Modernización del Estado y Fuerzas Armadas: exponen invitados a Comisión de Sistema Político

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¿Deben las Fuerzas Armadas tener un capítulo propio en una nueva constitución? ¿Cómo terminar con el “cuoteo” político? Esas fueron algunas de las interrogantes planteadas por los expositores invitados a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.

Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada, propuso a los consejeros considerar en la propuesta constitucional un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, el cual no fue considerado por la Comisión Experta. “Tener un capítulo aparte no es una propuesta que solo existe en Chile ideada por la Constitución del 80. Ese texto fue profundamente reformado el año 2005 por el presidente (Ricardo) Lagos, ocasión en que se decidió mantener a las Fuerzas Armadas en un capítulo especial”.

Leiva agregó que “las Fuerzas Armadas detentan en forma exclusiva y excluyente el poder de las armas, y deben tener una regulación que garantice el cumplimiento de las normas y obligaciones que las rigen”, lo cual fue cuestionado por el comisionado Gabriel Osorio, quien señaló que “me parece preocupante que se diga que la única manera en que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil se manifieste es por medio de la inclusión de un capítulo”.

La comisionada Antonia Rivas consultó a Leiva “si ve algún cambio en el rol de las Fuerzas Armadas y la relación que tienen con el Poder Ejecutivo por la disposición o dónde estén en la constitución, ¿o esto tiene que ver con un reconocimiento, con algo simbólico, o con replicar la constitución del 80?”. Leiva replicó que “evidentemente hay una función de reconocimiento al estar en un capítulo especial, pero lo más importante es que obliga a las Fuerzas Armadas a cumplir la constitución bajo cualquier norma. Lo que no queremos es que estas sean usadas para fines políticos de cada gobierno”.

Leiva concurrió acompañado del general (R) del Ejército, John Griffiths, quien propuso la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que asesore al presidente y coordine a las instituciones respecto de amenazas transnacionales que afectan la seguridad del Estado, como el narcotráfico y la crisis migratoria. “Si hubiese existido este consejo, bien integrado, habríamos colocado el acento en que las organizaciones criminales mexicanas, centroamericanas, venezolanas, colombianas y brasileñas estaban llegando a Chile. Eso no significa que el consejo las tenga que perseguir, sino el Estado. Esto no reemplaza al Ministerio Público, a las fiscalías, ni a nadie”.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CAMBIOS AL SISTEMA POLÍTICO

El excandidato presidencial y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso que “la verdadera y gran reforma del Estado es la reforma del empleo público y un nuevo estatuto administrativo”. Briones señaló que solo el 23% confía en el Estado, y que el 84% lo percibe como distante. “Existe una alta inamovilidad funcionaria, no opera la progresión funcionaria anclada en el mérito, y hay pocos incentivos a mejorar y a innovar”, afirmó.

Entre sus propuestas, Briones propuso poner fin al “cuoteo” político y acotar los cargos de confianza en la función pública, y afirmó que el 62% de los puestos de primer nivel jerárquico siguen sin ser adscritos al sistema de Alta Dirección Pública. “Nadie se atreve a hincarle el diente a esto, porque tiene costos: paralización de gremios, amenazas, chantajes… pero la verdad es que es estrictamente urgente”.

El exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, realizó comentarios sobre los mecanismos de participación ciudadana en materia de ley propuestos por el anteproyecto de la Comisión Experta. “La iniciativa popular revocatoria me parece problemática, al pasar directamente de la recolección de firmas a un referéndum, sin deliberación alguna del órgano representativo. Me parecería más prudente que pasara por el Congreso”.

Respecto al capítulo del Congreso Nacional, Correa Sutil valoró las disposiciones “antidíscolos” o el umbral del 5% para que los partidos logren escaños en el parlamento. “Comparto que se hayan buscado modos de morigerar la dispersión parlamentaria que hoy tenemos. Pienso que todos compartimos que ello constituye un factor no menos de la crisis de gobernabilidad que hemos padecido en los últimos 10 o 15 años”.

“Mi sistema electoral favorito es sin pactos, con listas abiertas y con sistema representativo (votar por un candidato), con distritos con menos elegidos. Eso hace más improbable a los arrastrados escandalosos. Yo no terminaría con el sistema representativo, que es parte de la tradición chilena”, concluyó.

ANTÁRTICA Y TERRITORIOS ESPECIALES

Jorge Guzmán, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chile, presentó a los consejeros la importancia de incluir en el texto constitucional a la Antártica y los territorios especiales. “Chile no ha reclamado territorio en la Antártica. El decreto de 1940 se limitó a explicitar los límites exteriores de nuestra soberanía polar y subpolar, una continuidad que incluye las islas al sur del canal Beagle. Si consideramos la presencia de nuestros pueblos originarios desplegados en ese último espacio, la presencia chilena es mucho más que centenaria”, expuso.

Respecto a los territorios especiales, Guzmán señaló que el anteproyecto los limita a Rapa Nui y al archipiélago de Juan Fernández, lo que restaría a Chile más de 9 millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo y de tierra firme polar en relación al Estatuto Antártico y al Decreto Antártico de 1940. Un olvido en la materia “facilitaría la descoordinación entre políticas públicas, permitiendo nuevos despropósitos como el Tratado sobre Campo de Hielo Sur (1998), o el imperdonable olvido que, por más de una década, sufrió nuestra la plataforma continental magallánica-antártica”, concluyó.