Derecho a la vivienda: Audiencias Públicas en Comisión de Derechos

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Miguel Lawner es Premio Nacional de Arquitectura (2019), y fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) entre 1970 y 1973. Bajo su gestión se construyeron 158 mil viviendas sociales, además de emblemáticos edificios como el de la UNCTAD III (actual GAM). En representación del Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, fue el primero de los expositores en las Audiencias Públicas sobre el derecho a la vivienda ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

“Lo básico que nos anima es recuperar para el Estado la vocación de guiar las políticas de vivienda y desarrollo urbano”, expuso Lawner, para luego defender los derechos a la vivienda digna y adecuada, y a la ciudad y el territorio. “Desde 1906, cuando se dictó la primera legislación de habitaciones obreras, hasta el gobierno de Pinochet, todas las políticas fueron conducidas por organismos del Estado. Estas instituciones tenían departamentos técnicos que dejaban los expedientes listos para convocar a propuestas de construcción a las empresas privadas. Eso fue así, fuera el color que fuera del gobierno”.

Lawner destacó la calidad del equipamiento y de las viviendas sociales de la época, en contraste a lo ocurrido con las políticas habitacionales posteriores, donde el Estado juega un rol menor. “Según un catastro de condominios sociales del Ministerio de Vivienda, entre 1984 y 2010 se construyeron en Chile 200 mil unidades habitacionales vulnerables o altamente vulnerables, muchas de las cuales ha sido necesario demoler”, y ejemplificó con los casos de Bajos de Mena o las casas Copeva. “Nunca antes de este cambio sustancial fue necesario demoler una sola vivienda, y eso nos está penando hasta ahora”. También calificó a los llamados ghettos verticales como “un delito, con densidades que no se encuentran ni siquiera en la ciudad más congestionada del planeta, que es Shanghai, arruinando para siempre una comuna como Estación Central”.

Otras exposiciones sobre vivienda

Nataly Soto, de la Fundación Paisaje Inclusivo, expuso sobre la accesibilidad universal en lugares de uso público. “El concepto de discapacidad es un término que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las múltiples barreras que existen para su plena participación de la sociedad, por lo que consideramos necesario poner este énfasis”. Soto agregó que un 17,6% de la población adulta tiene algún tipo de discapacidad (casi 3.5 millones de personas), y que esta cifra que aumenta considerablemente si se considera a las personas que realizan labores de cuidado. Problemas como la falta de movilidad inclusiva y la seguridad vial son “el cotidiano que enfrentan personas usuarias de sillas de ruedas, burritos, hasta incluso mujeres con coches de niños. Accesibilidad universal es accesibilidad para todos, porque todos somos parte del paisaje”, concluyó.

Daphne Cárdenas, del Comité de allegados Venceremos de la comuna de El Bosque, propuso a los comisionados modificaciones al derecho a la vivienda en base a la iniciativa popular de vivienda digna, segura y propia. “Hemos experimentado en carne propia lo que es la falta de derecho a la vivienda en nuestro ordenamiento constitucional. En mi comité todas y todos trabajamos, y nunca vamos a tener la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario”. Santiago Biskupovic, acompañando a la organización, señaló que “no hay políticas de vivienda. El Estado ha incumplido sistemática su obligación de asegurar progresivamente y con el máximo de los recursos disponibles el goce universal y oportuno de este derecho”.

Jaime Mozó, representante de la Cámara Chilena de la Construcción, expuso sobre el acceso universal a la vivienda. “A la constitución le estamos agregando más de lo que puede hacer. El hecho de que un derecho esté consagrado en la constitución no significa necesariamente que al día siguiente vamos a poder resolver el problema”. Mozó agregó que el problema que tenemos en vivienda es de tal magnitud que “no podemos darnos el lujo de restringir posibilidades”, y que en Chile existe un déficit de 700 mil unidades. “Las políticas hoy existentes son inútiles. Existen muchísimas alternativas a través de las cuales la persona puede cumplir con la necesidad de tener una vivienda, como un buen sistema de arriendo o un leasing”.