Medio ambiente y agua: Audiencias Públicas en Comisión de Derechos

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Personas y representantes de comunidades y organizaciones expusieron sobre medio ambiente y agua ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional. Todo esto, en el marco de las Audiencias Públicas organizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana, las que se llevarán a cabo durante toda esta semana.

Materias tan variadas como el mar, educación ambiental, innovación, aire puro, astronomía y escasez hídrica han sido algunos de los temas abordados por los expositores, representando propuestas de distintas regiones de nuestro país.

Marco Ide y Zoila Bustamante, representantes de los pescadores artesanales, solicitaron incorporar el cuidado del ecosistema marino y su preservación. Durante su exposición, señalaron que Chile es cinco veces más mar que territorio, por lo que es necesario “consagrar la soberanía marítima de nuestro país, además de los deberes del Estado en el ámbito marino: seguridad, identidad, investigación y desarrollo, además del tema ambiental”.

Alejandro Núñez, director del Centro Universitario UMAG de Porvenir, expuso de manera telemática sobre la importancia del aporte de las universidades y organizaciones civiles para la educación ambiental. “Lo que está faltando hoy para poder ser comunidades más resilientes frente a la aceleración del cambio climático y la contaminación humana es el diálogo. Un diálogo que debe ser horizontal entre comunidades empoderadas y habitantes de los territorios con los tomadores de decisiones. Pueblos originarios, con sus saberes y experiencias ancestrales, junto a la ciencia y la academia”, señaló en su presentación.

Claudio Muñoz, representante de la Red de Directores por la Acción Climática y de Chapter Zero Chile, expuso sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo económico. En su presentación a los consejeros, manifestó su interés en que la constitución “aborde la relación del Estado con el cambio climático, protegiendo al medio ambiente, pero también a la población y al desarrollo económico sostenible de la sociedad. Esperamos, como sector privado, que la constitución cree un camino a la sostenibilidad a través del desarrollo de las personas, sus familias y sus negocios”. Muñoz agregó que “para enfrentar esta amenaza climática, necesitamos innovar, atraer inversiones y nuevas formas de negocio que nos colaboren en repensar nuestras formas de extracción, explotación y operación. El Estado debe ayudar a las personas y a la sociedad a adaptarse”.

Loreto Stambuk, representante de la Fundación Horizonte Ciudadano, realizó una presentación sobre el derecho humano a respirar aire puro. En su exposición, afirmó que la contaminación del aire representa la mayor crisis de salud pública en Chile, y que nuestro país es el que tiene las tasas de mortalidad más altas producto de la contaminación ambiental de Latinoamérica. “Sería interesante incluir el derecho a respirar un aire limpio como un componente integral del derecho a la vida y la salud. La contaminación tiene un efecto desde el inicio gestacional hasta el final de la vida de un ser humano, por lo que proponemos el derecho humano a respirar aire puro durante todo el ciclo de vida”, expuso.

Eduardo Unda, en representación de la Sociedad Chilena de Astronomía, expuso sobre la necesidad de una protección constitucional del cielo nocturno, y considerar a la iluminación artificial nocturna como un contaminante. “Chile es la principal reserva de cielos oscuros del mundo, y proteger este bien no solo ayuda a la investigación astronómica, sino también a la salud humana y a la biodiversidad”, expuso. Además, Unda agregó que los consorcios internacionales de astronomía están crecientemente instalando infraestructura en nuestro país, con lo que se proyecta -para el final de esta década- que más del 55% de la capacidad instalada mundial estará dentro de nuestras fronteras. “Es una responsabilidad a nivel internacional. Es la posibilidad de los seres humanos de conocer el universo. El desafío que enfrentamos es que preguntas fundamentales de la humanidad están ad portas de ser respondidas. Interrogantes como si estamos solos o no en el universo probablemente se respondan dentro de las próximas cuatro décadas, y eso es altamente probable que ocurra desde nuestro país”, afirmó el astrónomo.

Julieta Cortés, representante de la Fundación Superación de la Pobreza y del Grupo de Investigación y Acción por el Agua, presentó una serie de medidas en relación a la escasez hídrica. “Nuestra propuesta es agua para las comunidades y la naturaleza, desde el secano a la nueva constitución, y que reúne las voces de diversos territorios rurales”. Entre los puntos solicitados se encuentran una nueva institucionalidad en torno al uso y gestión del agua, un Ministerio del Agua, una Defensoría Pública del Medio Ambiente, considerar a las cuencas en el ordenamiento territorial y protocolos de participación que integren a grupos y comunidades a través de consultas incidentes y vinculantes.

Catalina Huerta, representante de Modatima, también expuso en relación a la protección del agua que “una nueva constitución (…) tiene que ser clara, enfática y contundente al asegurar el derecho al agua para la vida”. En ese sentido, expuso ante los consejeros que en el anteproyecto de la Comisión Experta “surgen contradicciones, ya que no se establece el derecho humano a agua en sí, sino que el deber del Estado de asegurar el derecho al agua a las generaciones presentes y futuras. Seguidamente, concibe el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho real. Esta comprensión puede hacer colisionar la garantía del derecho al agua con el derecho al aprovechamiento al agua, tal como sucede hoy en cientos de contiendas en Chile, donde el Estado no es capaz de asegurar este derecho humano. En otras palabras, la desigualdad hídrica puede perpetuarse toda vez que los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua son quienes tienen decisión sobre sus usos”.

Audiencias Públicas – Sesión PM

Claudia Andrade, representante de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, propuso reconocer a los océanos y sus ecosistemas como sujetos de derecho en la nueva constitución. “Como sociedad científica comprometida, abogamos porque la nueva constitución refleje estos principios, y pueda brindar un marco legal sólido para la preservación de nuestro océano, sus recursos marinos y el equilibrio ecológico”. La académica agregó que existe “un agotamiento de muchos recursos pesqueros (…) debido a la contaminación: ruido, plásticos, aguas de relaves mineros y descargas de fluentes de origen doméstico o industrial, descargas de productos químicos tóxicos, el deterioro de espacios marinos costeros con desechos, entre muchas otras características que amenazan nuestra extensa costa”.

Francisca Baeza, representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal, expuso ante los consejeros sobre la necesidad de proteger constitucionalmente a los animales, ya que en ellos “existe el componente de la sintiencia. Este es un concepto científico que (…) determina que los animales son seres conscientes, que pueden sufrir y sentir”. Baeza presentó dos sondeos donde el 71 y el 84 por ciento de los encuestados se mostró a favor de proteger a los animales, para luego proponer -en su exposición- un artículo para una nueva constitución: “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”.

María Rubio, en representación del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), realizó una presentación sobre los derechos de la naturaleza y el modelo económico. “Aquellos que se dedican a vivir de los recursos naturales, deben velar por un equilibrio, hacerse cargo de los daños y mitigar. Hoy tenemos zonas de sacrificio donde las empresas no han sido empáticas con la naturaleza”, afirmó en su exposición. Rubio agregó que “no queremos ideología, porque la naturaleza no responde a ideologías: queremos soluciones que cuiden, para nuestras generaciones y para las que vienen, la naturaleza y el mundo: el agua, sus árboles, sus animales, sus espacios”.

Marcos Muñoz, representante de la Corporación de Asistencia Protectora de Mascotas Abandonadas (COPROMAA), expuso sobre la vulneración de los derechos de los animales, y el incumplimiento de las normas de regulación existentes. En el caso del rodeo “estamos pidiendo la prohibición del uso de las espuelas, y estamos proponiendo que esto se cumpla, porque está en la ley del deporte”. Muñoz puntualizó que “no estamos diciendo que se elimine la actividad del rodeo como deporte. Estamos pidiendo que se eliminen las espuelas, como elemento de maltrato”.

Ximena Insunza, representante del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, expuso sobre la importancia de la dimensión ambiental en la nueva constitución. “Cumplimos siete de las nueve características de vulnerabilidad de cambio climático, que tienen que ver con las acciones que realiza el hombre”. Respecto a las normas en materia medio ambiental, agregó que “no importa si son pocas o muchas. Lo importante es que lo que la constitución diga en materia medioambiental sea sustantivo. Creo que (el anteproyecto) es muy perfectible, sobre todo por la ausencia de los recursos naturales. Sería partidaria de que todo lo que tuviera que ver con ello y con el agua pudiera venirse a este capítulo (XIII – Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo), porque en este capítulo es donde debieran estar regulados, y no en el derecho de propiedad”.

María Inés Figari, representante de la Sociedad Agrícola del Norte, realizó su presentación sobre la importancia de la agricultura, el agua y la seguridad alimentaria. Afirmó que, según estudios, “Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040, ubicándose en el lugar 18 de riesgo en comparación a los 164 países analizados. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de país y a más del 13% de la población que se dedica a la agricultura, siendo el 80% de ellos pequeños agricultores”. Figari propuso que el Estado “asegure que se realicen obras de infraestructura hídrica, ya sea asumiendo directa o indirectamente su realización, además de crear y fomentar los incentivos para la acumulación y transporte de agua, la desalinización de agua, y la implementación de tecnologías destinadas a la mejor utilización del recurso”.

Nicolás Smith, en representación de Cicleayque, expuso sobre el derecho a la movilidad segura y sustentable, y propuso sumar un nuevo artículo que consagre el “derecho a la ciudad y el territorio”. Smith agregó que “los objetivos de este derecho es producir ciudades y territorios justos, inclusivos, seguros y sostenibles, donde se realice una vida digna, además de las funciones ecológicas”. Durante la exposición, señaló que cada año están ingresando 400 mil vehículos al país, un “desacople” respecto al crecimiento de la población o de la vivienda. “Debemos tener en cuenta la forma de participación y gestión de nuestros territorios desde las comunidades, desde la sociedad civil, desde distintos grupos que han tenido poco acceso”, finalizó.