Consejeros debaten derechos a la cultura, agua, vivienda e igualdad impositiva

Escuchar esta noticia

La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales avanzó en el debate de enmiendas de diversos derechos consagrados en la propuesta constitucional.

Derecho a la Cultura

En materia del derecho a la cultura, se expresaron voluntades similares de incorporar también la difusión de la cultura y del valor de incluirla en el texto.

Sobre esto, el consejero Miguel Littin (PS) recordó que las diversas constituciones del país siempre consideraron a la cultura como algo fundamental, pero nunca con la suficiente fuerza como se plantea en el anteproyecto. Además, añadió, falta que se establezca con qué elementos se sustenta su desarrollo económico. “Sin financiamiento toda la cultura se queda en buenas palabras”.

Respecto de las enmiendas a este derecho, se plantearon algunas diferencias sobre la conveniencia de incorporar la frase que “no sean contrarias a la moral, el orden público o la seguridad del país”, propuesta de la bancada republicana.

La consejera Ninoska Payauna (PRep) sostuvo que es razonable anteponer estos límites ya que se ha visto cómo, bajo el amparo de manifestaciones culturales, se realizan “actos que constituyen verdaderas ofensas al pudor o que ofenden a un sector de la población”.

Para la consejera Paloma Zúñiga (RD) esto va más allá de casos particulares que -según dijo- no comparte, sino «la duda está en quién define qué es lo moral en la cultura; quién define qué es inmoral o qué no es inmoral”.

Sobre el punto, el consejero Aldo Valle (Ind-PS) manifestó su preocupación a dar pie a que exista “una cultura oficial permitida, que contradice la mejor tradición de una sociedad libre”. Agregó que no se puede limitar al Estado en su acción positiva de la cultura, “pero que sí puede censurar, cancelar, por mandato constitucional”.

Derecho al agua y el saneamiento

La comisión también abordó el debate sobre el derecho al agua. En este literal las enmiendas se encaminan en general en la misma línea, por lo que se evidenció el espacio para integrarlas en una redacción común que se haga cargo de la problemática que afecta a este recurso.

De esta manera, por una parte, está el objetivo de priorizar el cuidado del ciclo del agua, tal como lo explicó la consejera Nancy Márquez (CS).

A su vez, el consejero Sebastián Figueroa (PRep) destacó que, a partir de las opiniones de expertos, es clave promover el deber del Estado en materia de seguridad hídrica y asegurar este derecho a las generaciones presentes y futuras.

Derecho a la vivienda adecuada

En relación a la norma que consagra el derecho a la vivienda «adecuada», un punto de debate estuvo en la propuesta presentada por las y los consejeros Figueroa, Mac-Lean, Medina, Ossandón y Payauna de eximir del pago de contribuciones o impuesto territorial a la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia.

El consejero republicano Jorge Ossandón aseguró que la Constitución y el anteproyecto reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la vivienda no puede entenderse fuera de ese contexto familiar. En ese sentido, reiteró que materializar este derecho se ve en riesgo si es el Estado quien puede vulnerarlo por el no pago de un impuesto.

«La vivienda es para vivir, para hacer hogar. La vivienda es adquirida con esfuerzo y con recursos que ya pagaron impuestos y lo más probable es que cuando sean vendidas volverán a pagar impuestos (…) No puede estar sujeta a un arriendo permanente». Ante la crítica que esta norma beneficia solo a las personas de más recursos, enfatizó que en este impuesto el ingreso de las personas es irrelevante, ya que se calcula sobre el avalúo de la propiedad.

La comisionada Alejandra Krauss (DC), por su parte, señaló que entiende la fundamentación y comparte la importancia de no verse expuesto a perder su vivienda por el no pago de contribuciones. Pero, a su parecer, surge la inquietud de por qué esto debe ir por el camino constitucional y no por la vía legal de una política pública.

A su vez, la consejera Karen Araya afirmó que es una medida que “sólo beneficia a los más ricos de la sociedad” y criticó que eliminar esta vía de ingreso fiscal pone en riesgo la correcta implementación de otros derechos. Recalcó que sería “irresponsable” incluir una regla de esta naturaleza sin disponer una forma de sustituir esa recaudación y que esto sería contrario al principio de responsabilidad fiscal.

Sebastián Figueroa rechazó que se usen calificativos como correcto o irresponsable y defendió el derecho que tienen como consejeros de presentar enmiendas que son parte de una convicción clara: el derecho a la vivienda no puede estar en riesgo por un impuesto que, reitera, consideran injusto.

Igual repartición de tributos

En un último punto del debate se abordó el literal referido al derecho a «la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión y la igual repartición y proporcionalidad de las demás
cargas públicas legales».

Para el consejero de la UDI, Arturo Phllips, las enmiendas presentadas buscan dar eficacia a esta garantía constitucional y hacer realidad la idea que no existan impuestos injustos.

En contraposición, el comisionado Alexis Cortes (PC) remarcó que estas no contribuirían a generar un beneficio del interés general y que debilitan la musculatura del Estado para garantizar el Estado Social y Democrático de Derechos.