Consejo repone norma sobre cambio climático

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En su último día de votaciones, el Pleno del Consejo Constitucional respaldó incluir un capítulo específico destinado a la Protección del Medio Ambiente, sustentabilidad y desarrollo, tal como fue propuesto por la Comisión Experta y que recoge una de las bases institucionales que regula este proceso.

De esta manera, por unanimidad, se aprobó que “es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad”, que esta protección comprende la conservación del patrimonio ambiental y preservación de la naturaleza y su biodiversidad, así como la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente.

Asimismo, por 33 votos a favor y 17 abstenciones, se repuso el artículo propuesto por la Comisión Experta que señala que “El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático”, norma que previamente había sido suprimida en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. A esta redacción se añadió la palabra “racional”, propuesta por las y los consejeros de la bancada republicana.

Las diferentes explicaciones por su rechazo previo marcaron el debate, donde, sin embargo, hubo coincidencia en la necesidad de hacerse cargo de esta realidad y de los efectos que tiene en nuestro país, punto que enfatizó el Consejero Carlos Recondo (UDI).

También, solo con el voto de mayoría, se refrendaron las normas referidas a la institucionalidad ambiental, donde se establece que «los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo», con criterios, requisitos y condiciones uniformes.

Además, se aprobó por 34 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, que el Estado promoverá la educación ambiental, norma que reemplazó en forma integra la propuesta de la comisión experta que señalaba que «la distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad y participación ciudadana».

Sobre este punto, consejeros de Unidad para Chile criticaron que se excluya a la justicia ambiental porque no permite que realmente se concrete la protección o se superen las afectaciones que sufren las comunas más pobres, tal como lo recalcó el Consejero Yerko Ljubetic (CS).

La Consejera Cecilia Medina (PRep), en tanto, destacó que Chile cuenta con una institucionalidad robusta, con hitos como la Ley general de bases del medio ambiente, la creación del ministerio del ramo y los tribunales ambientales, y ahora un capítulo específico en el texto constitucional, pero que es necesario construir un desarrollo sustentable.

Otra materia que también fue parte del debate de la presente jornada fue la no inclusión de ciertas normas sobre protección de las aguas y recursos hídricos, como la IPN 10.267, Agua para la vida (rechazada por 17 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones). Para el Consejero Julio Ñanco (RD) la crisis hídrica está ampliamente documentada y las normas actuales perpetúan que comunidades no tengan acceso a este recurso.

Finalmente, se aprobó la disposición transitoria que fija un plazo de dos años para que el Presidente de la República presente un proyecto de ley para adecuar los procedimientos e instituciones ambientales a las exigencias y requisitos establecidos en este capítulo.