Consejeros proponen capítulos sobre Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

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Desde las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano fueron ingresadas enmiendas que agregan un capítulo sobre seguridad al anteproyecto de la Comisión Experta, las que fueron debatidas en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.

Por parte de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el capítulo fue denominado “De la Seguridad Pública”. Según una de sus firmantes, Gloria Hutt (Evópoli), “replica prácticamente lo mismo en términos de las facultades de las organizaciones que están acá, solo que las agrupa en un capítulo distinto”.

La consejera María Claudia Jorquera (UDI) agregó que el texto “incorpora una coordinación con los municipios. Si bien estos ya han invertido recursos en la seguridad pública, muchas veces no va de la mano con lo que hacen con Carabineros. Al dejarlo como una garantía en la constitución va a permitir una mayor y mejor coordinación”.

El comisionado Gabriel Osorio señaló que “tal como se criticó que en intentos constitucionales anteriores se señalara que por aprobar una constitución se acababan las listas de espera, yo espero que seamos lo suficientemente responsables para entender que con la inclusión de normas en materias de seguridad no se va a acabar la inseguridad”.

El consejero Julio Ñanco (RD) sostuvo que “desde nuestro sector entendemos que es un tema relevante”, no obstante la seguridad pública corresponde a una política pública a cargo del gobierno”. Agregó que el concepto de seguridad debiera ser visto de manera más integral.

GENDARMERÍA DE CHILE

Al igual que la propuesta de Chile Vamos, la enmienda presentada por el Partido Republicano consagra constitucionalmente a Gendarmería de Chile. A diferencia de las otras instituciones contempladas en el capítulo -Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones-, los gendarmes sí pueden formar sindicatos, lo cual quedaría prohibido explícitamente por la enmienda republicana.

El consejero Ricardo Ortega (PRep) afirmó que “una parte importante de los delitos más complejos están siendo dirigidos desde las cárceles”, y agregó que “hay un problema evidente entre el personal y los oficiales. Yo no digo que los sindicatos sean malos, pero algunos de los dirigentes sindicales usan su fuero para alentar a los presos en contra de la autoridad de Gendarmería, y eso me parece muy grave”.

La consejera Jessica Bengoa (CS) señaló que “todos los consejeros hemos sido alertados sobre el temor que existe frente a la incorporación de los gendarmes en el texto constitucional. Es importante tener un acercamiento con el gremio, ya que en este caso hay conquistas que son importantes para la institución y para el sindicalismo chileno”.

El consejero Jorge de la Maza (PRep) señaló que la inclusión de Gendarmería en el texto es un anhelo de los propios integrantes de la institución.

USO DE LA FUERZA

Una enmienda de la bancada Unidad para Chile propone que el uso de la fuerza que puedan hacer los integrantes de estas instituciones considere criterios de “proporcionalidad y necesidad, respetando siempre la dignidad de la persona y los derechos humanos”.

Desde la bancada republicana se mostraron contrarios a la iniciativa. El consejero Ortega señaló que “la proporcionalidad no tiene nada que ver cuando el Estado está aplicando fuerza para restablecer el orden. No puede ser que si tiran una piedra, responder con una piedra”. En tanto, la consejera Beatriz Hevia dijo que “esperamos que las personas a quienes le hemos entregado el monopolio de la fuerza actúen de una manera en que puedan dar el resultado efectivo a lo que se está buscando”.

La comisionada Antonia Rivas sostuvo que “es importante que aquellas personas que tienen el monopolio del uso de la fuerza, lo hagan de manera proporcional. Basta pensar en todas las personas que fueron víctimas de trauma ocular”.

Durante la jornada también se debatió el capítulo VI del anteproyecto de la Comisión Experta, denominado “Gobierno y Administración Regional y Local”, y cuyo objetivo es propender a la descentralización y desconcentración del Estado.

Uno de los temas debatidos fue la prohibición de tutela; es decir, impedir que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales. Si bien el principio está recogido en anteproyecto de la Comisión Experta, una enmienda de la bancada republicana lo suprime.

“Lo que nos preocuparía es que sí pueden haber direcciones desde el gobierno central a los gobiernos locales. No se tiene que entender la prohibición de tutela como una autonomía completa de los gobiernos regionales”, afirmó la consejera Hevia.

El consejero Ñanco justificó que la prohibición de tutela está presente por recomendación de la Fundación Chile Descentralizado, que sugirió que “es necesario impedir explícitamente que el gobierno central decida sobre competencias propias de los gobiernos regionales y locales. Estimamos del todo conveniente mantener este principio”.