Debate por normas sobre partidos en la Comisión de Sistema Político

La normativa sobre partidos políticos fue uno de los temas de las enmiendas debatidas en particular sobre el capítulo III: “Representación Política y Participación” correspondiente a la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.

Uno de los artículos que generó debate en la comisión fue el n.44 en su inciso n.2, que propone inconstitucionalizar «a los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático (…) hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella».

Mientras algunos comisionados de Unidad para Chile pidieron votar este inciso por separado, sus pares republicanos introdujeron una enmienda que inconstitucionaliza -además- a los grupos que “procuren el establecimiento de un sistema totalitario”.

“¿Por qué alguien podría estar en contra de que este principio esté en una constitución? ¿Por qué podríamos querer que haya partidos políticos, organizaciones o movimientos que quieran atentar contra el régimen democrático? Me pregunto por qué no queremos limitar que existan movimientos que usen la violencia como mecanismo de acción política, o que propugnen o inciten a ella”, afirmó la consejera Beatriz Hevia (PRep).

El consejero Christian Suárez (PS) replicó que “nadie esta propiciando que existan instituciones que puedan procurar un sistema totalitario. Lo que yo creo es que la redacción del art 44. de la Comisión Experta es mucho más amplia que la redacción propuesta por la enmienda”. Argumentó que el totalitarismo es una más de un listado de formas de gobierno que se contraponen a la democracia, y que con la redacción original se entiende por incluido.

En defensa del texto de la Comisión Experta, el comisionado Juan José Ossa señaló que la enmienda podría “jugar con la verdad oficial”. “Naturalmente suscribo con la idea que hay detrás: no queremos regímenes totalitarios, pero creo que se puede prestar para interpretaciones constitucionales de las cuales después nos podemos arrepentir. Creo que el propósito está bien logrado a través de lo categórico que se debe ser a la condena a la violencia como método de acción política”, agregó.

En la misma línea, el consejero Alihuen Antileo sostuvo que la voz “procuren” es “calificar intenciones, y eso es a mi juicio muy riesgoso en el sentido de quién califica esa intención. Corremos el riesgo de que haya sectores que, con el objetivo de marcar el punto político o generar menoscabo hacia algún movimiento, esté recurriendo permanentemente a esto, acusándolo de procurar el establecimiento de un sistema totalitario”.

Respecto a las atribuciones de los partidos políticos, consejeros del Partido Republicano presentaron una enmienda que señala que estos “no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana”.

“Lo que buscamos es que pueda haber un vínculo entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, pero una cosa es vincularse y otra cosa es la instrumentalización que pueda darse en algunos casos por parte de los partidos políticos”, argumentó la consejera Beatriz Hevia (PRep).

Comisionados de distintos sectores mostraron sus reparos ante la indicación. El vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, señaló que “la pregunta no es si estamos de acuerdo en los fundamentos, sino si vale la pena explicitar estos enunciados, que si bien reconocen algo que está implícito, al momento de escribirlos generan más preguntas, algo de confusión”.

La comisionada Antonia Rivas, por su parte, agregó que la lectura de esta enmienda en tono negativo “abre dudas que no deberíamos tener. Es como ponerse el parche antes de la herida, y parte de una base de desconfianza hacia la labor de los partidos políticos”.

Respecto al financiamiento de los partidos, una enmienda de la bancada UDI propuso eliminar parte del inciso 1 del artículo 45 que señala que los partidos políticos “en caso alguno podrán recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas distintas del Fisco”, es decir, de empresas.

El comisionado Gabriel Osorio señaló que “eso pudiese ser interpretado como una forma de dejar la posibilidad al legislador para que vuelva a establecer el financiamiento de partidos políticos por parte de empresas, y eso no le hace bien a la democracia”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Desde la bancada UDI presentaron una disposición transitoria que establece como requerimiento para la conformación de un partido político “la afiliación de a lo menos el 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados”, lo que duplica el porcentaje que rige actualmente.

“La enmienda está orientada a disminuir la fragmentación. La idea es que esto no afecte a los partidos que ya están creados o están en formación, sino que rija a futuro”, argumentó la consejera María Claudia Jorquera (UDI).

El comisionado Gabriel Osorio alertó que, “de acuerdo a la última estadística del Servel, el número máximo de afiliados a un partido es de 45 mil. El 0,5 son 70 mil personas. Por tanto, entrada en vigencia la constitución, todos los partidos quedan out”.

La consejera Gloria Hutt (Evópoli) coincidió con lo dicho por Osorio, y agregó que “el 0,25 estaba calculado sobre el padrón con voto voluntario, y sube a 0,5 con el padrón de voto obligatorio, entonces hace prácticamente inviable formar un nuevo partido político. Sería muy malo que quede la sensación de un sistema que se cierra a los incumbentes y no dé espacio a los nuevos”.

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