Descentralización concentra interés de la comisión de Sistema Político

“Estado unitario y descentralizado”, fue el título de la presentación que realizó el abogado del Centro de Estudios del Desarrollo, Esteban Szmulewicz, y que acaparó el interés de los integrantes de la comisión de Sistema Político que dio inicio a la ronda de audiencias públicas.

Durante su exposición, el jurista comentó que Chile aparece en un nivel muy bajo en materia de autoridad regional y que los procesos de descentralización, planteados en el anteproyecto, deben ser integrales.

En ese sentido, destacó la necesidad de que la nueva Constitución aborde el tema regional desde una dimensión política, administrativa y financiera. Asimismo, aseguró que es necesario mejorar la relación entre el delegado presidencial y el gobernador regional.

Para ello, Szmulewicz planteó que el Presidente de la República mantenga las Secretarías Regionales Ministeriales, pero que el rol de coordinación recaiga en los gobernadores.

En cuanto a la existencia de un Consejo de Gobernadores, resaltó que se siente más con una fórmula de asociatividad. “Nos parece que, para ser coordinadora de multinivel, se debe integrar al Presidente de la República”, subrayó.

Al término de su exposición, el consejero Christian Suárez (Ind-PS) consultó por la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, mientras que la comisionada Antonia Rivas preguntó qué nivel de competencias podrían tener los delegados presidenciales y los gobernadores.

“La participación de la sociedad civil la visualizo como institucionalizada, es decir, integradas a las prácticas normales del sistema político en su conjunto”, explicó el abogado, quien agregó que esto debería darse “a través de iniciativas ciudadanas, reglamentos regionales y de ordenanzas locales”. En cuanto a las competencias, señaló que esta es una especie de convenio con la voluntad del Presidente y las regiones.

«Justicia territorial»

La importancia del desarrollo regional, local y comunitario también fue abordado por otros invitados a la comisión.

El director del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, Fernando Peña, dijo que el ordenamiento territorial induce el proceso de desarrollo, permite recoger conocimientos locales y da certeza a la inversión. Por ello, sugirió darle nivel constitucional.

Asimismo,  sugirió que el nuevo texto incorpore la diversidad sociocultural y ponga énfasis en la asociatividad intersectorial.

En representación de la Cámara Chilena de la Construcción estuvo Pedro Schlack, quien instó a establecer constitucionalmente que Chile sea un país descentralizado.

“Se necesita transferir más autonomía para que la identidad regional sea reconocida y fortalecida. La ley debe determinar la forma de traspasar competencias y atribuciones y no los políticos de turno”, comentó.

También visitó la comisión la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien expuso sobre la necesidad de que la justicia territorial se traduzca en equidad de ingresos para los municipios.

“Que la distribución de recursos sea equitativa y las diferencias en su entrega se basen en necesidades objetivas de las poblaciones”, dijo la jefa comunal, quien recalcó que las asignaciones del Fondo Común Municipal debieran hacerse de manera diferenciada.

En esa línea, explicó que: “se debe reconocer la existencia de la equidad territorial a nivel constitucional; asegurar que la vida no sea precarizada por las situaciones socioeconómicas de los distintos territorios y la distribución de recursos debe atender a criterios objetivos como cantidad de habitantes y necesidades propias”. 

Funcionarios municipales preocupados

Otro de los expositores fue el representante de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (Ufemuch), José Pastene, quien le solicitó al consejo que las palabras “carrera funcionaria” queden expresamente contempladas en la nueva Constitución. “En la propuesta no aparece establecido el concepto”, comentó el dirigente, quien dijo que era necesario incluirlo para garantizar la capacitación y el perfeccionamiento de quienes se desempeñan en el aparato público.