es un impedimento para desarrollar la vida. Ese es el mensaje que debe entregar la Constitución y luego la legislación”, indicó Schneider.
Reclusión domiciliaria
La «reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años» fue otra de las temáticas abordadas.
Enrique Cordovez, autor de la propuesta, explicó que el sistema penitenciario chileno no está diseñado para atender las necesidades de los adultos mayores. Por eso, es importante cambiar el lugar donde permanecen internados, pero sin condonar sus penas.
El Capitán de Navío (R) respaldó la iniciativa en el respeto a los ancianos, los principios humanitarios y la violación de derechos fundamentales que se producen en las cárceles, entre otros.
Consultado por algunos consejeros, respecto a si esta medida incluiría a condenados por delitos de lesa humanidad y abusos sexuales a menores, el expositor respondió que la idea es abarcar todos los casos sin distinción.
«Esto no es un traje hecho a la medida, no es un perdonazo, sino una norma general de carácter humanitario que aplica a todas las personas», subrayó Cordovez.
El expositor añadió que actualmente existen 1356 adultos mayores presos y que 300 de ellos están recluidos por violaciones a los derechos humanos. Respecto de estos últimos, minimizó su porcentaje y advirtió que lo importante es «pensemos en las personas y no en los delitos».
Los dichos del ex uniformado generaron la reacción de la comisionada Catalina Lagos, quien hizo uso de su derecho a voz para advertir que la medida podía beneficiar a condenados como Miguel Krassnof o Álvaro Corbalán, recluidos en Punta Peuco.
Su intervención, sin embargo, fue cuestionada por la presidenta de la comisión, María de los Angeles López (PRep), quien señaló que «no corresponde atacar» al invitado y que había que tener «respeto» por su propuesta, hecho que dejó en evidencia las diferencias que existen al interior del consejo.
En la jornada también intervinieron representantes de grupos que buscan que la libertad de conciencia y religiosa se establezcan en la Constitución y que se ponga fin al lucro en la salud y la educación.
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