Consejeros manifiestan coincidencias en la protección medioambiental

Los integrantes de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se abocaron al debate de las propuestas referidas al Capítulo XIII, sobre protección del Medio Ambiente, dejando patente que todos los sectores valoran incorporar esta materia en la nueva Constitución.

En particular, ante las divergencias que han surgido por la propuesta de la bancada republicana de eliminar la palabra protección del título de este capítulo, el consejero Sebastián Figueroa recalcó que, sin duda, hay espacios para llegar a consensos de unidad de propósitos. Por lo mismo, sostuvo, «si el título es un elemento importante para lograr esas unidades de propósitos, vamos a acceder a buscar una mejor redacción», mirando el conjunto para llegar a las mejores alternativas, subrayó.

Por su parte, el consejero Miguel Littin (PS) aseguró que estas materias no deberían ser tema de discusión, ya que para todos los chilenos y chilenas es fundamental la protección del medio ambiente. «Debemos ser claros, definitivamente humanos; tenemos la obligación moral, la obligación incuestionable de defender nuestra naturaleza».

Asimismo, la consejera Pilar Cuevas (RN) destacó el esfuerzo realizado por la Comisión Experta y expresó la voluntad de llegar a acuerdos. Agregó que, en relación al medio ambiente, «nuestra historia constitucional es bastante pionera» y otorgarle un capítulo especial en este proyecto, sin que nadie se manifestara en contra, demuestra que todos tienen una altísima preocupación por la protección del medio ambiente, «para entregar un mejor país y un mejor planeta a nuestros hijos y generaciones venideras».

En particular, sobre el contenido de algunas enmiendas, la consejera Claudia Mac-Lean (PRep) explicó que sus propuestas persiguen «vincular la dignidad humana con el derecho a vivir en un ambiente sano y  libre de contaminación, donde las personas tienen una responsabilidad primordial» y fortalecer una de las dimensiones claves de la sustentabilidad que es el bienestar humano.

Así, en la sesión, se presentaron opiniones a favor de incorporar también la protección del patrimonio ambiental, tal como lo propone la enmienda de los consejeros Figueroa, Mac-Lean, Medina, Ossandón y Payauna, al artículo 202 del anteproyecto.

Al respecto, Nancy Márquez (CS) valoró esta norma, porque este concepto considera a «los patrimonios culturales que pertenecen al medio en el cual convivimos». A su vez, se refirió a la enmienda que como bloque Unidad para Chile han presentado para establecer que «el Estado adoptará una administración ecológicamente responsable», que se suma a otros deberes considerados en este capítulo.

La consejera Paloma Zúñiga (RD) remarcó que al hablar de «ecológicamente» el objetivo es que todas las políticas públicas se implementen con una perspectiva ecológica y protección del medio ambiente en general. Ante la duda de por qué no usar en su lugar la palabra «ambientalmente» -con un uso más común en la legislación vigente-, sostuvo que es conversable decidir cuál usar en la redacción final.

Participación ciudadana y energías renovables

En otro aspecto, la consejera Karen Araya (PC) criticó la propuesta presentada por la bancada de la UDI de eliminar en el artículo 203 la referencia a la participación ciudadana y, por el contrario, consideró que la propuesta de la bancada republicana a esta norma -que considera esa participación y establece el derecho de las personas a interiorizarse de las decisiones administrativas que las afecten- tiene mayor espacio para llegar a una propuesta común.

Del mismo modo, valoraron la enmienda republicana en materia de educación ambiental para sumarla como complemento a la propuesta actual del anteproyecto.

En cuanto al deber del Estado de promover las fuentes de energía renovable (artículo 205), la bancada UDI presentó una enmienda que también suma a las energías no renovables, lo cual generó críticas desde las bancadas de Unidad para Chile.

El comisionado Flavio Quezada argumentó que es incomprensible que mientras en países como Estados Unidos se declara como inconstitucional la promoción de las energías no renovables, que son las que más contaminan y contribuyen a la urgencia climática; acá se retrocediese imponiendo al Estado este deber.

En este capítulo, además, se proponen normas para incluir que el Estado desarrolle una política minera orientada a su encadenamiento productivo, con protección ambiental y social (de los consejeros K. Araya, Bengoa, Littin, Márquez, Melín, Ormeño, Pardo, Valle, Viveros y Zúñiga), porque a juicio de sus autores, siendo Chile un país minero, es extraña la ausencia de esta materia en la Constitución.

Desde la contraparte, el consejero Carlos Recondo (UDI) consideró loable el propósito de agregar un valor agregado a la actividad minera, pero planteó su duda que esté en un mandato constitucional o que esto vaya -en la práctica- a generar un avance en esta materia.

Finalmente, las consejeras y consejeros abordaron el alcance de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que alcanzaron las firmas requeridas para ser debatidas por el Consejo Constitucional y destacaron el valor de la participación ciudadana en el Proceso Constitucional.

Dentro de las IPN, los integrantes de la instancia se refirieron a las iniciativas en el ámbito de la discapacidad, salud digna y oportuna, fortalecimiento de la educación pública, derecho a la vivienda, derechos sindicales y el resguardo a la propiedad de los fondos de pensiones.

 

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