Consejeros proponen órgano que evalúe leyes del Congreso

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Un Consejo de Evaluación de las Leyes y las Políticas Públicas propusieron consejeros de la bancada UDI durante el debate de las enmiendas al capítulo IV del anteproyecto de la Comisión Experta por parte de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.

El organismo, de carácter autónomo y técnico, tendría por objetivo “contribuir a la evaluación de las leyes y políticas públicas” sobre la base de sus objetivos y recursos, estaría conformado por cinco integrantes designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, y elaboraría un plan de evaluación junto al Gobierno y el Congreso Nacional.

“Se plantea como un consejo que tiene atribuciones de recomendación. No es que se atribuya la soberanía popular ni el rol colegislador del Presidente o del Congreso, sino más bien es una entidad de carácter técnico; en ningún caso político”, afirmó la comisionada Natalia González.

El consejero Julio Ñanco (RD) sostuvo que la enmienda “habla de un organismo autónomo, y no sé si sea en este capítulo donde se deba incorporar”, y manifestó su “preocupación de que esta instancia aparezca como un ente superior, diciendo esto es bueno y esto es malo”.

La comisionada Antonia Rivas se manifestó “de acuerdo con la necesidad de evaluar las leyes y las políticas públicas”, pero también señaló tener dudas “de carácter técnico” respecto a la enmienda: “siempre me imaginé esto como una oficina del Congreso. Creo en un órgano de carácter más técnico que en un consejo”.

SINDICATOS Y GREMIOS

Otro punto que generó debate fue una enmienda presentada por la bancada UDI que propone que no puedan ser candidatos a diputados ni a senadores “los presidentes nacionales y regionales de sindicatos y gremios” que hayan tenido el cargo dentro de los seis meses anteriores a la elección.

“Tengo fuertes discrepancias. Perpetúa esa lógica de que la política es mala”, señaló la comisionada Antonia Rivas, quien agregó: “¿por qué el miedo a los gremios, a los sindicatos de trabajadores, y no a las asociaciones de empresarios?”.

Por su parte, la consejera Beatriz Hevia (PRep) se mostró a favor de la enmienda al señalar que “me parece relevante que quienes tienen cargos directivos altos en estos espacios, los utilicen en bien del gremio, del sindicato que los escogió, y no como un trampolín para acceder a otros cargos políticos”.

El consejero Ñanco añadió que “no creo que sea malo que un dirigente tenga una adhesión a algún partido político. Si estamos pretendiendo fortalecer a los partidos políticos, por qué no permitir que los dirigentes puedan postular a cargos de representación política”.

La comisionada González contestó que “nadie aquí ha propuesto alejar de la política a personas que han hecho una carrera en los gremios o en los sindicatos. Lo único que está planteando es que esas personas, cuando quieran presentarse a una candidatura, dejen el cargo con una debida anticipación. Es un resguardo de probidad y transparencia”.

La consejera Gloria Hutt (Evópoli) llamó a poner atención sobre la dificultad para los partidos de “encontrar liderazgos valiosos, validados por la comunidad y por las bases”. Agregó que “cuesta muchísimo encontrar personas que estén dispuestas a seguir en el mundo político por las dificultades que conocemos, entonces tenemos que buscar una forma de proteger eso y poner las restricciones que nos aseguren que esa persona no haga mal uso del cargo”.

PÉRDIDA DEL CARGO

Otra de las enmiendas debatidas fueron las realizadas al artículo 72, y que hacen referencia a las razones por las cuales cesará en el cargo un diputado o senador. Mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establece que cesará en el cargo quien haya sido expulsado de su partido político, una enmienda del Partido Republicano elimina ese inciso.

“Creemos que las personas eligen a un representante y que pueden haber motivos para cesar en el cargo, pero no una sentencia de un tribunal supremo de un partido que no necesariamente va a cumplir los requisitos que debería tener un tribunal que dictara sentencia con tal efecto”, señaló la consejera Hevia.

El consejero Edmundo Eluchans (UDI) se mostró favorable a la enmienda, ya que -al ser el mismo partido el encargado de reemplazar al parlamentario- la situación podría prestarse para “abusos”.