Consejeros confrontan posiciones en materia de seguridad social

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La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales abordó el debate sobre las normas y enmiendas referidas a la seguridad social, contenidas en el artículo 16 del Anteproyecto de nueva Constitución.

El texto regula que en materia de seguridad social el «Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias».

Asimismo, que «los recursos con que se financie la seguridad social solo podrán destinarse al financiamiento y administración de sus prestaciones».

El respecto se ingresaron enmiendas orientadas a respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad.

Para la consejera Pilar Cuevas (RN) las enmiendas presentadas en conjunto por RN,UDI y Evópoli, recogen lo sucedido en el Proceso Constitucional, las iniciativas populares de normas y muchas encuestas que indican que «los trabajadores quieren hoy que los fondos acumulados sean de su propiedad y sean heredables».

Agregó que «es de todo derecho que el esfuerzo de toda una vida en el sistema pueda ser heredable a los hijos, porque el sistema de capitalización individual, que por mucho tiempo no se entendía, cuando hubo problemas económicos y se definieron algunos retiros, la ciudadanía entera entendió que son de su propiedad y que sí son tangibles».

A su vez, el consejero Jorge Ossandón (PRep) dijo que cuando se habla del derecho de propiedad y que este no existe porque las pensiones no se pueden disponer, hay que recordar que este derecho en la legislación civil está sujeto a modalidades como son las condiciones y plazo, que implican que ciertas cosas están destinadas a fines determinados y en el caso de las pensiones están destinadas a las jubilaciones.

Desde la otra vereda, la comisionada Alejandra Krauss manifestó que el texto se refiere a la seguridad social, pero que ante toda la argumentación de las enmiendas de Chile Vamos, «parece ser que nos importara solo el sistema de pensiones».

Alertó que la redacción propuesta en las enmiendas afecta otros seguros propios de la seguridad social como el seguro de cesantía y la ley de accidentes del trabajo. Así, planteó que en dichos términos se acabaría el sistema que regula el seguro de cesantía, porque este es administrado por un organismo que se licita. «Vale decir, ningún trabajador cotizante elige quién le administra sus cotizaciones».

Puntualizó que esto no es porque se quiera constreñir la libertad de las personas, sino porque el sistema ha ido entregando elementos que le han permitido al legislador hacer más eficientes las políticas públicas.

Constitucionalización de las AFP

Respecto de las críticas que se busca constitucionalizar el sistema de AFP, el consejero Arturo Phillips (UDI) afirmó que «la verdad es que me gustaría desmentir aquello. Acá lo único que se busca es dar garantía a los ciudadanos sobre la capitalización individual, no la administración de las AFP».

Consultó -en el marco de la honestidad del debate- «en qué parte de las enmiendas ven ustedes una defensa a las AFP (…) Hoy en día es innegable que hay una desconfianza por parte de la ciudadanía de la clase política y hay desconfianza de la ciudadanía de lo que pueda ocurrir con sus ahorros previsionales».

En el mismo sentido, el consejero Ossandón aseguró que «nosotros no estamos validando las AFP; simplemente estamos tratando de asegurar la propiedad de las cotizaciones. Siempre hemos dejado abierto a que existan otras modalidades, pero siempre respetando estos principios que están en esta enmienda”.

Para el consejero Aldo Valle (Ind-PS) es obvio que en los últimos años ha faltado colectivamente la capacidad de llegar a acuerdos. Recordó que en los últimos tres gobiernos se han presentado proyectos que consideran un componente de solidaridad y que debiera considerarse que esos proyectos, a la luz de las enmiendas, serían inconstitucionales.

«Llevamos 40 años o más con este sistema y lo cierto es que los resultados no son buenos. Para un porcentaje muy importante de la población los resultados no han sido buenos». Por ello llamó a buscar cómo la Constitución establece un sistema que de lugar a un carácter mixto, que garantice ciertamente que los fondos solo podrán destinarse al financiamiento y administración de las prestaciones previsionales y de seguridad social, cuya estructura estará determinado por la ley. «Hay razones atendibles de uno y otro lado», concluyó.