Mecanismos de Participación Ciudadana genera intenso debate

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Los consejeros de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado realizaron un amplio debate de las enmiendas presentadas a los artículos relativos a la participación ciudadana. Entre ellos, la iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación total o parcial de ley y aquellos mecanismos que garanticen la participación de las personas en la gestión pública y Foros de deliberación.

El artículo 46 del anteproyecto de la Comisión Experta señala que: “la ley institucional del Congreso Nacional establecerá mecanismos de participación ciudadana”. Una enmienda de la bancada republicana propone que sean de carácter “consultivo”.

“Por muy relevante, la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley no puede ser vinculante. Si acordáramos establecer mecanismos vinculantes de participación, se alteraría todo el fin de la democracia representativa y el objeto por el que elegimos representantes en el Congreso Nacional”, afirmó la consejera Beatriz Hevia (PRep).

Sobre este tema, el consejero Christian Suárez (PS) afirmó que: “esta discusión demuestra la crisis de la democracia representativa, que no dialoga con la gente. No hay diálogo, y lo que hace esta enmienda es limitarlo más todavía”. Respecto de la enmienda propiamente tal, el comisionado Gabriel Osorio señaló que “la ausencia de la palabra consultivo no implica que sean todos vinculantes, pero creo que puede suscitar un riesgo de debilitamiento de los mecanismos de participación a través de una interpretación que podría no ser correcta”.

Iniciativa Popular de ley

El artículo 47-1, señala: Un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento de dicho padrón, podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución.

La bancada de la UDI propone sustituir este inciso. Propone que con un 2 por ciento de las personas habilitadas para votar (del último padrón electoral) se podrá “presentar y registrar en la plataforma del Servel una iniciativa ciudadana de ley”. Y para que pueda ser discutida por el Congreso debe sumar el 4 por ciento del último padrón electoral y pertenecientes a tres regiones del país. Además suma otra restricción a la ya contenida en el anteproyecto.

No compartió la propuesta, el consejero Christian Suárez, por considerarla “muy restrictiva”.

En torno a esta enmienda surgió otro debate, el cambio de “iniciativa popular de ley” por “iniciativa ciudadana de ley”, propuesta también de la UDI. Sobre esto, Eluchans señaló: “nosotros no cambiamos la exigencia. No se requiere ser ciudadano, aunque el nombre sea iniciativa ciudadana de ley”, aludiendo a que no se deja afuera a los extranjeros. En tanto que el consejero Carlos Solar (PRep) precisó que más que “las personas que pueden votar, es más sólido que sean ciudadanos de la nación”, aclarando por ello “ciudadano nacional”. Al respecto, el comisionado Gabriel Osorio, planteó que “no logro comprender el objeto de dicha distinción; a su juicio, si los extranjeros habilitados para votar participan en la elección de representantes, por qué –se preguntó- no podrían participar en las iniciativas populares de normas. En esta misma línea, la comisionada Antonia Rivas insistió en preguntar si “se busca excluir a los extranjeros»; al no obtener respuesta, pidió que este tema se vuelva a tocar.

Desde la bancada Unidad para Chile, la consejera Jessica Bengoa (CS) cuestionó que se requiera el apoyo de tres regiones para presentar una iniciativa popular de ley. Enfatizó: “llama la atención que materias propias de cada región, pueden no tener resonancia con otras regiones y, por lo tanto, el requisito complejiza el procedimiento”.

La bancada UDI se mostró llana a atender la inquietud de Bengoa. En tanto que la consejera Beatriz Hevia, dijo que “no se exige un mínimo de firmas por regiones, no es requisito porcentual. Se trata de temas legislativos que son de aplicación general (en todo el país)». Aseguró que no hay una restricción de entrada.

Iniciativa de derogación parcial o total de ley

Para el artículo 48 del anteproyecto que crea la iniciativa de derogación de ley, un nuevo mecanismo de participación ciudadana, la bancada del Partido Republicano, presentó una enmienda para suprimirlo con sus 7 incisos. En tanto que la bancada UDI, propuso indicaciones para reemplazarlo. Estas plantean que, en vez de que la iniciativa derogativa sea sometida a un referendo, sea el Congreso Nacional quien resuelva la presentación.

Para el consejero Christian Suárez (Independiente – PS) “es una pena que se quiera suprimir el artículo 48. Porque no sólo mejora la representación política, sino la participación ciudadana”. En contraposición y fundamentando la postura de eliminar el artículo, la consejera Patricia Spoerer (PRep) recordó ponencias de expertos que dijeron que esta norma “pone en riesgo al país y que la formación de una norma toma mucho tiempo para que “se termine cayendo”. Agregó que “sería ilógico tener una iniciativa de derogación. Opino que es una inconsistencia”.

En esta misma materia, la consejera Hevia precisó que no entiende “la histórica crítica al actual Tribunal Constitucional, cuando se dice que actúa como una tercera cámara” y que la iniciativa de derogación puede terminar con una norma con un porcentaje muy bajo de apoyo.

En cuanto al debate en torno a los mecanismos de participación, el comisionado Sebastián Soto hizo notar que la iniciativa de derogación “fue de las normas más debatidas de este capítulo III. Aprobé con mucha dificultad, pero una constitución de consenso debe considerar las normas que son del gusto de otros”. Explicó que “la filosofía es que haya una conexión con la ciudadanía” y que se trata de un caso específico de un mecanismo de democracia directa en un sistema de democracia representativa.

Participación ciudadana en la gestión

El anteproyecto, en su artículo 49, mandata al legislador para crear audiencias o consultas públicas para garantizar la participación de las personas en la gestión pública. En esta materia, el Partido Republicano, propuso una enmienda que suprime la norma y sus dos incisos. El consejero De la Maza sostuvo que esto ya está normado en la ley 20.500 y dijo que es ambigua. Aclaró que “no estamos dispuestos a defenderlo con la vida y vamos a conversar de aquí al lunes». Sobre el punto, la consejera Hevia expresó sus dudas en relación a “cuál es el ejercicio efectivo y el alcance de la gestión pública”. No obstante, se mostró disponible para buscar una mejor redacción y retirar la enmienda de supresión del artículo.

A su turno, los consejeros de la bancada Unidad para Chile, Suárez y Ñanco llamaron a los republicanos a reflexionar sobre la importancia de la participación y se mostraron convencidos de que estas medidas permiten acercar a la ciudadanía a las gestiones del Estado y mejora la democracia.

En tanto, Gloria Hutt (Evópoli), señaló que “existe una ley que regula la participación ciudadana. Eso enriquece la discusión. Si fuera el caso de darle nivel constitucional “que diga que la opinión ciudadana siempre se va a considerar en las políticas públicas”.

Foro de Deliberación Ciudadana

Los consejeros debatieron también el Art. 50 (Cap. III), el cual expone que: «la ley establecerá Foros de Deliberación Ciudadana, que colaborarán en la resolución de una materia específica de debate público, sea esta de alcance nacional, regional o comunal”.

El consejero republicano Jorge de la Maza explicó que propusieron una enmienda N°46 que reemplaza dicha norma: “habrá un Foro de Fiscalización Ciudadana cuyo objeto es supervisar el fiel cumplimento de la ejecución del presupuesto público en materia regional y comunal, con el objetivo de un buen uso de los recursos públicos. Buscamos crear un órgano colegiado, que debería tener una finalidad múltiple, tanto fiscalizar como proponer ideas para mejorar la gestión pública”. Plantean que dicho foro esté compuesto por tres integrantes, un abogado, un contador y un ingeniero civil, designados por el Gobierno Regional respectivo, de entre una terna propuesta por cada profesión por el sistema de Alta Dirección Pública”.

En desacuerdo, el consejero Christian Suárez, expuso que la iniciativa se centraría en labores de fiscalización y no de fomento a la participación ciudadana en los asuntos públicos.