Educación y seguridad social: Audiencias Públicas en la Comisión de Derechos

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Gratuidad y calidad de la educación, pensiones y otras prestaciones sociales fueron algunos de los temas expuestos por la ciudadanía este miércoles en las Audiencias Públicas ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

Respecto a las exposiciones sobre educación, Josefa Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, propuso que la constitución garantice la educación pública, gratuita y de calidad, y establezca la prohibición al lucro. “Es necesario que el Estado vuelva a tomar un rol protagónico en la administración de la educación primaria y secundaria para asegurar una igualdad material y de contenido”. En cuanto a deserción escolar, afirmó que más de 50 mil estudiantes dejaron de asistir a establecimientos educacionales entre 2021 y 2022, y diagnosticó que “el sistema educativo que tenemos actualmente en Chile es de mercado: nos vemos obligados a pagar precios monetarios, y su relación es proporcionalmente directa entre el monto del pago y su calidad”.

Natacha Pino, representante de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), planteó que una nueva constitución debe “fortalecer a las universidades regionales como agentes de desarrollo territorial”. Pino propuso modificaciones al anteproyecto para generar un ecosistema institucional público que promueva mayores grados de descentralización y reduzca las desigualdades socioeconómicas territoriales. “Las universidades se ven obligadas a actuar aplicando leyes del mercado para sostenerse, y el mercado no siempre es estratégico ni sostenible en el largo plazo. Necesitamos un desarrollo estratégico de las regiones”, concluyó.

Sabina Orellana, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, expuso que “la educación debe consagrarse como un derecho humano fundamental, y debe ser el bien público más relevante de una sociedad”. Orellana apuntó que este proyecto tiene que explicitar la prohibición del lucro en la educación, y entregarle más atribuciones al Estado para fortalecer su rol. “La educación pública permite corregir anomalías y desigualdades. Creemos que tiene un valor social superior a la educación privada, por lo que el Estado debe priorizarla, poniendo fin al Estado subsidiario”, sentenció.

Camilo Escudero, representante de El Hecho Constituyente, planteó a los consejeros la necesidad de realizar mejoras al derecho a la educación. “Es necesario agregar principios básicos, como la inclusión, no sexismo, equidad territorial, justicia y pluralismo”. Escudero solicitó incluir la gratuidad en la educación superior, con un método progresivo de financiamiento. “Establecer esto permite un fortalecimiento de la educación superior, su acceso y calidad. Además, ayudará a que las nuevas generaciones no deban endeudarse o depender de becas para acceder a un derecho fundamental”, finalizó.

Hernán Herrera, en representación de Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep AG), realizó una exposición sobre educación escolar de calidad, y solicitó flexibilizar la actual normativa de admisión. “Este sistema no permite a los padres acceder a un colegio en particular de su preferencia. Mientras no existan condiciones similares desde el punto de vista de la calidad de los establecimientos, sí debería existir un sistema que premiara el mérito de las familias y de los alumnos que se esfuerzan por tener un buen rendimiento”, señaló Herrera, tras agregar que los establecimientos particulares subvencionados conforman el 54,1 por ciento de la matrícula. “Deben quedar consagrados, al menos, los principios de libertad de enseñanza, derecho y deber preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos, igualdad de trato en el financiamiento estatal, la autonomía e independencia para la creación de proyectos educativos, la prohibición de adoctrinamiento ideológico y el reconocimiento expreso de la provisión mixta”, finalizó.

Audiencias Públicas sobre seguridad social

Guido Hernández, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, planteó a los consejeros la necesidad de crear “un sistema de pensiones solidario, sustentable financieramente, que reconozca el trabajo remunerado y no remunerado de todas y todos, y que garantice pensiones que permitan vivir con absoluta dignidad”. Hernández agregó que su gestión debía ser pública a través de entes públicos autónomos, sin fines de lucro, con un directorio formado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores. “Que la vejez no esté nunca sujeta a las variables políticas, sociales o económicas”, finalizó.

Rodrigo Gutiérrez, representante de la Corporación Ciedess, expuso sobre el rol del Estado y los privados en la provisión de derechos sociales. “La mejor respuesta institucional al respecto es el principio de colaboración público privada”. En relación a las contingencias cubiertas por la seguridad social, como la vejez, invalidez, desempleo, maternidad, entre otras, Gutiérrez señaló que el Estado y los privados por sí solos no son los llamados a responder a esta demanda. “Creemos que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho al acceso a la seguridad social, pero aquello no debe entenderse como un rol exclusivo en la provisión de sus prestaciones. Pensamos que la participación de privados puede implicar mejores servicios para las personas”, afirmó tras considerar criterios como la calidad y la oportunidad de las prestaciones.