Audiencias Públicas sobre salud en la Comisión de Derechos

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La protección de la salud en sus dimensiones física, mental y social fue el tema central de las exposiciones de personas y representantes de comunidades en el marco de las Audiencias Públicas ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

La relación de la salud con la calidad de vida, los derechos sexuales, la salud mental, la salud pública y la situación de personas con discapacidad fueron algunos de los temas abordados ante los consejeros, los que serán un insumo para la elaboración de la propuesta de nueva Constitución.

María Ñanco, representante de la Corporación Surcando, expuso sobre la relación entre la salud y los determinantes sociales, como la vivienda, el transporte o el trabajo. “No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin el resguardo de los determinantes sociales”, afirmó. Ñanco agregó que el 23,6% de la población chilena tiene o ha tenido una enfermedad de salud mental, y es el segundo país de la OCDE en tasas de suicidio. “Las personas, cuando tenemos mejor salud mental, podemos ser más productivas, más creativas, y tener un mejor trato entre nosotros. Incorporar el enfoque de salud mental y determinantes sociales permite garantizar mejores condiciones de vida”, finalizó.

Javiera Rodríguez, en representación de la Fundación Tremendas, solicitó a los consejeros que se reconozcan y resguarden los derechos de quienes viven con condiciones o trastornos de salud mental. “¿No es grave que la primera causa de muerte en personas jóvenes entre 15 y 29 años sea por suicidio?”, preguntó Rodríguez, para luego agregar que “el derecho y la promoción, garantía y protección de la salud mental debe estar garantizado por el Estado. Hasta el momento, solo se ha tenido una estrategia reactiva”.

José Luis Espinoza, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, expuso sobre la necesidad de consagrar el derecho a la salud “como un derecho humano, fundamental y social”. Espinoza presentó como ejemplos que la mortalidad en menores de cinco años es 60 por ciento mayor en las comunas más pobres, y que durante la pandemia del Covid, esta diferencia fue de seis veces, en relación a las comunas de mayores ingresos. “Estos datos reflejan que hay inequidades profundas en nuestro sistema de salud. No sigamos con esta visión de salud particular, mirándola desde una perspectiva individual. Veámoslo de forma solidaria, donde todos aportemos a un fondo, un piso que genere mejores condiciones a las que hoy tenemos”, propuso.

Nicole Suazo, matrona de la Universidad de Concepción, presentó la necesidad de contar con un derecho a la salud sexual y reproductiva con enfoque integral y pluralista. Suazo señaló que esto incluye la autodeterminación del propio cuerpo, el derecho a una vida sexual placentera, a expresar libremente la orientación sexual y a prevenir gestaciones no deseadas, entre otros puntos. Sobre este último punto, afirmó que “el círculo vicioso del debate sobre la legalización del aborto no finiquita ni resuelve el tema: tenemos a la ciencia a favor de las dos posturas. Somos nosotros y nosotras quienes escogemos individualmente cuál conclusión científica nos hace más sentido (…) Deberíamos comprender que le corresponde solo a esa mujer sopesar las consecuencias de esa acción, de acuerdo a su creencia”, sentenció.

Teresa Tenorio, profesora y madre de un niño con síndrome de Down, expuso sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de discapacidad. “La educación puede cambiar la vida de las personas en miras de construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Es esencial reconocer a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos”, señaló, junto con solicitar incorporar explícitamente “la protección a los derechos a la educación y acceso al trabajo”. Finalizó exponiendo que “las personas con discapacidad se pueden incorporar en la sociedad en la medida en que eliminemos las barreras que se lo impiden. Nuestra constitución debe hacerlo”.

Celso Barrueto, representante de Sustentabilidad Viable, expuso sobre la necesidad de resguardar la salud pública en las viviendas sociales. Ejemplificó con un caso de Valdivia, donde mil 200 familias habitan en casas construidas sobre un humedal, lo que ha provocado su deterioro. “Tenemos un montón de gente con depresión y con enfermedades crónicas que se están agravando. Cuando llueve, el humedal es una esponja, y el agua sube. Ellos viven el invierno con agua, y en el verano con humedad”. Finalizó señalando que, tal como en las zonas de sacrificio, “el derecho a la salud está vulnerado. En este sentido, estamos trasgrediendo los artículos más básicos”.

Audiencias Públicas – Sesión PM

Gabriela Novoa, profesora de derecho de la Universidad Católica y gerenta legal de la Red de Salud UC-Christus, expuso que asegurar la libertad de elección tanto a nivel de prestadores como de aseguradoras de salud “permite mayor competencia. Con regulación y fiscalización adecuada, logrará un mayor beneficio para las personas, al asegurar el acceso a salud de calidad y oportuna”. Novoa agregó que el sistema privado atiende a cerca de 8 millones de beneficiarios de Fonasa, los cuales -afirmó- no podrían ser absorbidos por el sistema estatal. “El aporte de los privados es necesario en el sistema de salud. Por ejemplo, en las listas de espera, en la capacidad técnica o en la disponibilidad de recursos como personal, equipos y nuevas tecnologías”, puntualizó.

Alfredo Pacheco, representante de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, presentó ante la comisión la necesidad de agregar los cuidados paliativos al derecho a la protección de salud. “Este enfoque mejora la calidad de vida de las personas cuando afrontan problemas por una enfermedad potencialmente mortal, a través de la prevención y alivio del sufrimiento”. El envejecimiento de las poblaciones y el aumento de las enfermedades no transmisibles ha causado que, mundialmente, 40 millones de personas necesiten cuidados paliativos. “Solo el 13% de ellas los reciben. Todos tienen derecho a una muerte digna y a vivir dignamente hasta el momento de la muerte”, afirmó Pacheco.

Marcelo Sanhueza, en representación del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, expuso sobre la importancia de la participación de las comunidades para mejorar la salud mental de las personas. “En los grupos de apoyo mutuo, la persona se da cuenta de que no es la única en el mundo. Además, en vez de estar recibiendo permanentemente asistencia, también pueden ayudar a personas en condiciones similares a recuperarse”. Sanhueza agregó que este sistema genera una mayor recuperación a un menor costo, y que invertir en salud mental promueve el desarrollo económico y productivo del país. “Estudios señalan que cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento para la depresión y la ansiedad produce un retorno de cuatro dólares en la mejora de la salud y la capacidad de trabajo”, señaló.

Óscar Salgado, representante de la Corporación Síndrome de Williams de Chile, pidió a los comisionados reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en igualdad de condiciones. Luego de exponer que la condición genética que agrupa a su colectividad afecta a cerca de 2 mil personas en Chile, agregó que “el 17% de los chilenos tiene algún grado de discapacidad. Es decir, 3.2 millones de personas”. Salgado propuso un inciso en el que sea “deber del Estado otorgar los apoyos adecuados y necesarios, según corresponda. (Las personas con discapacidad) Tendrán derecho, asimismo, a la accesibilidad universal, a la inclusión social y laboral y la participación social en todas sus formas”.