Avanza consenso en el aseguramiento de la educación preescolar

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En la jornada de trabajo de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se revisaron y debatieron enmiendas y literales referidos a los derechos a la salud y educación, regulados en el artículo 16 del anteproyecto presentado por la Comisión Experta.

En materia de educación, los consejeros de diferentes bancadas manifestaron su disposición a lograr una redacción consensuada respecto del deber del Estado de promover la educación parvularia.

En primer término, la consejera Ninoska Payauna, desde la bancada republicana, explicó el contenido de la enmienda 134 que propone que el Estado debe financiar y coordinar “un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a la educación preescolar y a sus niveles superiores a partir de los dos años de edad…”.

Al respecto, el también consejero republicano, Sebastián Figueroa, acotó que existe el ánimo y disposición para conversar una redacción de unidad de propósito con el resto de las y los consejeros, en la que se incorporen otros elementos como la educación inicial desde Sala cuna, tal como lo propone la Iniciativa Popular de Norma N°10.163.

A su vez, la consejera Pilar Cuevas (RN) indicó que su sector presentó una enmienda referida al acceso universal a Sala cuna en las normas referidas al derecho al trabajo. Pero que, revisando la propuesta de la IPN, sobre que sea un derecho de todas las mujeres, están en disposición de debatirlo e incorporarlo en el derecho a la educación.

El comisionado Flavio Quezada, por su parte, planteó como duda que la actual redacción de la enmienda restringe la cobertura, cuando existe un consenso a nivel país respecto de garantizar la educación a todos los niños y niñas, incluso desde la Sala cuna.

Finalmente, el consejero Aldo Valle (Ind-PS), también manifestó la disposición a alcanzar una redacción consensuada, porque “fortalecer la Sala cuna es un avance, sin duda, para el país”.

Otro punto de debate fue la enmienda, al mismo artículo 16, presentada por consejeros de la UDI, que elimina del anteproyecto la frase: “La Educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación y los demás que disponga la ley”. El consejero Carlos Recondo (UDI) precisó que los principios son importantes, pero también que se definan, ya que pueden tener efectos de interpretación legal al momento de reclamar este derecho. Asimismo, recordó que la Ley general de Educación define y consagra 12 principios y que «eso nos parece mucho más clarificador”.

En contraposición, la consejera Karen Araya (PC) considera vitales que los principios establecidos estén incorporados en el texto constitucional, porque “no son caprichosos sino que son estándares internacionales que reflejan la aspiración global de la educación inclusiva, equitativa, y suprimirlos, por supuesto, sería un retroceso”.

Derecho a la salud

En esta jornada, la comisión concluyó la revisión de las enmiendas presentadas sobre derecho a la salud, en particular las referidas al establecimiento de un plan universal para la cobertura de las prestaciones de salud, contenido en sendas enmiendas de RN y de la UDI (ver nota relacionada).

En la oportunidad se insistió con garantizar la libertad de escoger los prestadores públicos o privados. Pilar Cuevas recalcó que no se “puede estar obligado a cotizar y no tener libertad de elegir” y que este plan es “el desde” para todos.

Para la consejera Paloma Zúñiga (RD), el tema de interés debiera ser como el Estado avanza en mejorar el sistema público, por ejemplo, teniendo a la vista lo que ocurre hoy con las listas de espera.

La comisionada Bettina Horst (UDI) afirmó que acá «no es público contra lo privado”. Agregó que se busca que exista un acceso universal al aseguramiento de las prestaciones y que no se deba esperar que el Estado se haga cargo o derive, sino que puedas elegir dónde recibir esa atención. Y, añadió, eso es compatible con que el Estado pueda fortalecer su red estatal.

Sobre las diferencias que existen en este punto, el comisionado Flavio Quezada sostuvo su preocupación. Dijo que no se debe excluir a quienes piensan distinto y por esa vía que todas las otras ideas sobre sistemas de salud terminen siendo inconstitucionales. “Eso no es normal en democracia”.