Pensiones: debate sobre ahorro individual o reparto en Comisión de Derechos

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Cuál debe ser el destino de las cotizaciones previsionales: ¿ir al mercado de capitales o pagar pensiones? ¿A un fondo individual o colectivo? Esas interrogantes, que han alimentado el debate de los expertos durante los últimos años, fueron parte de la exposición de dos de los invitados por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

La economista y académica Cecilia Cifuentes expuso que, debido a una “situación demográfica tremendamente compleja”, el sistema de ahorro o de capitalización (como el de las AFP) es mejor que el sistema de reparto para satisfacer el derecho a la seguridad social. “Un sistema de ahorro permite un círculo virtuoso que no ocurre con un sistema de reparto, ya que las contribuciones de seguridad social permiten financiar inversión, inversión que genera empleo, empleo que genera mejores salarios, y mejores salarios generan mejores pensiones”.

Durante la ronda de preguntas, el comisionado Flavio Quezada se mostró contrario a “constitucionalizar el modelo de AFP”, ya que una redacción de este tipo limitaría al legislador democrático y “la libertad de la ciudadanía de elegir cuál es su modelo de seguridad social, estableciendo en la constitución uno solo”. El consejero Sebastián Figueroa señaló que “hay espacios donde podemos encontrar convivencia de ambos mundos, donde podamos tener un sistema de capitalización individual, y que pueda convivir con un sistema que acepte y promueva la solidaridad”.

Cifuentes replicó que “el pilar solidario es un esfuerzo necesario”, y criticó medidas como los retiros de fondos de pensiones. “Ha sido la peor política pública de Chile en medio siglo, y ha contaminado fuertemente esta discusión constitucional. Dos de las iniciativas populares que tuvieron más apoyo están vinculadas a este tema, y eso destruye a la seguridad social. Uno podría incorporar que las cotizaciones que se destinen al financiamiento de la seguridad social son inexpropiables por el Estado”, señaló.

La economista Ingrid Jones, por su parte, expuso que en materia de pensiones existen tres claves: progresividad, responsabilidad fiscal y satisfacción a través de instituciones públicas y privadas. “Los tres conceptos son fundamentales para que el Estado pueda otorgar responsablemente beneficios previsionales financiados con recursos públicos de manera permanente y sin poner en riesgo las finanzas públicas”. En ese sentido, Jones ejemplificó con la Pensión Garantizada Universal, la que es permanente y de cargo fiscal, y le cuesta actualmente al Estado cerca del 2,3% del PIB (casi el doble que en 2021).

Jones señaló que es importante aumentar la competencia de la industria, ya que “la coexistencia del Estado y el mundo privado es fundamental en materia de pensiones. Se propone garantizar la libertad de elección de las personas, de tal manera que la persona sea el centro y pueda elegir el destino de sus cotizaciones obligatorias”.

Exponen sobre derechos ambientales e innovación

Oceáno, insularidad y la constitución fue el tema expuesto ante la comisión por Álvaro Montaña, en representación de Defendamos Chiloé. Ante los consejeros, enfatizó en que la Zona Económica Exclusiva (franja marítima de 200 millas marinas de extensión desde la costa) tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados, por lo que “si Chile tiene soberanía plena en un espacio cinco veces mayor a lo terrestre, a lo continental, tiene que estar en la constitución. No solo en un sentido geopolítico, como un tema de soberanía y defensa, sino también por la pluridimensionalidad de valores que entrega el mar”.

Montaña agregó que Chile tiene 83 mil kilómetros de costa, 100 comunas costeras y 43 mil islas que conforman el 11% de la superficie total del terreno nacional, por lo que propuso como articulado: “El Estado reconoce la importancia de los océanos, las costas y las islas para el bienestar de la sociedad, así como la interdependencia entre las comunidades humanas y los ecosistemas costeros”.

“El 70 o 75% de nuestra economía se basa en la exportación de materias primas, por lo que dependemos fuertemente de los recursos naturales. Cuando los acabemos, si no hacemos nada ahora, vamos a tener que pensar en restaurar, regenerar y en cultivar no solo la tierra, sino que también el mar, de manera ecológica, con un sentido alimentario y de cambio climático”, concluyó.

En cuanto a propiedad intelectual, Christian Schmitz, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, expuso la necesidad de avanzar hacia una sociedad del conocimiento. “¿En qué vamos a enfocarnos si no es en la explotación de los recursos naturales? En un modelo basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento”.

En ese sentido, Schmitz señaló es necesario incluir a la propiedad intelectual en el texto constitucional. “Se consagra el derecho de autor sobre sus obras, pero no es solo eso lo que se debe consagrar. En efecto, la disposición que sigue consagra la propiedad industrial. Ellos dos son subsistemas de algo mucho mayor, que es la propiedad intelectual”, dijo Schmitz, para concluir con que “la propiedad intelectual es históricamente el mecanismo más potente para incentivar el progreso de la humanidad en las ciencias, en las tecnologías y en la cultura”.