Salud marcó votación de enmiendas sobre derechos
“La Constitución asegura a todas las personas: …” Así comienza la redacción del artículo 17, cuyos incisos se refieren a derechos como educación, trabajo, agua, propiedad, libertad sindical, entre otros. Sin embargo, fue el derecho a la salud el tema que generó mayor debate durante la votación de las enmiendas al anteproyecto por parte de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Si bien en algún momento se habló de la posibilidad de llegar con una “hoja en blanco” en el derecho a la salud por falta de acuerdos, finalmente los comisionados lograron consensuar una enmienda de unidad de propósito cuya principal novedad fue la eliminación del texto aprobado previamente por la Comisión Experta, y que establecía que “la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”.
Al respecto, el comisionado Flavio Quezada señaló que “aquí no hay hoja en blanco. Al contrario, aquí hay un derecho a la salud que hemos consensuado, y que incorpora la posibilidad de que la ciudadanía pueda escoger a sus prestadores. Aquí no solo hay una debida consagración del derecho a la salud, sino que además se enriquece este derecho”.
Por contraparte, la comisionada Bettina Horst sostuvo que “no hay hoja en blanco, pero sí una hoja incompleta. No hubo mayor posibilidad de llegar a acuerdos. Si bien hoy está contemplada como unidad de propósito la libertad de elección a nivel de prestadores, eso no es completo. Deben haber dos elecciones cuando hablamos de salud: de aseguramiento y de proveedores”.
Al igual que lo ocurrido en salud, en la mayoría de los derechos votados en esta subcomisión se logró llegar a acuerdos transversales. Por ejemplo, en el derecho a la libertad sindical, se acordó no restringir constitucionalmente la huelga a la negociación colectiva.
La comisionada Alejandra Krauss afirmó que “lo sindical ha sido objeto de sistemáticas restricciones, ya sea desde la propia regulación jurídica o por las desconfianzas existentes. Se deben superar enormes vallas culturales, ideológicas, de desconfianzas históricas, y de intereses económicos”.
Los funcionarios públicos también serán titulares de los derechos que comprende la libertad sindical, lo que fue comentado por el comisionado Teodoro Ribera. “Hoy se ejercen actos de presión más allá de la ley, sin regulación alguna, y es preferible regularizar la situación, darle un cauce institucional, y tener una mayor previsibilidad en lo que respecta a los derechos que se ejercen”, señaló.
En cuanto a la enmienda aprobada sobre el derecho a la seguridad social, el comisionado Jaime Arancibia señaló que “se trata de un elemento esencial del Estado social de derecho, pero a la chilena. Se trata de un esfuerzo en el que se contribuye a la red de prestaciones sociales a través de instituciones estatales y privadas. Se asegura una provisión mixta”.
Respecto a la enmienda aprobada sobre el derecho a la educación, el comisionado Alexis Cortés diagnosticó que “el sistema educacional chileno no solo reproduce la desigualdad, sino que la amplifica, y es importante que busquemos otras maneras de intentar obtener los objetivos que, como sociedad, le atribuimos a un derecho tan fundamental”.
Otras de las enmiendas aprobadas durante las votaciones fueron las relacionadas al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al trabajo decente, a la vivienda adecuada, al agua, a la igual repartición de los tributos, a desarrollar actividades económicas, a adquirir bienes, a la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica, a la propiedad, a la cultura, de autor, de consumidor y de enseñanza.
El texto aprobado por la subcomisión pasará a votación por el pleno de la Comisión Experta, para luego -de ser aprobado- formar parte del anteproyecto que será entregado al Consejo Constitucional cuando asuma sus funciones el 7 de junio.
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