Sistema Político analiza profesionalización de funcionarios públicos y rol de las FF.AA.
Escuchar esta noticiaProfesionalizar las carreras de los funcionarios del Estado, en diferentes niveles, fue el contenido medular de las exposiciones que se realizaron en una nueva ronda de audiencias públicas ante la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional.
El dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), Cristián Acevedo, instó a los consejeros a incluir un artículo que garantice constitucionalmente la existencia de la carrera funcionaria.
“Eso permitirá crear empleos, fijar remuneraciones y evitar la pérdida de eficiencia y eficacia del Estado que se produce con cada cambio de gobierno comunal, porque se pierden funcionarios y con ellos distintas experiencias y capacidades”, explicó.
La misma solicitud realizó César Messina, de la Asociación de Funcionarios Municipales de Los Ríos, quien aseguró que se necesita una defensa y promoción de la carrera funcionaria a nivel constitucional.
“Esto es imprescindible, pues garantiza la igualdad de oportunidades, dignidad, capacitación, ascenso, estabilidad y objetividad de las calificaciones en función del mérito y la objetividad”, dijo el dirigente, quien consideró que al no quedar consignado en la Constitución será “una transgresión”.
«No más discrecionalidad»
En una línea similar, pero orientada a los funcionarios que se desempeñan fuera del país, el presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Fernando Guzmán, solicitó eliminar la discrecionalidad a la hora de nombrar embajadores.
“Esto no es un asunto gremial, sino el interés de Chile en el exterior, y significa una desventaja ante otros países que cuentan con misiones diplomáticas profesionales”, explicó.
En el caso de que la Constitución contemple el nombramiento de embajadores a discreción del Presidente de la República, solicitó que no sean más de ocho. “La diplomacia es una cuestión de Estado y las carreras se truncan con cada cambio de gobierno”, lamentó.
En tanto, el abogado y ex funcionario del Consejo Para la Transparencia, Enrique Rajevic, señaló que actualmente “no tenemos un sistema donde el mérito sea el que impera al momento de acceder a la función pública”.
Por ello, conminó a los consejeros a incluir este tema, ya que según él, posibilita “garantizar la separación entre funciones de gobierno y administración, acceso igualitario al empleo público y reconocer los derechos colectivos de los servidores que se desempeñan en el Estado”.
Nuevo órgano fiscalizador
La fiscalización y el resguardo de los recursos públicos fue otra de las temáticas que se abordó durante la jornada.
El ingeniero comercial, César Correa, realizó una exposición sobre la necesidad de hacer cambios en este sentido. “La Contraloría no puede ser un mero observador. Los controles han fallado y se debe crear otro órgano que audite y que tenga otros niveles de independencia”, advirtió el profesional.
En esa línea, subrayó que este nuevo organismo debiera tener un perfil más parecido al que tiene el Banco Central y que esté habilitado para auditar a todos los organismos públicos, incluida la Contraloría y las municipalidades.
El papel de los uniformados
El rol de las Fuerzas Armadas y su subordinación, entre otros temas, fue lo que acaparó el interés de los consejeros y expertos que participaron en la sesión vespertina de la comisión.
Ello luego de que Augusto Varas, de la Fundación Equitas, y Felipe Agüero, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, expusieran al respecto.
“La nueva Constitución no debe tener un capítulo exclusivo relacionado con las Fuerzas Armadas, dado que no son un poder público ni autónomo”, comentó Varas, quien recalcó que “internamente su labor debe ser mínima y estar limitada a estados de excepción”.
Asimismo, sostuvo que el Poder Legislativo deberá supervisar y aprobar el presupuesto de defensa y el uso de los gastos reservados. “Además deberá supervisar los contenidos de educación militar y la adecuación a normas nacionales e internacionales en temas vinculados a derechos humanos junto con asegurar integración de la mujer”.
Agüero, en tanto, indicó que la nueva Carta Fundamental deberá establecer de manera explícita la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
“La jefatura del Presidente sobre las ramas castrenses no debiera quedar circunscrita a los tiempos de guerra, porque él es el conductor de la defensa nacional con la colaboración del ministerio respectivo”, precisó el investigador.
En cuanto al Servicio Militar, expresó que se debe “buscar un mecanismo que combine un servicio profesional, pero también un contingente amplio a través de la realización de una lotería”.
La opinión fue compartida por Varas, quien destacó que el contingente, que cumplidos los 18 años ingrese al Ejército, podría prestar labores de apoyo durante las catástrofes. Lo que no consideró adecuado, fue la incorporación de los uniformados a la protección de la infraestructura crítica.
“Eso es producto de una coyuntura muy específica, debido a la crisis institucional de Carabineros. Entonces, contaminar el orden constitucional así no corresponde. Las Fuerzas Armadas no deberían estar a cargo de la infraestructura crítica”, recalcó.
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